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| Los habitantes de Malvinas Argentinas, un pueblo de la provincia de Córdoba, en Argentina, mantienen bloqueada desde 2013 la construcción de la planta de semillas de maíz transgénico de la corporación Monsanto, en una larga movilización contra alegados efectos nocivos para la población y el ambiente. Foto: Fabiana Frayssinet/ IPS |
por Dario
Avila
Ante la aparente desmentida realizada por el Ex - CEO de Monsanto, Adrian Villaplana (quien fuera removido de su cargo por su incapacidad para resolver el conflicto de la Empresa), en torno a sostener el Proyecto de la Planta Acondicionadora de Semillas, resulta conveniente, establecer una serie de precisiones, a los efectos de despejar algunas dudas:
1- Los
rumores acerca del “abandono del proyecto” por parte de la
Empresa, son de vieja data y refieren a, condiciones sociales muy
adversas (fuerte resistencia popular y bloqueo al predio);
condiciones técnicas irresueltas (deficiencias y rechazo al Estudio
de Impacto Ambiental), perdida de aval político (ningún dirigente
de peso, sale a ratificar la inversión por estos días), derrota
judicial (paralización de la obra civil mediante amparo promovido
por los vecinos de la Asamblea de Malvinas).
2- Reciente
“imputación penal” a quince (15) funcionarios públicos
Municipales (Ex – Intendente Daniel Arzani, el Ex - Jefe de
Catastro y Planeamiento de Malvinas Argentinas, Rubén García, y los
Ex - Concejales José Blanco, Emilio Ferrero, Elsa Martínez, María
Ferreyra, Marta Castro, Ricardo Guzmán, Rosa Estela Castañares),
Provinciales (Ex - Secretario de Ambiente de la Provincia, Luis
Bocco, Abel Anuzis, Duilio Padula, Alejandro Natalicio y Jorge Elia,
miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria, Jorge Ferrari,
Ex - Director de Jurisdicción de Asuntos Legales de la Secretaría
de Ambiente, y María Belén Pistone, Ex - jefa del área Dictámenes)
formulada por el Fiscal Anticorrupción -Dr. Hugo Amayusco-
quien les atribuye la posible comisión del delito de abuso de
autoridad, por haber emitido autorizaciones o permisos a favor del
Proyecto de Monsanto, en algunos casos, y por haber incumplido con su
deber de control de legalidad y técnico previo a la emisión de las
mencionadas autorizaciones, en otros casos, por entender que las
mismas violan lo preceptuado en la ley provincial de uso del suelo,
la que determina que el área o zona donde se planea construir la
Planta, esta destinada al “uso agropecuario sin contaminantes”, y
que en cambio, este tipo de proyectos deben ejecutarse en otra área
especialmente creada al efecto, cual es el “area industrial”. Que
esta ley de Uso del Suelo, se encuentra plenamente vigente, por lo
que, para el caso de que cualquier funcionario público, que en el
marco reseñado, pretendiese retomar el proyecto paralizado,
otorgando algun tipo de permiso o autorización a favor de la
Empresa involucrada, caería bajo el riesgo de ser denunciado por la
misma comisión de delito, por lo que su suerte, también estaría
echada en este sentido.
3- Que en
definitiva, lo resuelto por el Fiscal Amayusco precipitó los hechos
recientes y es seguro afirmar que la Empresa en breve, deba
“abandonar el proyecto y retirarse”. Esto por cuanto la
imputación tiene incidencia directa sobre lo resuelto en el Amparo.
Cabe recordar que el Amparo interpuesto por los vecinos, tuvo la
virtud de paralizar judicialmente la continuidad de las obras civiles
iniciadas ilegalmente por la empresa Monsanto, sujeta a dos
condiciones: a) Que la Empresa presente un nuevo Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA); y b) Se convoque a la ciudadanía a las Audiencias
Públicas en el marco de la ley general del ambiente n° 25.675. Que
en razón de que existe un imputación penal, por la que un Fiscal
tiene por acreditado que “la empresa viola la ley de uso del
suelo”, que “la Planta en ese lugar no se puede construir”,
“ningun sentido tiene que Monsanto presente el EsIA y se convoque a
las Audiencias Públicas “si primero no se logra salvar este
escollo legal infraqueable” que significa lisa y llanamente la
violación del uso del suelo, y esto es algo que ni Monsanto ni el
Estado puedan resolver administrativamente mientras se encuentre
vigente la ley de uso del suelo.
Por eso
Sres. Monsanto, mas temprano que tarde, tiene que abandonar su
proyecto e irse de ese lugar. Esa partida no es gratuita para la
empresa ya que la misma se va derrotada social y judicialmente. Por
eso digo: “SALUD POR ESTA PELEA QUE LA GANÓ LA DIGNIDAD DE UN
PUEBLO ORGANIZADO”: celebro y saboreo con suma felicidad, este
triunfo que fue, es, y será por siempre colectivo.
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