Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, lo adelantó en una entrevista en Radio Nacional y estaba en la zona durante el operativo de Gendarmería investigado por la desaparición del joven. Qué se sabe y qué no del caso que conmueve al país.
por Rafael
Saralegui
Pablo Noceti,
jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, lo adelantó en una entrevista
en Radio Nacional y estaba en la zona durante el operativo de
Gendarmería investigado por la desaparición del joven. Qué se sabe
y qué no del caso que conmueve al país.
ESQUEL-EL
BOLSÓN/CHUBUT-RÍO NEGRO (enviado especial).-
Todo es por la
tierra. Por lo que tiene arriba y por lo que puede guardar abajo:
oro, plata, litio, petróleo o gas.
La desaparición
de Santiago Maldonado esconde una trama mucho más compleja de lo que
aparece a simple vista, en la que confluyen intereses económicos de
grupos extranjeros, convertidos en los más grandes latifundistas del
país; reclamos ancestrales de los pueblos originarios, alianzas
políticas impensadas, operaciones de prensa, operaciones políticas,
amenazas, aprietes, espías, policías, gendarmes y protagonistas del
Poder Judicial que se encuentran tironeados por sus propias
convicciones y las ambiciones personales. Todos estos elementos deben
ser considerados al momento de preguntarse: ¿dónde está Santiago
Maldonado?
Y para buscar una
respuesta hay que volver a los últimos momentos en los que fue visto
con vida el joven tatuador, en la comunidad Pu Lof en Resistencia del
departamento Cushamen, en el norte de la provincia de Chubut, a unos
80 kilómetros de la ciudad de Esquel, donde están radicadas las
causas judiciales que hoy tienen en vilo a buena parte de la sociedad
y que preocupan cada vez más al Gobierno nacional por las
imprevisibles reacciones. El presidente de la Nación, Mauricio
Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, fueron imputados por encubrimiento por el fiscal
federal porteño Federico Delgado por las conductas desplegadas ante
la desaparición forzada de Maldonado. “Los denunciantes destacaron
la existencia de un ‘pacto de silencio’ de las autoridades
estatales y por eso denuncian el encubrimiento de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado”, sostuvo Delgado en su dictamen.
A las 14.52 hs
del 1° de agosto -el último día que Santiago fue visto vivo, según
los testigos- el defensor federal oficial de Esquel, Fernando
Machado, recibió un mensaje en su teléfono celular. Se lo enviaba
una militante de un organismo de derechos humanos de esta región
patagónica y le advertía que se estaba llevando adelante “una
feroz represión” de la Gendarmería Nacional en el predio ocupado
por los mapuches en una estancia del grupo Benetton, en el paraje
Leleque, por el que corre el río Chubut. Un día antes, el 31 de
julio, los mapuches habían cortado la ruta 40 para reclamar por la
liberación de Facundo Jones Huala, el lonko (líder de la
comunidad), detenido por un pedido de extradición de la Justicia de
Chile, donde se lo acusa de haber cometido supuestos delitos, como
provocar incendios y tenencia de armas. Los mapuches también
reclamaban para que fueran excarcelados otros compañeros que habían sido detenidos dos días antes en Bariloche, cuando protestaban por
el mismo motivo. Ese 31 fue un día de tensión en la ruta, que
finalmente fue desocupada durante la madrugada.
Cuando a las 16
hs el defensor oficial se levantó de la siesta -una práctica
saludable que trata de mantener todos los días-, respondió a la
llamada. Del otro lado, le dijeron: “La Gendarmería entró con
mucha violencia. A nosotros no nos dejan entrar. Tienen retenidos
como rehenes a mujeres y niños en el puesto de guardia de la Lof”.
Machado llamó
por teléfono a María Silvina Salvare, la secretaria letrada del
juez federal de Esquel, Guido Otranto. “No Fernando, está todo
tranquilo”, le respondió la mujer, cuando Machado refirió lo que
le habían contado desde el terreno. Otranto había ordenado a la
Gendarmería el desalojo de la ruta el día 31, aunque no envió a
nadie para supervisar cómo se llevaba adelante el operativo, como
suele hacerse en algunos casos. Pero no había ninguna orden firmada
para que el 1° de agosto los hombres de verde siguieran con el
desalojo de los mapuches. Y entonces, ¿quién dio la orden? ¿Fue
Pablo Noceti, el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich? Noceti estaba en la región desde el día 31 y no
de paseo, como dijo la funcionaria en su presentación ante la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado. La
familia sostiene que Santiago Maldonado apareció filmado en el corte
del 31, de acuerdo con un video que fue grabado por periodistas del
Canal 4 de Esquel y que fue aportado a la causa.
Machado no se
quedó conforme con la explicación de la secretaria Salvare, luego
de haber recibido otros mensajes desde el lugar en los que se
describía una situación de enorme tensión. La Gendarmería no
aceptaba dar explicaciones a los representantes de organismos de
derechos humanos, como a Julio Saquero, de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos (APDH) en la Comarca Andina, que habían llegado
hasta la tranquera de ingreso al predio. El defensor decidió subirse
a su coche y trasladarse hasta la comunidad mapuche. “Decile a la
Gendarmería que me deje pasar”, le pidió el defensor a la
secretaria del juez. Un pedido al menos llamativo (los gendarmes no
deberían impedir el paso de un funcionario del Poder Judicial), pero
que revela quién manda fuera del confort y la calefacción de los
despachos. Claro que hay un antecedente que explica esa prevención.
En enero último, durante otra violenta represión de la Gendarmería
y la policía provincial, un defensor oficial del Poder Judicial de
Chubut, Fernando Radziwilowsky, casi termina detenido. Le llegaron
hasta poner las esposas.
“Hablé con
Guido, dice que no tienen por qué no dejarte pasar”, contestó
Salvare, unos minutos más tarde. La ruta hacia la zona del conflicto
se encontraba en pésimo estado: pozos de diversos tamaños,
desniveles, falta de asfalto en algunos tramos y un camino de
montaña, con curvas, subidas y bajadas, no lo convierten en un paseo
placentero, pese a lo atractivo del paisaje. Machado llegó hasta la
tranquera de la Pu Lof, cerca de las 19 hs con las últimas luces del
día. Y se encontró con un verdadero caos.
Los mapuches y
los representantes de los organismos le contaron que al mediodía los
gendarmes habían ingresado a los tiros en el predio, después de
haber desalojado la ruta que había sido cortada nuevamente. Las
mujeres y los niños que viven en el lugar habían sido retenidos por
los gendarmes en la guardia de la Lof, un ranchito donde siempre hay
un fuego prendido, y donde los mapuches vigilan durante las 24 horas
para resistir a un posible desalojo desde que ingresaron al terreno
el 13 de marzo de 2015. La Gendarmería se fue del predio a media
tarde. Entonces los mapuches comenzaron a bajar de los lugares donde
se habían escondido para no ser alcanzados por las balas ni caer
detenidos. Ese anochecer, cobra cuerpo la pregunta que desde entonces
resuena como un lamento en casi todos los rincones del país: ¿dónde
está Santiago? Nadie lo encuentra en el campo. Y cuando comienzan a
hacer una reconstrucción de lo que pasó durante la irrupción de
los gendarmes, varios de los mapuches dicen haber visto cómo lo
subieron a un camión Iveco de la Gendarmería -al que llaman Unimog,
como a los viejos vehículos Mercedes que antes usaba el Ejército- y
luego lo pasan a una camioneta Amarok de la misma fuerza. Los relatos
son coincidentes en que Santiago no había podido sortear el río.
Porque no sabía nadar, porque estaba muy crecido, porque los
gendarmes disparaban desde arriba y pensó que lo podrían matar. No
se sabe con certeza. El mapuche Matías Santana declarará un mes más
tarde ante el juez Otranto que vio a tres gendarmes golpear a
Maldonado y subirlo en el camión, como si ya fuera un cuerpo inerte.
Esa misma noche,
los dirigentes de organismos de derechos humanos se trasladaron a
todas las comisarías de la región y a los destacamentos de la
Gendarmería para pedir que les informaran si tenían a algún
detenido en sus calabozos. En esos primeros momentos se decía que el
apellido de Santiago era Belloso o Peloso, que corresponde a su
madre. Ya al día siguiente sabían que se llamaba Maldonado.
“Te voy a
presentar un hábeas corpus”, le advirtió el 2 de agosto Machado a
la secretaria Salvare, la misma que le había dicho que todo estaba
tranquilo en la Lof, cuando la Gendarmería había salido a la caza
de algún mapuche. El defensor oficial presentó esa tarde el hábeas
corpus al juez Otranto. “El presente hábeas corpus por la
desaparición y/o detención ilegal se interpone contra Gendarmería
Nacional – Ministerio de Seguridad de la Nación Poder Ejecutivo
Nacional [art. 99 (1) C.N.]. Por ello solicito, se realicen todas las
diligencias necesarias a fin de cumplir con el objeto del presente:
conocer el paradero de SANTIAGO MALDONADO, a favor del cual se
interpone la presente acción, todo, en la audiencia prevista por ley
y sin perjuicio de la prueba que se aportará y ofrecerá”, dice el
texto.
La Comisión
Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, un
organismo que está a cargo de todos los archivos de espionaje de la
policía provincial durante la dictadura y que preside el Premio
Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también presenta un hábeas
corpus por el joven nacido en la ciudad bonaerense de 25 de Mayo.
Otros organismos también realizan presentaciones similares. Desde la
primera foja de la causa aparece acusada la Gendarmería. Los hábeas
corpus son acciones urgentes para evitar detenciones arbitrarias o
ilegales por parte del Estado, que se presentaban durante la
dictadura y que la mayor parte de los jueces ni se dignaba en
contestar.
Pese a la
gravedad de las denuncias, el juez Otranto recién convocó a una
audiencia por los hábeas corpus presentados por Santiago Maldonado
el viernes 4 de agosto. “La reunión fue un escándalo. La
Gendarmería no informó nada. Parecía una tomadura de pelo”, dijo
una testigo del encuentro. El juez pide a Gendarmería que informe el
personal y los vehículos que habían participado en el procedimiento
en la ruta y en el allanamiento sin orden en el predio ocupado (o
recuperado) por los mapuches el 1° de agosto.
“Los perros no
hablan castellano”, dice un funcionario judicial que participa en
una de las causas y está al tanto de las controversias. Lo que
quiere decir es que los perros no pueden ser instruidos para que
planten una pista falsa. El 5 de agosto se realiza en el terreno el
primer procedimiento con perros que siguen rastros, pertenecientes a
la Unidad Canina de Trevelin, una ONG formada por varios policías en
actividad que trabajan en Esquel, aunque viven en esa localidad
situada a 20 kilómetros. Los perros siguen el rastro de Santiago
hasta el río. Luego, la polémica: para el juez el rastro se perdía
en el agua y habría que haber rastrillado del lado de la otra
orilla. Según un comunicado de Otranto, “el perro adiestrado
siguió un rastro de manera insistente hacia el interior del río.
Los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen impidieron que la
búsqueda continuara del otro lado del río como sugería el personal
policial a partir del rastro que seguía el perro”. Para los
mapuches los perros volvían hasta las huellas del camión donde,
según los testigos, había sido trasladado Santiago después de
haber sido golpeado por tres gendarmes.
Para pasar en
limpio, un dato clave: los perros reconocían el olor de Santiago en
el terreno. Durante días, el Gobierno nacional se empeñó en
demostrar que el joven no había estado en el lugar. Ya había
entonces dos pruebas: los testimonios de los mapuches y el olfato de
los canes que marcaban la presencia de Maldonado en la zona del
conflicto. En esa búsqueda del 5 de agosto es cuando se encuentra
una gorra blanca que Santiago pierde en la desbandada. El hallazgo de
la gorra queda filmado en la cámara de uno de los guías de los
canes, dijo un funcionario judicial.
Según la fiscal
Silvina Avila, los mapuches no permitieron que se hiciera un
rastrillaje del otro lado del río porque es territorio sagrado. Esa
negativa no hizo más que alimentar la suspicacia y abonó la teoría
de quienes en Esquel sostienen que Maldonado había sido escondido
por los mapuches en el terreno, o llevado a Chile, donde vive desde
ese día en la clandestinidad, según las versiones más delirantes.
Desde entonces hubo innumerables pistas falsas que ubicaban a
Santiago en diferentes puntos del país. La más absurda fue la que
lo confundió con un payaso en la provincia de Entre Ríos. El
animador tuvo que salir a aclarar públicamente que el hombre que
aparecía en el video que mostraba TN era él. La más reciente fue
la de un matrimonio que dice haber llevado a Santiago el 22 de agosto
desde Esquel hacia la localidad de Tecka, en el centro de la
provincia de Chubut. Una versión que aún genera dudas.
El 16 de agosto,
el juez Otranto ordenó otro procedimiento en la Lof con efectivos de
la Prefectura Naval, de la Policía Federal, de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, perros adiestrados que llegaron desde
Santiago del Estero, buzos, drones y helicópteros, sin ningún
resultado. Santiago seguía sin aparecer. Los buzos también
revisaron la otra margen del río. Los perros ya no sirvieron de
nada: ningún rastro de una persona con vida permanece tanto tiempo
en el terreno. Pero no todo fue en vano: se encontró un collar que
pertenecía a Santiago a 100 metros de donde se había encontrado la
gorra el sábado 5 de agosto.
El tiempo pasaba
y el juez no tenía la respuesta: ¿dónde está Santiago? Luego
Otranto ordenó el secreto de sumario durante 20 días y cuando se
levantó, el lunes 4 de septiembre, la causa seguía igual de
empantanada. No es que se aprovechó ese lapso para avanzar en la
investigación y se impuso una restricción al expediente para que no
se frustrara alguna medida en curso. Nada de eso.
Santiago
Maldonado pasó la última noche en la comunidad mapuche, según los
testigos, en el puesto de guardia situado a metros de la alambrada
que corre al borde de la ruta 40. En la noche del 31 compartió arroz
con leche y tortas fritas con los integrantes de la comunidad con
quienes había participado del corte de la carretera. Él estaba de
guardia cuando los gendarmes llegaron a las 4 de la madrugada y
comenzaron a hostigarlos a los gritos y enfocarlos con potentes
reflectores. La mano venía pesada otra vez. Y aunque los mapuches
habían resuelto levantar el corte el día anterior, había dudas
sobre cómo proceder ese trágico 1° de agosto.
Tortas fritas
La cacerola está
tiznada de tantas horas al fuego. El aceite que burbujea en su
interior cocina unas tortas fritas, que terminan de enfriarse en una
caja de cartón. El mate se renueva una y otra vez con el agua
caliente que sale de una pava del mismo color que la olla. Ya es la
tarde y debajo de un pequeño techo de chapas un gallo canta a
deshoras. Es el mismo puesto de guardia donde Santiago Maldonado pasó
la última noche que estuvo en el terreno de la comunidad mapuche de
Cushamen. Uno de los miembros de la comunidad con la cara cubierta y
unos borcegos desatados es el responsable de cocinar las tortas
fritas, mientras un resto de tira de asado se enfría en la parrilla.
Un poco más tarde no quedará nada en este lugar donde la comida no
abunda.
Un matrimonio que
llegó desde Puerto Madryn para apoyar a la comunidad llevó una
enorme bolsa de consorcio con ropa para donar. Uno de los chicos se
prueba un pantalón y da saltos de alegría aunque es evidente que le
queda muy grande. En la comunidad viven varias familias. Son ranchos
precarios hechos con maderas y barro. Es difícil imaginarse cómo
soportar el frío en estos parajes, donde hubo tormentas, meses
atrás, que acumularon hasta un metro de nieve.
Uno de los
miembros de la comunidad accede a hablar, pero sin dar su nombre.
Pide que se lo identifique como vocero NN. “El 31 Santiago estaba
bien. Es un chamuyo que estaba herido. Estaba en perfectas
condiciones. Estaba con más adrenalina que todos nosotros, como que
estaba más despierto. Llegó a la Lof el 31 a la mañana para
solidarizarse por la detención de nuestro lonko, Facundo Jones
Huala, y por el arresto de los compañeros en Bariloche”, explicó.
Durante varias semanas el Gobierno nacional sostuvo la versión,
impulsada por la Gendarmería, que sostenía que Santiago había
resultado herido de una puñalada durante el ataque de un grupo de
integrantes de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) al puestero
Evaristo Jones, que trabaja en una de las estancias de los Benetton.
Jones, que es pariente lejano del lonko Jones Huala, fue cambiando su
versión varias veces: en la policía dijo que había lesionado a uno
de los atacantes. Pero luego dijo que fue un corte superficial,
quizás al advertir que podría terminar acusado de homicidio. De
todos modos, esa hipótesis fue descartada oficialmente por el juez
Otranto, al informar que los rastros de sangre encontrados en la
camisa de Evaristo Jones no eran de Maldonado, según lo determinó un peritaje de ADN realizado por expertos del Servicio de Huellas
Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
El vocero mapuche
explicó que el corte del 31 era parcial, que primero retenían a los
camiones unas dos horas y que luego los dejaban seguir después de 20
minutos de demora. La Gendarmería llegó a la zona a las 17 horas.
“Cuando nos vamos acercando bajan diez de un camión y nos empiezan
a disparar. Nosotros respondemos con piedras que les tiramos con
ondas de revoleo y se van. Un rato más tarde nos dicen que nos dan
dos horas para desalojar la ruta. Decidimos retirarnos y nos vamos
para la guardia. Nos hacemos un arroz con leche. Santiago estaba con
nosotros y esa noche duerme acá en la guardia”, explicó el
militante mapuche.
A las 4.30 del 1°
de agosto vuelve a aparecer el contingente de la Gendarmería, aunque
a esa hora la ruta ya estaba desalojada. “Santiago era el que
estaba en ese momento de guardia. Nos despierta y nos avisa que los
gendarmes se habían ubicado en el cruce de las rutas 40 y 70, no muy
lejos de acá. En un momento nos empiezan a disparar. Había nenes
durmiendo. Después de los disparos se van. Poco antes del mediodía,
decidimos volver a cortar la ruta”, recordó.
Unas horas antes,
los mapuches que estaban en el predio consiguen hablar con Soraya
Maicoño, una de las voceras de la comunidad, para que fuera ella y
una compañera hasta el campo para enterarse de lo que estaba pasando
y denunciarlo a los organismos de derechos humanos, que actúan con
sus abogados en apoyo de los miembros de la comunidad. Pero Soraya no
pudo viajar hasta Esquel, al ser retenida en la ruta durante seis
horas junto a Neri Garay, la compañera que manejaba el coche. Ellas
dos dirán un mes más tarde, ante el juez Otranto, que mientras
estaban retenidas hablaron con Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de
Bullrich, quien se presentó como funcionario del Ministerio de
Seguridad. “Nos dijo que nos podían tener hasta seis horas
retenidas. Nos sacaron los documentos y los teléfonos. Nos
mantuvieron incomunicadas”, relató Neri.
Al mediodía
recrudece el enfrentamiento. “Eran como 100 tipos. Nos empiezan a
tirar con todo. Decidimos replegarnos hacia adentro del territorio
pensando que así iban a parar. Venían con un camión, abren la
tranquera y se meten. Retrocedemos hasta la guardia y desde allí
vamos hasta el río. Santiago corre y después vuelve hasta la
guardia a buscar su mochila y su campera. Después todos corremos
hasta el río para cruzar. Los gendarmes seguían tirando con piedras
y con plomos. Creo que Santiago se abatató y se quedó escondido
entre los árboles que están en la orilla. Se metió en el agua y
después vuelve para atrás. Después pudimos reconstruir que lo
habían cargado en el camión y que hacen el traspaso en la ruta a
una camioneta. Forman una fila de gendarmes para que no se pudiera
ver”, recordó el vocero. Un mes después, el mapuche Matías
Santana declarará que tres gendarmes golpearon a Santiago y lo
subieron al camión.
“Santiago es
detenido entre las 13 y las 13.30 y a esa hora Noceti estaba en la
zona. El viene a eso de las dos y se pone a saludar en el lugar donde
nos tenían retenidas. Nosotras no sabíamos entonces quién era.
Después lo reconocimos por las fotos”, señaló a Chequeado Soraya
antes de declarar ante el juez Otranto. “Cuando nos vamos de la Lof
habíamos acordado que íbamos a ir hasta el pueblo para avisar. Y
entonces nos detienen en la ruta. Aparece este hombre y me dice que
es funcionario del Ministerio y que nos podían tener retenidas hasta
seis horas en el lugar. Después supimos que trabajaba con la
Bullrich”, contó Neri.
“Vuelve a pasar
tipo cinco o seis de la tarde. Estuvo claramente dirigiendo el
operativo. Saludó a cada uno de los gendarmes. Estaba ahí mientras
las camionetas pasaban de un lado a otro. Él lo supo desde un primer
momento”, aseguró la vocera de la comunidad mapuche.
Noceti estaba en
la región, pero no de paseo. Encabezó una reunión que se realizó
en Bariloche el 31 de julio, con la presencia de jefes de las
policías de Río Negro, de Chubut y Gendarmería para coordinar
acciones conjuntas en contra de la RAM, según lo admitió el
ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, durante la
interpelación en la Legislatura provincial que se llevó adelante el
martes 5 de septiembre. Y el 1° de agosto estaba en la ruta cuando
se llevaba adelante el procedimiento de la Gendarmería que concluye
con la desaparición de Santiago.
El Ministerio de
Seguridad de la Nación no quiso hacer comentarios cuando Chequeado
le preguntó por una explicación oficial sobre la presencia de
Noceti en la zona del conflicto. Noceti fue profético: en una
entrevista que dio a Radio Nacional Esquel el 31 de julio informó
que había participado de esa reunión con las fuerzas de seguridad y
que detendrían a los integrantes de la RAM. “Hemos decidido armar
un sistema de coordinación entre todas las fuerzas federales y las
fuerzas provinciales tanto de Río Negro como de Chubut a fin de
empezar a trabajar coordinadamente para empezar a tomar intervención
y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan
delitos en la vía pública y en flagrancia”, dijo Noceti. El
funcionario responsabilizó a la RAM por diversos hechos de sabotajes
y “atentados”.
Al día siguiente
se produjo la intervención de la Gendarmería en la comunidad
mapuche y la desaparición de Santiago.
La causa de los
siete
La pelea entre
los mapuches que ocuparon las tierras en una de las estancias de
Benetton y las fuerzas de seguridad no son nuevas. El 9 de enero, el
juez Otranto había ordenado un operativo para desalojar las vías
cortadas por los mapuches de la famosa “La Trochita”, el tren
turístico que corre por la zona. El operativo fue llevado adelante
por la Gendarmería y los mapuches denunciaron que, además de
despejar las vías, les quemaron las carpas y destruyeron sus cosas.
Al día siguiente un grupo de vecinos de El Bolsón se acercó hasta
la comunidad para ofrecer su ayuda a los mapuches, pero lo que
parecía una muestra activa de solidaridad se convirtió en una
situación de peligro extremo cuando los efectivos de la policía
provincial llegaron hasta el lugar tras una denuncia de los empleados
de Benetton. Hubo disparos a las camionetas de los vecinos y siete detenidos.
El martes 5 de
septiembre, caía el sol en la plaza principal de El Bolsón, donde
tres veces a la semana funciona la feria artesanal. Un grupo se ha
reunido en asamblea para debatir lo ocurrido durante la marcha del
viernes 1° al cumplirse un mes de la desaparición de Santiago,
cuando unas cinco mil personas marcharon por las calles del pueblo
para pedir por la aparición con vida del joven. La marcha terminó
con incidentes frente al escuadrón de Gendarmería. Los vecinos
creen que hubo infiltrados. “Una amiga mía le sacó la capucha a
uno y lo reconoció. Es un policía que vive en el barrio. Fue uno de
los que empezó a tirar piedras”, cuenta una maestra. Ella es quien
presenta al cronista a Gonzalo Seguí, un veterinario, protagonista
de lo que aquí se conoce como “la causa de los siete”, por el
número de detenidos por la policía de Chubut en el predio de los
mapuches el 10 de enero último, cuando se habían acercado a dar una
mano y terminaron en un calabozo.
“Yo terminé de
laburar y me fui para allá. Debo haber llegado a eso de las tres de
la tarde. Había como unas 80 personas. Con mi hermano Pablo y otras
personas preguntamos qué podíamos hacer. Los mapuches nos dijeron
que los podíamos ayudar a buscar los animales, vacas y caballos, que
se les habían dispersado. Nos separamos en dos grupos, en dos
camionetas y salimos al campo. Una camioneta era la mía y la otra de
Jorge Buchille, que después también fue detenido. Cuando íbamos
volviendo aparece una camioneta Toyota Hilux, de los Benetton. De ahí
baja el capataz de una de las estancias. También bajan varios
policías. El capataz me insulta de mil maneras, pero yo no respondo.
El tipo les dice a los policías que nos lleven y quedamos detenidos.
Nos acusan de abigeato [N. de R.: robo de ganado]. Nos llevan hasta
la comisaría de El Maitén. Estuvimos cinco horas detenidos ahí sin
que informaran nada. Mi hermana llamó varias veces y le negaron que
me tuvieran detenido. A los de la otra camioneta les dieron cuatro
tiros. Una de las balas no atravesó la chapa porque había una bolsa
de arena en la caja. Los podrían haber matado. Los policías y los
empleados de Benetton iban todos juntos. Después nos llevaron hasta
Esquel y nos pegaron durante todo el viaje. Nos pateaban. La cosa se
empieza a blanquear cuando aparece un abogado en Esquel. Lo insólito
es que el fiscal Carlos Díaz Mayer le negaba en la puerta de la
comisaría que nos hubieran detenido”, explica Gonzalo. “Ahora
con lo que pasó con Santiago no me quiero ni imaginar que también
nos podría haber pasado a nosotros”, se lamentó. La camioneta de
Buchille terminó con cuatro disparos, según Seguí. Dos de pistola
nueve milímetros, la oficial que usa la policía, y dos de calibre
38, de uso particular.
Esta sintonía
fina entre la policía provincial y el grupo Benetton tiene su
explicación. Hasta ahora el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y
el presidente Macri mantuvieron una misma posición de apoyo al grupo
económico italiano, que desembarcó en el país en 1991. Los
hermanos Benetton les compraron las estancias de la Compañía de
Tierras Sud Argentina -que históricamente estuvieron en manos de
capitales ingleses- a un grupo de socios argentinos por US$ 37,5
millones, según consigna el periodista Gonzalo Sánchez en su libro
La Patagonia Vendida. Medio en serio, medio en broma, acá en la
región dicen que, además de las estancias, los Benetton tienen
hasta una comisaría (instalada en terrenos donados por la empresa),
un museo (financiado por la misma compañía) y un pueblo, El Maitén,
rodeado por los campos de Benetton.
De acuerdo con el
mismo libro, Benetton tiene en la Argentina 970 mil hectáreas, en su
mayor parte en la Patagonia. Además, el grupo tiene en la región
miles de ovejas, vacas y miles de hectáreas forestadas con una
variante de pino canadiense. Por último, opera en la Argentina
Minsud Resources, una de sus compañías que está dedicada a la
minería, con proyectos extractivos en San Juan, Santa Cruz y Chubut.
Aprietes y
amenazas
“Esto es Twin
Peaks”, dijo una abogada de uno de los organismos de derechos
humanos que viajó a Esquel para colaborar con la querella de la
familia de Santiago Maldonado. La referencia a la famosa serie de los
años 90 dirigida y escrita por David Lynch fue luego de que se le
relatara un extraño episodio protagonizado por el autor de esta
nota. “¿Qué te pasó con el coche?”, me preguntó el titular de
la agencia a la que le alquilé un auto. “Nada, acá lo veo, está
impecable”, fue la respuesta. “Acá está la policía y dice que
un señor denunció que lo atropellaste y te fuiste”, explicó el
agenciero. A la hora del supuesto accidente, mi auto estaba parado
frente a la posada y yo estaba en mi cuarto. El hombre vuelve a
llamar. “Acá está la policía en la agencia, dicen si podés
venir”. Ya en el lugar, había tres efectivos de la Policía de
Chubut. “Esto me parece muy raro. A la hora de la denuncia yo
estaba en mi posada y el auto estaba afuera. Estoy cubriendo el caso
de Santiago Maldonado y me parece que es un apriete”, les digo. Me
recomiendan que fuera al fiscal de turno a realizar el descargo.
Ese mismo día,
pero ya a la noche, el denunciante, Manuel Luis González, un
suboficial retirado del Servicio Penitenciario, se presentó en la
comisaría 1ra para decir que se había equivocado y que las últimas
dos letras de la patente que había dado estaban mal. Es decir,
rectifica los datos. Lo extraño, según los policías, es que cuando
hizo la denuncia original aportó una foto con la patente de mi
coche. En el Ministerio Público me dijeron que con esos nuevos datos
la causa iría al cierre o buscarían al propietario del otro
vehículo. Pero no me dejaron hacer una declaración sobre la
falsedad de la denuncia y sus extrañas circunstancias.
Peor lo pasan los
integrantes de Radio Alas, en El Bolsón, quienes el miércoles 6
recibieron una amenaza al número de whatsapp de la emisora
comunitaria cuando en el informativo hablaban de un incidente en la
calle donde un automovilista amenazó a unos vecinos que reclamaban
por la aparición de Santiago. “Como un ciudadano de bien que paga
sus impuestos les digo que están tirando demasiado de la soga,
después a llorar a la Plaza de Mayo. Están avisados”, decía el
mensaje. “Esta amenaza no es un hecho aislado, y es parte de una
cadena de intimidaciones que se vienen incrementando y agravando.
Pintadas en las paredes y en la plaza Che Guevara, declaraciones de
funcionarios contra integrantes de la radio, roturas de vehículos en
la vereda de la emisora. Estos sucesos han sido informados a la
relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y con este nuevo hecho ampliaremos
nuestro informe”, denunció la radio en su página web.
Esteban
Santamaría integra el colectivo de Radio Alas y llegó a vivir a El
Bolsón hace cuatro años desde el Gran Buenos Aires, como tantos
otros que desembarcaron en el pueblo en busca de una forma de vida en
sincronía con la naturaleza. “La pelea es por la tierra. Eso es lo
que reclaman los mapuches. Así hicieron sus fortunas las grandes
familias. Y por la tierra se ponen en marcha los grandes negociados.
No se puede entender lo que pasa en la región si no se entiende el
peso de los grandes latifundistas como Benetton, Lewis o Mindlin,
dueño de Pampa Energía”, sostiene.
Macri visitó
varias veces la estancia de Joseph Lewis, el millonario inglés que obstacula el fácil acceso público al Lago Escondido. “Cada vez
que viene Macri se reúne con Nicolás Van Ditmar, la mano derecha de
Lewis, que en realidad no está nunca por acá”, agrega Esteban.
Mindlin, el declarado comprador de la empresa IECSA a Angelo
Calcaterra, el primo de los Macri, que a su vez se la había comprado
a la familia presidencial, es socio de Lewis en Pampa Energía y en
Edenor. Mindlin también fue el comprador de la filial argentina de
Petrobras.
Lewis instaló en
Lago Escondido una usina hidroeléctrica con capacidad para producir
7,5 megavatios y que debía servir para proveer electricidad a El
Bolsón, pero la red nunca llegó. “En realidad se dice que la
electricidad se va a utilizar para proveer a un emprendimiento que se
impulsa en una zona arriba de El Bolsón y que tiene su misma
superficie. Tiene previsto tener cancha de golf, pista de esquí,
helipuerto y un barrio cerrado”, aseguró Santamaría.
El intendente de
El Bolsón, Bruno Pogliano, antes del Frente para la Victoria (FpV) y
hoy del partido local Juntos Somos Río Negro, cuyo estudio contable
trabaja para las empresas de Lewis, respalda el emprendimiento Laderas, una sociedad integrada por Lewis y Van Ditmar, según
Santamaría. Según esta fuente, Lewis tiene en la zona 12 mil
hectáreas y Mindlin, 20 mil, de acuerdo con el catastro.
Santiago
Maldonado vivía en El Bolsón en la Biblioteca de El Río, un
colectivo que milita en contra de estos proyectos faraónicos y apoya
la causa mapuche. Es dentro de ese marco que decide sumarse para
apoyar a la comunidad del departamento de Cushamen, en la vecina
provincia de Chubut, en su reclamo para pedir la liberación de
Facundo Jones Huala.
Despacito
“Yo voy a ir
pasito a pasito, como hice con el caso del espía de la AFI que
terminó procesado”, le dijo la fiscal Avila a su jefa, Alejandra
Gils Carbó, en la reunión que mantuvo con la titular del Ministerio
Público en Buenos Aires. “Yo no voy a pedir una indagatoria si no
tengo todos los elementos para sostenerla”, le advirtió.
En la fiscalía
esperan los peritajes que se realizaron en vehículos de la
Gendarmería para confirmar o descartar que Santiago haya sido
trasladado en un camión y una camioneta, como dijeron los testigos.
“Estaban más limpios que después del lavadero. Las ruedas
brillaban”, advirtió otro funcionario. Las camionetas fueron
peritadas varios días después por la inexplicable demora del juez
Otranto, quien negó ayer que los vehículos hayan sido lavados. Sin
embargo, en la fiscalía confían en que los peritajes puedan
encontrar restos de ADN, a diferencia de lo que ocurrió con el caso
del puestero Evaristo Jones.
El juez, de todos
modos, ordenó un nuevo rastrillaje en el río Chubut. La lentitud de
Otranto -dicen en los organismos de derechos humanos- obedece a que
tiene intención de convertirse en juez del Tribunal Oral Federal de
General Roca (Río Negro) y para conseguir ese sillón no puede
pelearse con el Gobierno nacional. Según cómo lleve adelante esta
causa tendrá un futuro por delante.
Ávila y Otranto
actuaron en tándem en una causa en la que resultó procesado un espía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) acusado de haber
realizado actividades ilegales de recolección de información en la
comunidad mapuche y del Movimiento “No a la Mina”. La medida fue
confirmada a mediados de agosto por la Cámara Federal de Comodoro
Rivadavia. Otranto fue también quien el año pasado declaró nulo el
juicio de extradición de Facundo Jones Huala, luego de que se
estableciera que uno de los testigos del proceso había sido
torturado por la policía provincial de Chubut.
Esas dos medidas
le generaron el rechazo de los sectores más poderosos y
conservadores de Esquel, una ciudad de 40 mil habitantes, donde se
calcula que unos cuatro mil tienen vínculos de algún tipo con las
fuerzas de seguridad. En esta localidad hay militares, gendarmes,
policías de Chubut y de la Federal, agentes de la Policía de
Seguridad Aeronáutica y de la Prefectura Naval, además del Servicio
Penitenciario Federal. Un universo enorme por donde circulan
versiones, rumores e informaciones intoxicadas. En ese mundo de
códigos no escritos hay alguien que puede saber dónde está
Santiago Maldonado. La esperanza entre los investigadores que
colaboran con la familia del joven es que alguno se apiade y diga la
verdad.
Esta
investigación contó con la colaboración de Matías Di Santi,
coordinador de la Redacción de Chequeado.
Este artículo
forma parte del proyecto “Chequeado Investigación: Etapa II”,
que cuenta con la participación del periodista de La Nación Hugo
Alconada Mon como codirector de la iniciativa junto con la directora
de este medio, Laura Zommer. En 2017 se publicará una decena de
producciones en el sitio especial “Chequeado Investigación”.
Todas estas piezas son financiadas por Chequeado gracias al apoyo de
Open Society Foundations (OSF).
Fuente:
Rafael Saralegui, Un día antes de la desaparición de Maldonado, el Gobierno anunció que no aceptaría cortes de rutas en la Patagonia, 11/09/17, Chequeado.
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