En
Brasil y en el mundo es un desafío garantizar la participación
efectiva de los pueblos étnicos en los procesos de toma de
decisiones estatales que les afectan.
por Daniel
Cerqueira
“En
Brasil, los conflictos por la tierra con indígenas tienen lugar
porque ellos salieron de la jungla y bajaron a las áreas de
producción”. Con esta frase, de enero de 2015, la senadora y
entonces ministra de Agricultura, Kátia Abreu, reivindicó la vieja
consigna anti-indígena, que es repetida constantemente en los
bastidores del poder en Brasilia. Abreu es una de las pocas senadoras
del PMDB, partido de Michel Temer, que se opuso a la destitución de
Rousseff. Cuando la ex presidenta se encontraba a punto de ser
defenestrada por la mayoría del Senado, Abreu la defendió bajo el
argumento de que ningún otro presidente había apoyado tanto la
agroindustria. No se imaginaba que la bancada ruralista, poderoso
frente parlamentario conformado por latifundistas y empresarios del
sector agrícola, contaría con una presencia aún más pronunciada
en el gabinete de Temer.
Congresistas
vinculados a sectores ultra-religiosos han engrosado el coro
anti-indígena, al defender la evangelización como alternativa de
integración de tales pueblos a la sociedad. De esta manera, el
asimilacionismo religioso y la captura del Estado por parte de
intereses corporativos han reservado un buen lugar para los pueblos
indígenas y afrodescendientes (quilombolas) en la repisa de malezas
que obstaculizan el desarrollo de la nación. Dicha tendencia se hizo
evidente con la Resolución 68/17, de enero del presente año,
emitida por el Ministerio de Justicia. Elogiada por Temer, la
resolución fue criticada por organizaciones de la sociedad civil e
indígenas, quienes sostienen que su intención es revalidar el
despojo de sus territorios. Tras un pronunciamiento del Ministerio
Público cuestionando su legalidad, la resolución fue reemplazada
por la número 80/17, manteniendo, sin embargo, las principales
disposiciones criticadas. Entre otras medidas, la nueva resolución
crea una instancia política con la potestad de detener y hasta
revertir los procesos de demarcación de tierras ya realizados por la
Fundación Nacional del Indio.
De
acuerdo con miembros del Consejo Nacional de Política Indigenista,
las resoluciones del Ministerio de Justicia fueron adoptadas de forma
sorpresiva, sin ningún tipo de diálogo ni de consulta previa, libre
e informada, contrariando así los estándares internacionales
aplicables. El derecho a la consulta y al consentimiento previo se
encuentra previsto en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y en las declaraciones de la ONU y de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas. Se trata de un derecho esencial, que
determina un nuevo tipo de relación, más simétrica y respetuosa,
entre los Estados y los pueblos étnicos. La consulta y el
consentimiento son un mecanismo de diálogo intercultural mediante el
cual se informa de buena fe, y atendiendo a las tradiciones, sobre el
impacto que un proyecto de desarrollo puede tener sobre un
territorio, y también respecto de otras decisiones legislativas o
administrativas susceptibles de afectar directamente a los habitantes
del mismo.
En
Brasil y en el mundo, sigue siendo un desafío garantizar la
participación efectiva de los pueblos étnicos en los procesos de
toma de decisiones estatales que les afectan. En un libro recientemente publicado por la Fundación para el Debido Proceso y
por la Red de Cooperación Amazónica, se demuestra que el derecho a
la consulta y al consentimiento es continuamente violado en Brasil
por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, encontrando, además, serios
obstáculos en el ámbito del Poder Judicial. El documento describe
cómo una serie de medidas inconsultas implican violaciones a los
derechos territoriales de los pueblos indígenas, quilombolas y
comunidades tradicionales. Muchas de esas medidas tienen que ver con
la expansión de la agroindustria y la concesión de proyectos de
infraestructura y minero-energéticos en tierras reclamadas y, en
algunos casos, tituladas en favor de los referidos pueblos y
comunidades.
Cabe
mencionar que la sumisión de la política indigenista a los
intereses de la agroindustria y de grandes constructoras no es una
invención del actual presidente. Basta con mirar el impacto de las
hidroeléctricas de Belo Monte, Jirau y Santo Antônio, entre otras
obras faraónicas concesionadas en territorios indígenas, durante
los gobiernos anteriores. En todo caso, Michel Temer parece dispuesto
a ceder aún más a los frentes parlamentarios que han asfixiado la
política indigenista en las últimas décadas. El ejemplo más
reciente de esta realidad son las declaraciones del nuevo ministro de
Justicia Osmar Serraglio, tan pronto fue posesionado el 23 de
febrero. Justo él, autoridad responsable por las demarcaciones de
territorios indígenas en Brasil, logró superar las oprobiosas
palabras de Katia Abreu, al criticar directamente las demandas de los
pueblos indígenas con el proverbio “no se llena la barriga con tierra”. Sobra decir que Omar Serraglio proviene de la bancada
ruralista y del infausto PMDB de Michel Temer.
Daniel
Cerqueira es Oficial de Programa Sénior de la Fundación para el
Debido Proceso.
Fuente:
Daniel Cerqueira, La agonía de los pueblos indígenas y quilombolas, 16/03/17, El País. Consultado 17/03/17.
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