“Los persiguieron a tiros, fue una cacería”

Miembros de la comunidad mapuche de Cushamen cuentan cómo fue el ataque de Gendarmería y de la policía de Chubut. En diálogo con Página/12, integrantes de la comunidad Pu Lof relatan la persecución que vienen sufriendo desde que comenzaron sus reclamos de tierras ocupadas por Benetton y explican en detalle los violentos operativos represivos. Hay tres detenidos y otros siete fueron liberados.

“No es novedad para nosotros que las fuerzas manejadas por el gobierno de Chubut nos amenacen. Suelen circular patrulleros y camionetas a diario”, advierte Jaquelin Marin. La joven integra la comunidad mapuche Pu Lof en el Departamento de Cushamen, en Chubut, que hace más de dos años reclama la restitución de territorios ancestrales. Desde entonces, cuenta Marin, “pasan y disparan tiros al aire, nos insultan a lo lejos”. Sin embargo, la represión que vivió junto a algunos de sus lamienes -hermanos y hermanas- “ha atravesado un límite”, asegura: “Hoy tenemos dos lamienes en gravísimo estado y otros tres detenidos en una unidad penal para delincuentes por defenderse de los abusos del Estado asesino”. El grupo de pobladores sufrió los golpes de la Gendarmería, el martes por la mañana, y la balacera con balas de goma y plomo de la policía provincial, el miércoles a la noche. El martes a la noche, la policía local persiguió a dos integrantes de la comunidad y a otras cinco personas que se habían acercado al territorio en solidaridad; los golpeó, les plantó pruebas en su contra y los detuvo. Recién ayer fueron excarcelados. Pese a la estrategia desplegada por funcionarios del gobierno provincial, que insistieron en descalificar a los pobladores acusándolos de “terroristas”, “peligrosos” para la ciudadanía chubutense, el Pu Lof se llenó de hombres y mujeres que se sumaron a la resistencia. “Es importante el acompañamiento para resistir la estigmatización y el cerco mediático. Le dicen al pueblo que nos tiene que tener miedo, pero el miedo lo infunde el Estado a través de su aparato policial”, concluyó otra integrante de la comunidad de Cushamen, Soraya Maicoñia.

La comunidad Pu Lof, que reclama en el noroeste chubutense tierras en manos del grupo empresario italiano Benetton, recibió el primer ataque el martes a las 7 de la mañana. La guardia de la comunidad -dos varones al cuidado de cinco mujeres, cuatro niños y otros cuatro varones que descansaban- vislumbraron camionetas de Gendarmería en la ruta. Colectivos. Caballos. Finalmente contarían a más de 200 gendarmes y policías. “Le dijeron a la guardia que venían a despejar las vías de la Trochita y a identificar a quienes vivíamos ahí, pero los guardias contestaron que no estábamos dispuestos a dejarlos pasar después de que la provincia cortara la mesa de diálogo e incumpliera la promesa que le hizo a otra comunidad hermana”, contó Jaquelin. A los pobladores de Nahuel Pan les prometieron un nuevo tanque de agua a cambio de la liberación de unas tierras, promesa que las autoridades incumplieron.

Gendarmes y policías entraron igual. Los miembros de la guardia mapuche se desperdigaron por el monte. Más tarde, a tres de ellos los atraparían y los llevarían detenidos. Aún permanecen encerrados en la Unidad Penal 14, con prisión preventiva por los delitos de abigeato -hurto de ganado-, obstrucción de las vías y resistencia al arresto. “Entonces se la agarraron con nosotras, que estábamos con los niños en la ruca -la casa principal de la comunidad, en donde comen y comparten el tiempo-. Nos encerramos ahí, pero ellos tiraron la puerta abajo. Nos rociaron con gas lacrimógeno, con espuma de matafuego, nos sacaron de los pelos, le pegaron a un niño con un garrote en la cabeza, nos esposaron”, contó la joven. No sabían los pobladores que quienes intentaban acudir a sus pedidos de ayuda estaban frenados en varios retenes que las fuerzas de seguridad habían montado a 4 kilómetros a la redonda. Estaban aislados. “Recién cuando pudo pasar Fernando Radziwilowski -defensor público-, nos quitaron las esposas”, añadió Jaquelin. Era pasado el mediodía.

En paralelo a ese allanamiento, ordenado por el juez federal Guido Otranto, hubo otro, dispuesto por su par provincial José Colabelli. “Nos secuestraron 15 caballos, que son nuestros con papeles y todo. Los tienen detenidos en la comisaría de El Maitén”, denunció la joven.

A la tarde, cuando ya habían recibido ayuda de miembros de organizaciones vecinas y de comunicadores de medios comunitarios, decidieron ir a buscar a los animales que se habían perdido. Fueron dos miembros de Cushamen y otras cinco personas que se sumaron a la tarea en dos camionetas. Las fuerzas de seguridad los persiguieron por la ruta, a los tiros. Los encerraron en El Maitén, les pegaron y los llevaron detenidos. Ayer fueron excarcelados.

“Fue una cacería”, resumió el abogado de los siete, Edgardo Manosalva, miembro de la APDH. “Los persiguieron a los tiros, los encerraron en la ruta, los terminaron cazando en el viejo hospital de El Maitén. Ahí les pegaron. Les plantaron bombas molotov en una de las camionetas. Uno de los camiones de la policía tiene impactos de calibre 22 que, creemos también, es prueba plantada”, explicó el abogado. Ellos también lo contaron ayer en una audiencia de control judicial en la que se evaluó su detención. El juez Hernán Dal Verne –que reemplazó a Colabelli, recusado por Manosalva– declaró legales las detenciones y ordenó liberar a los detenidos. La investigación seguirá. A ellos los acusan de abigeato y resistencia a la autoridad, aunque también se investigará el desempeño de la policía.

El tercer ataque

El tercer ataque fue el miércoles a la noche, cuando la mayoría de los pobladores y quienes se solidarizaron con ellos estaban atentos a lo que pasaba en los tribunales con los detenidos. “Éramos tan pocos como la primera vez. Nos despabilaron los tiros. Salimos de nuestras casas y nos acercamos a la ruta. Vimos a la Infantería que estaba disparando esta vez sin decir palabra”, graficó Jaquelin, que asegura que la represión duró 40 minutos: “Corrimos, metimos los nenes adentro de la casa. Mandamos mensajes pidiendo ayuda. Cuando los policías se fueron, los varones que estaban resistiendo comenzaron a bajar al pueblo, todos lastimados con perdigonazos”. Diez heridos en total, dos en muy grave estado.

Ayer, el jefe de la policía de Chubut, Juan Ale, excusó a los efectivos que dispararon balas de goma y plomo. “La policía fue atacada, resultaron tres empleados policiales de la Infantería con contusiones, se usaron postas para defenderse de los ataques con piedras”, declaró. En sintonía con el gobernador Mario Das Neves, su ministro de Gobierno, Pablo Durán, tildó a los miembros del Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes”.

Fausto Huala, hermano del lonco Facundo Huala, tiene un hematoma en la cabeza producto de impactos de bala de goma, está en terapia intensiva. Emilio Jones fue operado de la mandíbula, que la tiene rota por otro impacto. Necesitará una prótesis que cuesta 50 mil pesos. Ambos están internados en el Hospital de Bariloche. También necesitan materiales para reconstruir la ruca: nylon, chapas, clavos, herramientas que la Gendarmería les robó como hachas, machetes, palas. “Nos robaron todo lo que pudieron. Cigarrillos, inclusive”.

Para el gobierno de Chubut, los mapuches reprimidos son “terroristas”

Siete de los diez detenidos fueron liberados. Las autoridades provinciales afirman que los mapuches de Cushamen no tienen apoyo de otras comunidades y son delincuentes. Como prueba ofrecieron una página web que solo informa sobre Chile. Los presos recusaron al juez “por enemistad manifiesta”.

por Franco Spinetta

El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, tildó de “terroristas” y “delincuentes” a los manifestantes de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia. La comunidad mantiene desde hace dos años una disputa por las tierras adquiridas por el grupo Benetton, que reclaman como propias.

El martes a la noche, la Gendarmería y la policía provincial atacaron la comunidad en el departamento de Cushamen, con un saldo de varios heridos -dos de gravedad- y al menos diez detenidos. El gobernador Mario Das Neves, añadió que "hace tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, ni la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera”.

“Son delincuentes, no es un grupo que pelea, como lo vienen haciendo muchas comunidades desde hace muchos años por sus derechos”, dijo Durán. Al mismo tiempo, el funcionario acusó a los mapuches de Pu Lof de provocar disturbios y así intentó justificar la fuerte represión policial, que fue condenada por gran parte del arco político y Amnistía Internacional.

Según la versión del Gobierno, difundida por sus voceros, el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) ocupa desde marzo de 2015 parte de una de las estancias de la empresa Tierras del Sud SA, perteneciente al grupo multimillonario Benetton.

Sin embargo, la comunidad en conflicto no pertenece a la RAM -aunque sí uno de los referentes detenido y herido, Fausto Huala- sino al Movimiento Autónomo del Puelmapu (MAP), que nuclea diversos lof (comunidades) en Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa.

Las mismas fuentes gubernamentales intentaron ligar a este grupo con una web, paismapuche.org, y la supuesta reivindicación de actos de sabotaje, ataques a poblaciones y quema de vehículos. Lo cierto es que esa web no remite a una ninguna acción ocurrida ni en Chubut ni en la Argentina, sino en la República de Chile. El Gobierno también intentó minimizar el apoyo del resto de las comunidades mapuches al conflicto de Pu Lof. “Hemos dialogado -aseguró Durán- con integrantes de la comunidad (aborigen) y para nada avalan" este conflicto.

Soraya Maicoñia, referente de Pu Lof, desmintió al funcionario e indicó que el gobierno provincial lleva a cabo una “campaña de difamación utilizando a algunos mapuches que traicionaron a su pueblo. La mayoría de las comunidades apoyan al MAP y sus luchas. Nosotros no atacamos a nadie, sino que nos defendemos y nos sentamos a hablar de igual a igual con el gobierno, no somos menos que nadie”, agregó.

Con la excusa de que era necesario liberar una parte de las vías del tren turístico La Trochita, Gendarmería y policía provincial desalojaron el martes ese piquete, por orden del juez federal de Esquel, Guido Otranto. La represión contra esta comunidad continuó y se agravó el miércoles por la noche, cuando la Infantería provincial disparó contra integrantes de Pu Lof y dejó varios heridos, dos de ellos de gravedad.

Según contó Maicoñia, la “represión por parte de la Infantería fue completamente ilegal, no tenían ninguna orden. Entraron tirando a matar, nos quieren amedrentar. Estamos dispuestos a defender la tierra”. Para Durán, en cambio, los incidentes comenzaron luego de que un “grupo de integrantes del lof empezara a apedrear el vehículo" policial.

Amnistía Internacional expresó “máxima preocupación ante la magnitud de los hechos y los preocupantes antecedentes en relación a los ataques contra la comunidad mapuche”.

Siete manifestantes fueron liberados

Los abogados de los mapuches recusaron “por discriminación" al juez José Luis Colabelli, quien debía decidir el destino de siete de los diez detenidos. La cercanía entre el Poder Judicial y económico de la provincia quedó al desnudo tras conocerse que la esposa de Colabelli, Gladys Carla Rossi, es la responsable del consulado de Italia en Esquel, es decir la responsable de velar por los intereses del empresario textil italiano Luciano Benetton, según denunció María del Carmén Verdú, titular de la Correpi.

Si bien el juez que se hizo cargo de la causa, Hernán Dal Verne, declaró legal y constitucional la detención de los manifestantes, la defensa logró que fueran liberados tras aducir la existencia de "riesgo procesal".

Durante la audiencia en la que se discutió esta cuestión, se escucharon relatos como el de Ivana Henelaf, quien fue víctima de abuso policial y discriminación. Según contó el abogado Carlos González Quintana, integrante de APDH, la mujer "ingresó menstruando al calabozo, los policias advirtieron eso... Uno le dijo `tomate tu propia sangre india sucia`. Cuando dos mujeres mapuches declararon en la sala de audiencia y contaron las vejaciones, las humillaciones, los golpes, el maltrato y el racismo que sufrieron, un policía que custodia la seguridad de la sala (de origen mapuche) rompió en llanto y se tuvo que retirar".

Fuentes:

“Los persiguieron a tiros, fue una cacería”, 13/01/17, Página/12. Consultado 13/01/17.

Franco Spinetta, Para el gobierno de Chubut, los mapuches reprimidos son “terroristas”, 12/01/17, Página/12. Consultado 13/01/17.