Según Larramendi
el desalojo estaba justificado por “riesgo ambiental”, pero hacía
veinte días que la planta no producía. En 2009 directivos de
Pepsico ya habían sido procesados por contaminación.
por Roberto Andrés y Ramiro Thomás
Parece mentira
que en el país de la megaminería, los pueblos fumigados, los
desmontes ilegales y el frackin petrolero, los trabajadores sean
considerados responsables de contaminación o riesgo ambiental. El
fiscal Gastón Larramendi, a cargo del desalojo de la planta de
Pepsico en Vicente López, justificó la brutal represión contra las
obreras argumentando “usurpación” y el surgimiento de “un
potencial riesgo ambiental, tanto del suelo, como del agua y del
aire”, como declaró en C5N el día de los hechos.
El primer punto
es refutado por el hecho de que al momento del desalojo los obreros
aún no habían sido notificados con los respectivos telegramas de
despido, por lo que la ocupación en realidad se correspondía con la
exigencia de la continuidad de sus tareas. Respecto al segundo punto,
el fiscal había indicado que existía “un riesgo ambiental”
determinado por la cantidad de “tanques de aceite y combustible”
que se encontrarían “sin el cuidado especializado por parte de la
firma”, luego de la toma. Se trata de un argumento falaz que
encubre la complicidad de la Justicia con la voluntad de las
corporaciones, puesto que hacía 20 días que la planta no estaba en
funcionamiento.
“¿Por qué si
no estaba en funcionamiento la fábrica, esos elementos que había en
el interior ponían un riesgo ambiental que derivaron en el
desalojo?”, le preguntó una periodista de C5N al fiscal, en
referencia a los tanques de combustible y aceite dentro de la
fábrica. “Porque no teníamos acreditado que haya gente capacitada
para la manipulación de esos elementos”, responde Larramendi.
“Hubiese ido a acreditarlo”, arremetió en el instante la abogada
de las obreras, Myriam Bregman.
“Soy abogada de
muchas de esas trabajadoras desde el año 2004. Mirá si hace años
que conozco como trabajan. Ellas mismas siempre estuvieron muy
preocupadas por la contaminación, viven en ese barrio. La empresa
contaminaba y tuvo causas penales”, indicó la fundadora del Centro
de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y candidata a
diputada por el Frente de Izquierda.
Durante la
conferencia de prensa del viernes 14, Camilo Mones, miembro de la
comisión interna de Pepsico, señaló que “cuando el fiscal da la
orden, la planta hacía veinte días que no emitía fluidos ni gases.
Y, si hay un problema de contaminación, no es a los trabajadores a
los que tiene que reprimir, sino que tiene que ir a buscar a la
gerencia y meterla presa, porque nos sacaron la planta para dársela
a los contaminadores. El argumento es ridículo”.
Efectivamente, en
el año 2009 la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado,
dictó el procesamiento y embargó los bienes de los directivos de la
multinacional Pepsico Claudio Ponce Luque, Alejandro Hugo Olano y
Claudio Javier Montaner Godoy, por “haber adulterado y contaminado,
de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua y el
medioambiente”, tras verificarse “la existencia de efluentes
industriales (con insumos productivos y materia fecal) arrojados de
modo clandestino a los conductos pluviales que desembocarían en las
aguas del Río de la Plata en afectación al curso hídrico, las
personas o animales en contacto con ellos”.
El hecho había
sido denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación y vecinos
ubicados en la vera y las cercanías del río Reconquista. En dicha
ocasión, y de acuerdo con lo establecido por la propia Arroyo
Salgado, se comprobó el vertido de efluentes industriales hacia el
exterior de la empresa, mediante un empalme o by pass casero que
desembocaba en la red pluvial eludiendo la planta de tratamiento y el
sector de vuelco autorizado por la Autoridad de Control.
Incluso se
acreditó que los vertidos contenían materia orgánica como almidón,
ácidos grasos animales, ácido oléico, palmítico y materia fecal
(coliformes fecales y escherichia coli) lo que, al decir del perito
oficial actuante, implicaba un grave riesgo sanitario para la salud y
para el medioambiente.
“La empresa no
solo no cuenta con permiso de vuelco al pluvial” -había informado
Arroyo Salgado en dicha ocasión-, “sino que el mismo, que realiza
ilegalmente de facto, lo hace a través de previa obra de ingeniería
clandestina”.
Según Edgardo
Moyano (Ceprodh), abogado de las obreras en lucha actualmente, “el
principal argumento para realizar el desalojo que dijo el fiscal es
que la planta Florida es una planta que contamina. Sin embargo, es
una planta que hace 20 años que funciona, y hasta aquí la empresa
no había utilizado ese argumento en el conflicto, sino que había
dicho que tenía crisis económica y por eso había hecho un
preventivo de crisis”.
“Pepsico en el
año 2009 tuvo una clausura por un problema con el tratamiento del
agua. Tiraron agua con químicos a la calle, estuvo clausurada casi
un mes y pico. En la causa estaba Arroyo Salgado”, indicó Mones en
la conferencia de prensa. Y prosiguió: “A partir de ahí Pepsico
hizo un tratamiento de agua enorme y carísimo que es visitado por
industrias químicas y estudiantes para ver cómo funciona. Algo
modelo. Ellos sacaban el agua y ya habían solucionado ese problema.
Todos los demás problemas obviamente que nosotros siempre pedíamos
que se mejoren”.
Cecilia, obrera
de Pepsico presente en dicha conferencia, declaró a la prensa: “Con
este tema de la contaminación, nosotras hace quince días nos
dirigimos a la Municipalidad de Vicente López y nos atendió el
primo de Macri, que es el intendente. Nos dijo que no había ningún
tipo de contaminación, que ellos no tenían ninguna denuncia ni de
ningún vecino ni de ningún lado que diga que Pepsico estaba
contaminando. La planta estaba apta para seguir trabajando”.
“Cuando entra
la policía, Larramendi manda a los policías a sacar a los
trabajadores de los techos, y rompen un caño muy importante de gas.
Tuvieron que salir todos corriendo porque eso podía volar. Entonces,
el que puso en riesgo el barrio es él. Va a tener una causa penal
por esto”, arremetió indignada Myriam Bregman. “Su ansiedad por
cumplir las órdenes del Gobierno casi lo lleva a hacer volar una
planta hoy”, sentenció.
Pepsico se
encuentra dentro de la lista de las llamadas “diez grandes” del
sector de la alimentación, que constituyen las multinacionales más
contaminantes a nivel mundial, tanto por las exorbitantes cantidades
de agua que utilizan, como por los desechos industriales y la emisión
de gases de efecto invernadero. La responsabilidad directa por
contaminación le corresponde a la patronal, no a los obreros.
Obviamente a los
organismos encargados de legislar estos aspectos ambientales miran
para otro lado cuando la contaminación es generada por las
patronales. Parece preocuparles más un tanque de combustible y uno
de aceite, un absurdo utilizado para justificar (en parte) el
desalojo y la represión a trabajadores y trabajadoras que se
encontraban resguardando sus puestos de trabajo en el contexto de un
ajuste y represión brutal que se está dando a nivel nacional. La
hipocresía capitalista no tiene límites.
Fuente:
Roberto Andrés @RoberAndres1982, Ramiro Thomás @Ramirofthomas, Hipocresía capitalista: cuando directivos de Pepsico fueron procesados por contaminación, 18/07/17, La Izquierda Diario. Consultado 18/07/17.
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