Diana Lenton es
antropóloga y especialista en genocidio y políticas indígenas.
Desde Enredando las Mañanas conversamos con ella acerca del
histórico conflicto en torno al territorio de las comunidades mapuce
que tomó relevancia en los últimos meses ante la desaparición
forzada de Santiago Maldonado.
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El conflicto por
el territorio originario de las comunidades mapuce en relación con
el Estado argentino (y podríamos agregar chileno) es un conflicto
que no empezó hace dos meses con la represión ordenada por Noceti y
ejecutada por Gendarmería Nacional que devino en la desaparición
forzada de Santiago Maldonado en manos de la fuerza pública. Todo lo
contrario, la historia nos demuestra que la configuración del Estado
Nación desde el Siglo XIX ha ido cercenando territorios ancestrales
a todas las comunidades comprendidas en los límites establecidos que
conforman nuestro país, desplegando una marcada política genocida.
Es un conflicto
que tiene larga data, y que recién ahora “es la noticia del día
para muchos medios” reflexiona Diana Lenton, antropóloga
especialista en genocidio y políticas indígenas, y continúa
“tantas cosas que se dicen, parece que cualquier cosa es válida,
los comentarios, las noticias, cualquier cosa se puede retorcer
argumentativamente para que los mapuches sean los responsables. Un
poco es la operación de revictimizar a las víctimas, olvidándose
de que los mapuches vienen de un conflicto en el que son las
víctimas.” Es que, argumenta Diana, estamos en un proceso donde se
está ejecutando “toda una operación mediática y política del
gobierno en esa dirección también”.
De acuerdo con
este argumento, Diana continua su análisis: “venimos sosteniendo
que las campañas del desierto significaron un genocidio para los
pueblos originarios, también sostenemos que es un genocidio que
todavía continúa, en el sentido de que no hubo un corte, no hubo
ninguna gestión de gobierno que haya tenido la voluntad política de
cortar con ese genocidio, sino que sigue existiendo un proceso
genocida.”
De esta manera,
sostiene que los pueblos originarios están en “la mira de una
política extractiva” de sus territorios, de su fuerza de trabajo.
Siendo que ellos “defienden el territorio y la forma de vivir en el
territorio, no solamente por el hecho de ser propietario, sino por la
posibilidad de que en ese territorio se puede vivir de acuerdo con
sus formas de vida, que implica toda la vida y todas las fuerzas
naturales, como también religioso”. Para implementarse, este
modelo extractivo necesitó construir un paradigma del otro
diferente, que imponga como cierta una manera de mirarlo, pensarlo,
juzgarlo, siendo esto parte constitutiva “del individualismo, de
este ataque a la solidaridad, a los lazos sociales, a cualquier
búsqueda de justicia”, sostiene Diana.
Es así que, a
través del proceso histórico, se fue construyendo discursivamente
una manera de ser indígena como alguien inferior a ser explotado:
“como mano de obra, como productor de bienes y de servicios, ni
hablar con todo lo que tiene que ver con el género, con la violencia
de género, las violaciones” desde la época de la conquista, hasta
en el siglo XIX que se convierte en racismo, el cual expresa Diana
“no es solo el desprecio por el otro sino que se articula con toda
una ideología que tiene que justificar eso científicamente, que
justifica por qué el otro puede ser maltratado, exterminado,
perseguido, exiliado, etc.”
En Argentina
todas estas teorías seudo-científicas se articularon, en el caso
Mapuce, con la idea de “extranjeridad”, una teoría que viene de
la víspera de la campaña al desierto y que se utilizó como
justificación de la misma. En esta línea, Diana argumenta que: “la
idea de que la campaña al desierto se legitima como si fuera una
guerra más de la independencia o de defensa de las fronteras, porque
en realidad los mapuches serían chilenos. Y luego, ahora no
solamente se trata de personas inferiores, haraganes, refractarios a
la civilización como se decía en el siglo XIX, además son
extranjeros y encima son setentistas”.
Diana atribuye
estos sentidos actuales al accionar de los medios masivos de
comunicación, que en su mayoría en sintonía con el gobierno
nacional, direccionan y construyen una mirada dicotómica, una
“vuelta a la teoría de los dos demonios”, entre quienes reclaman
por Santiago Maldonado que son tildados de “K” y “previenen al
‘ciudadano honesto’ de que detrás del reclamo por el territorio
puede estar la violencia de los setenta, cuando en realidad la
violencia de los 70 está bajando por parte del Estado” ya que
sostiene que “estamos asistiendo a la creación de discursos que
justifican la violencia por parte de cualquier fuerza militarizada
contra las personas que protestan en plaza de mayo, contra cualquier
persona que quiera reclamar algo”.
Continua su
argumento: “Sin embargo, parece que en algún lugar de lo
discursivo termina siendo eficaz un argumento que es tan ridículo.
Existe ese deseo de que el otro desaparezca. Y esa generación del
deseo de que el otro desaparezca porque es distinto y nos esta
haciendo daño, es lo que justifica el genocidio, es la primera
acción para poder posibilitar ese genocidio. Por eso se habla de la
instancia de realización simbólica de genocidio en el sentido que
perduran las condiciones, que son estas condiciones discursivas,
cuando el otro está convertido en el chivo emisario, y también las
condiciones materiales, que tienen que ver con la reducción del otro
en estado de pobreza, que lo hace mas vulnerable”.
Este es un
proceso que viene de antaño, no sólo en la Patagonia con las
campañas al desierto del siglo XIX, sino mucho más cercanas, en el
norte argentino con la masacre de los Pilagá en 1947, el caso de
Agustín Santillán que sigue preso por la causa Wichí, Facundo
Jones Huala también preso, Félix Díaz, referente Qom, entre otros
representantes indígenas que nos recuerda Diana en sus reflexiones,
sosteniendo que “toda la política indígena está judicializada
(…)Todos han pasado por la cárcel en algún momento o han tenido
procesos judiciales con amenazas concretas de ir a la cárcel, y
además están todos judicializados, en el sentido de que la mayoría
de ellos tienen que presentarse en la comisaría cada quince días
para firmar, para demostrar que no se fue del país”.
Desde este tipo
de acoso judicial que es utilizado por el Estado para controlar y
dificultar la vida de las comunidades indígenas, hasta la otra cara
de la moneda, que es “la falta de acceso a la justicia, cuando
ellos son víctimas de hechos que quieren denunciar.” De esta
manera, Diana reflexiona que resulta “muy evidente la desigualdad,
la justicia no es ciega ni es pareja, y esto es parte de que esta
cuestión de la construcción del otro como algo que tiene que ser
destruido, tiene un efecto concreto.”
Dicho esto en un
contexto en el cual se prorrogó el tratamiento de la Ley N° 26.160
que contempla la emergencia de la propiedad de las tierras
ancestrales indígenas, prorrogada por considerar que el tema está
muy “politizado”. Por consiguiente, pareciera aún más evidente
que las comunidades indígenas se encuentran relegadas bajo un
paradigma discursivo oficial que las representa como “un grupo que
no puede ser tolerado porque ese grupo altera la paz social, nos
impide desarrollarnos, nos impide tener dominio del territorio, nos
impide tener un país moderno, impiden el cambio y por lo tanto deben
ser borrados del mapa”, reflexiona Diana.
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Fuente:
Diana Lenton: “Sigue existiendo un proceso genocida”, 22/10/17, Red Nacional de Medios Alternativos. Consultado 24/10/17.
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