Frente al avance
de emprendimientos inmobiliarios e industriales privados, asentados
sobre humedales, planicies de inundación y costas en la cuenca del
Rio Luján y Delta del Paraná, que provocan daños calamitosos a
dichos ecosistemas y gravísimas inundaciones, afectando vidas y
bienes, nos manifestamos por la detención definitiva de este Modelo
de Desarrollo de Alto Impacto Socioambiental Negativo.
Los humedales y
planicies de inundación prestan valiosísimos servicios ambientales
como la atenuación y regulación de crecidas, la recarga de
acuíferos, la purificación de aguas, la liberación de oxígeno y
la fijación de carbono; más de 17 millones de personas de CABA y
Bs. As. nos abastecemos del agua potable proveniente de los
humedales, y nos beneficiamos de los demás servicios que nos
proveen.
Es imperioso que
se respete la ley vigente así como los derechos humanos
fundamentales reconocidos y se brinde una protección definitiva de
estos ambientes naturales; y se implemente inmediatamente un plan de
remediación para recuperar dichos ecosistemas, bienes del dominio
público natural de toda la sociedad y de las generaciones futuras,
acorde lo establece el Art. 41 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto
exigimos que el Estado Nacional, el Provincial y los Municipios
respeten el marco jurídico vigente y se abstengan de autorizar
emprendimientos que no lo cumplan y que de una vez por todas se fijen
las líneas de ribera que establecen el límite del dominio privado
del dominio público, avasallado una y otra vez por estas
urbanizaciones privadas ante la ceguera de los funcionarios.
Hemos asistido en
estos últimos años a un agravamiento evidente de las inundaciones
en numerosas localidades debido principalmente, entre otras causas, a
la ocupación y al relleno que estos emprendimientos realizan en
zonas naturalmente inundables.
En estas zonas
sólo se puede poblar apelando a técnicas constructivas como las
palafíticas, tradicionales en el delta, que no alteran la
hidrología, y se adaptan al medio naturalmente inundable. Lo que se
levanta es la vivienda y no el suelo, y siempre en una densidad que
no afecta la preservación del ecosistema natural que sirve de
soporte.
Por otro lado,
cabe mencionar que este proceso de desarrollo urbano guiado por los
intereses de inversores inmobiliarios y no en función de las
necesidades de toda la comunidad, conduce a una privatización de los
paisajes que promueve la segregación y marginación social y la
desigualdad, una de las fuentes que alimentan la violencia creciente
en nuestra sociedad.
Además en esta
región se localizan numerosos sitios arqueológicos ancestrales con
enterratorios de los pueblos originarios muchos de los cuales ya han
sido arrasados por estos megaemprendimientos.
Lamentablemente
el Estado, tanto en sus niveles municipal, como provincial y
nacional, no han jugado el papel que les corresponde, tratando de
velar por el bien común y la aplicación de las leyes. Hoy vemos
como la gran mayoría de estos emprendimientos avanzan con permisos
precarios muy irregulares y por hecho consumado; luego van llenando
los huecos legales con autorizaciones ad hoc o modificaciones al uso
de suelo a medida, que otorgan algunos funcionarios a espaldas de las
comunidades afectadas, que en principio incurrirían en
incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
Numerosos
vecinos, organizaciones sociales, etc. hemos venido denunciando desde
hace muchos años y ante todos los medios y estamentos posibles estas
problemáticas, inclusive en la justicia. Recientemente un fallo del
Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro y otro del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Campana han ordenado la paralización
precautoria de todos estos emprendimientos y la prohibición de
otorgar permisos para nuevos proyectos, convocando a expertos para un
peritaje de impactos ambientales individuales y acumulativos para que
se expidan sobre el tema. Pedimos que dicho Comité de Peritos
funcione de cara a la sociedad y con puertas abiertas para escuchar
las voces de los vecinos y especialmente los miles de damnificados
por las inundaciones, expulsión y marginalización ocasionados por
el desarrollo urbanístico privatizado. Requerimos que se estudie si
se han cumplimentado todos los requisitos legales para la
autorización de los emprendimientos privados en toda la Cuenca del
Río Luján y Delta del Paraná. Se ha comprobado en Tigre, Escobar,
Pilar, etc. casos de incumplimientos flagrantes.
Los responsables
de avanzar ilegalmente con obras, deberán ser procesados y juzgados
como así también los funcionarios que los autorizaron u omitieron
intervenir incumpliendo leyes vigentes y los debidos procedimientos.
Una vez más,
pedimos que se sancione cuanto antes la ley de Presupuestos Mínimos
para reforzar la protección de Humedales que sigue sin ser tratada
en el Parlamento, así como también la aprobación en los Concejos
Deliberantes de Tigre, Escobar y Pilar de los distintos proyectos de
ordenanza presentados los cuales se encuentran cajoneados.
Exigimos por
último, la detención definitiva de los emprendimientos sobre
Humedales y las urbanizaciones cerradas sobre toda la cuenca del Río
Luján y Delta del Paraná y en particular en las islas de las tres
secciones del delta bonaerense.
El lanzamiento de
la campaña #MasHumedalesMenosInundados se realizará el sábado 30
de julio a las 10 horas, en la Estación de Tren de Tigre. Para
contacto y adhesiones: adhesionevento30@gmail.com | En Facebook
Fuente:
Lanzamiento de la campaña “+ Humedales – Inundados”, 25/07/16, sanfernandonuestro.
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