Greenpeace
denuncia el cajoneo del proyecto de ley de Delitos Forestales. El proyecto fue
presentado en junio. Pero Greenpeace sostiene que la presidenta de la
Comisión de Legislación Penal de Diputados, la radical María
Burgos, lo tiene guardado, mientras los desmontes ilegales crecen.
Greenpeace
denunció ayer que la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical
María Gabriela Burgos demora desde hace casi un año la Ley de
Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. La norma establece
penas de entre dos y diez años de prisión para quienes ocasionen
intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la
destrucción de bosques nativos; penaliza también a quienes ayuden a
cometer esos delitos y a los funcionarios que sean cómplices por
permitir la deforestación en zonas prohibidas. “El tiempo pasa y
los desmontes siguen, como también los desalojos violentos a los
campesinos e indígenas que viven en las zonas deforestadas”,
advirtió en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de
Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini.
En junio de este
año la organización ambientalista presentó un informe en el que
demuestra que durante los primeros 6 meses de 2017 fueron desmontadas
unas 45 mil hectáreas de bosques entre las provincias de Salta,
Santiago del Estero, Formosa y Chaco, de las cuales un 42 por ciento
se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques. “Grandes
productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la
Ley de Bosques y no tienen condena. Las multas hoy son para ellos tan
bajas que las calculan como un gasto más de su producción, con lo
cual no les hace ninguna diferencia”, denunció Giardini. El
activista subrayó, además, que “los conflictos en los campos en
donde se desmonta están creciendo desde hace un tiempo. Donde hay
desmonte hay desalojos y violencia por parte de los empresarios
contra las comunidades, y la violencia aumentó”.
Por estos
motivos, Greenpeace, en conjunto con organizaciones campesinas y
originarias, elaboraron el proyecto de la Ley de Delitos Forestales,
que fue llevado al Congreso el año pasado por la diputada de Libres
del Sur, Victoria Donda. Sin embargo, los impulsores de la norma
denuncian que la diputada Burgos, quien preside la comisión de
Legislación Penal, tiene el proyecto cajoneado. El coordinador de la
campaña de bosques señaló que “la ley apunta a los grandes
propietarios y empresarios que hacen lo que quieren con las tierras,
y cuentan con la connivencia de los gobiernos provinciales. Hoy en
día quemás una superficie de bosques del tamaño de la Ciudad de
Buenos Aires y nadie lo investiga”.
Las penas que
establece la norma para los que realicen desmontes en zonas
prohibidas o sin autorización son de entre dos y diez años, y a
quienes ayuden a cometer esos delitos a través de la provisión de
maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico les
corresponderá entre dos y seis años de cárcel. Según explicó
Giardini, uno de los aspectos fundamentales de la ley es que “los
funcionarios quedan más expuestos, ya que si se determina que son
cómplices de un desmonte ilegal también pueden ir presos”. “Con
esta ley, el hecho de que la Justicia Federal intervenga ya cambiaría
la forma de proceder de las empresas y la complicidad de los
gobiernos, porque podrían ir todos presos, no sólo pagar multas.
Hoy nuestro Código Penal no considera delitos a los daños al medio
ambiente. Por desmonte ilegal no puede haber condenas sobre los
empresarios responsables porque los casos terminan en contravención,
además de que, según indica la Ley de Bosques, deberían reforestar
lo destruido, lo cual hasta el momento no vienen cumpliendo nunca”,
agregó el activista.
Entre los
gobiernos provinciales que más han avalado el desmonte, según
Giardini, se encuentra el de Salta, presidido por Juan Manuel
Urtubey, “que modificó las categorías de los bosques para
permitir el desmonte en zonas prohibidas”. En esa provincia
deforestaron 7009 hectáreas entre enero y junio, de las cuales 678
fueron desmontadas ilegalmente. Giardini también mencionó la
provincia de Santiago del Estero, “donde el gobierno es cómplice
del desmonte para el uso del suelo para ganadería”, y en los
primeros seis meses del año avanzaron sobre más de 8 mil hectáreas
prohibidas. “Después hay casos como el de Neuquén, donde el
gobierno municipal de Villa La Angostura desmontó 12 hectáreas
prohibidas, de las cuales 3 eran del Parque Nacional Nahuel Huapi,
para hacer una pista de motocross”, añadió. Por último, el
activista afirmó que en la provincia de Córdoba los bosques
actualmente están en peligro “con el avance de los barrios
cerrados en las afueras de la ciudad de Córdoba, y el gobierno
provincial los habilita”.
Fuente:
Lo que crece es el desmonte, 06/09/17, Página/12. Consultado 06/09/17.
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