“Si tienen permiso, van a desmontar y nosotros nos quedaremos sin nada”

Miembros del movimiento que reúne a los pequeños productores cordobeses indican cómo el avance de la frontera agropecuaria afecta a la economía y al estilo de vida de miles de personas.

El debate por la nueva Ley de Bosques supera el análisis ecologista y tiene también su arista en la forma de vida de quienes subsisten gracias al monte. El avance de las topadoras que derriban miles de hectáreas de árboles y arbustos atenta también contra su economía y contra generaciones de familias que desarrollan diversas actividades en el sector.

Alberto Salas es un hachero cuya historia se hizo conocida durante el debate por una carta que escribió al gobernador y los legisladores provinciales, donde planteó su realidad. “Hace 15 años que venimos reclamando la intervención en los desmontes indiscriminados porque las consecuencias que tienen en nuestra zona de traslasierras son terribles”, explicó Salas en diálogo con El Puntal de Río Cuarto.

El hachero señaló que “cuando hay inundaciones se ven afectados todos los pueblos más cercanos, hay grandes vientos y falta de agua, incluso se da el desalojo de las familias campesinas de sus tierras, porque donde hay desmonte hay pozos ilegales en los que sacan toda el agua”. Sostuvo que muchos de sus compañeros “han tenido que vender sus animales para irse a vivir a la ciudad porque quedaron sin agua en sus pozos naturales”.

Salas cuenta la historia de su vida: “Antes de cumplir el año mis padres me trajeron al campo, y me crié en un rancho torito, con una vara y dos puntales, tapado con tierra. Mi padre, abuelo y bisabuelo fueron hacheros, siempre trabajando la leña, igual que mis hijos, y nunca vimos que se acabara el monte”, dice. Comenta que este modo ancestral de trabajar el monte “nos permite ponerlo de ejemplo para que perdure en el tiempo, pero no hay forma de que la gente lo entienda”, aunque asegura: “Como uno no tiene un título o no fue a la escuela, la palabra de uno no tiene validez. Así es como se van a buscar técnicos y científicos que digan lo que ellos quieran”.

- En estos últimos tiempos, ¿cómo los ha afectado el desmonte?

- En nuestro campo seguimos trabajando el monte, pero en los del lado sí los ha afectado mucho. Sabemos que cuando se va una familia, el espacio queda libre para que avance la frontera agropecuaria. Es lo que ellos quieren, que no estemos más en el campo. Es una deuda política que tiene el Gobierno de Córdoba, que había dicho que esta zona era improductiva. La actividad aquí es muy intensa en el monte, con las abejas, los animales, nos sirve todo el monte. Gracias a esto hemos podido mandar a los chicos a la escuela, mantuvimos familias, todo sin ayuda del Gobierno.

- ¿Sus hijos también trabajan en el monte?

- Mis hijos de 30 y 24 años trabajan conmigo, aunque en verano afloja mucho el trabajo con la leña, el fuerte es el invierno, cuando picamos la leña. De todas formas, los 365 días del año trabajamos con las vacas, los terneros, las chivas, las gallinas, todos los animales de corral que tenemos. La leña es una ayuda más, son diferentes ingresos con los que uno cuenta para poder vivir. No apostamos a una sola producción, es por eso que a nosotros nos sirve mucho el monte: el algarrobo, el chañar, todo.

- No es una situación en la que se encuentra solamente su familia, sino que están todos en las mismas condiciones.

- Es una realidad de todas las familias, porque sabemos que el avance del desmonte trae pozos que secan las napas, cambian el curso de la tierra. Entendemos que cada uno hace con su plata lo que quiere, pero también sabemos que si hay permiso para desmontar se van a comprar campos grandes, eliminarán el monte y las pocas familias que quedamos vamos a tener que vender para ir a la ciudad.

Trabajo del movimiento

Carlos Ramos es dirigente del Movimiento Campesino de Córdoba, organismo compuesto por 6 centrales que abarcan todo el arco del noroeste de la provincia. Comentó que la organización “participó activamente cuando se formó la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo, creada luego de la ley nacional sobre presupuestos mínimos en la que cada provincia debía hacer su mapa de ordenamiento y definir una ley en su consecuencia”.

- ¿Cómo fue el aporte que realizó el Movimiento?

- Con nuestros técnicos y los de otras organizaciones se hicieron audiencias públicas, pero cuando se presentó el proyecto no se respetó lo que habíamos planteado, y salió la vigente, la 9.814. Se presentó un mapa con 1.900.000 hectáreas en rojo (espacios de monte en los que solamente se pueden definir planes de conservación), y otro tanto en amarillo (donde se permiten planes de conservación y manejo). Por ley nacional se debía actualizar cada 5 años, a partir de un principio de no regresividad, por lo que no se puede presentar ahora un mapa con menos hectáreas rojas.

En este sentido, Ramos comentó a El Puntal de Río Cuarto que desde el movimiento realizaron planes de conservación de los bosques nativos, “constituyéndonos como la organización que más alternativas presentó, con 240 propuestas”, dijo, y agregó: “Esto porque Córdoba fue a nivel nacional la provincia que presentó mapas con más zonas rojas”.

- ¿Cómo afecta el desmonte a las familias campesinas en su estilo de vida?

- El proyecto que busca modificar la ley provincial afectará seriamente a los campesinos porque, dentro de los planes de conservación, recibían un dinero que era poco pero al menos ayudaba al pequeño productor en su economía. Ahora se permitirá el rolado de las zonas rojas y amarillas, en las que se encuentran futuros bosques, y la pretensión de Cartez y Federación Agraria busca implantar pasturas exóticas subtropicales. El rolado eliminaría el arbustal que de acá a diez años podría ser un monte, y a la vez es la garantía de la biodiversidad vegetal y de la fauna, relacionada directamente a la producción de miel. Por otra parte, eliminaría los arbustos chicos que por ahora no son emergentes; al meter la topadora, sube el precio de la tierra y aumenta la presión sobre aquellas que tienen títulos ancestrales. Allí comienzan los problemas de expulsión de los campesinos, como ya ha pasado en Chaco, en Córdoba y en tantos otros lugares.

Del mismo modo, comienza a haber problemas con la producción caprina, porque implantan pasturas y las cabras pasan los alambrados para comer los pastizales, y empiezan a matarles las cabras. Es una realidad que afecta el trabajo, la supervivencia y la posibilidad de vivir en el campo, sin tener que trasladarse a los pueblos o los grandes centros urbanos donde no tienen muchas posibilidades. El campesino no tiene una producción para la subsistencia de su familia, sino que también lo hace para sus vecinos y para los pueblos próximos, de pollos, chanchos, cabritos, incluso algunos tienen terneros, aunque son los menos.

- ¿Mantienen reuniones con los miembros del movimiento para debatir la temática?

Sí, lo hacemos de forma permanente, incluso fuimos invitados por el Gobierno provincial a participar de una mesa de diálogo, que de diálogo no tuvo nada, para el reordenamiento territorial, por las propuestas que habíamos presentado. Allí nos dimos cuenta de que las reuniones debían tener una mayor participación ciudadana, porque el desmonte no sólo afecta al campesinado sino a toda la población de Córdoba. Se planteó esta necesidad y nos trataron muy mal, se burlaban de nuestra actividad como si fuéramos “ambientalistas europeos”. Todo lo que demostramos es que no había que tocar el rojo, pero fue algo que no era reconocido y nos retiramos porque supimos que no iba a dar lugar a todo nuestro trabajo. Al poco tiempo, disolvieron la mesa y se presentó ese proyecto por el que buscan ahora consenso.

Fuente:

Luis Schlossberg, “Si tienen permiso, van a desmontar y nosotros nos quedaremos sin nada”, 05/02/17, El Puntal de Río Cuarto. Consultado 08/02/17.