Redefinen uso de riberas de ríos y lagos, pero poco cambia

Aprobaron una ley, con la pretensión de evitar abusos de privados sobre las costas. No varía el esquema legal. El ordenamiento dependerá del control, hasta ahora escaso.

por Fernando Colautti

Los abusos de particulares que avanzan sobre costas de ríos y lagos, extendiendo ilegalmente sus propiedades, son moneda corriente en Córdoba, desde hace décadas. Una nueva ley, aprobada por la Legislatura provincial, es presentada como un intento por abrir una nueva etapa de regulación. Hasta ahora, la ocupación indebida de riberas creció de la mano de la ausencia de controles y sanciones.

Aprobada por unanimidad, la norma no varía la línea de ribera, es decir, la distancia desde los cursos de agua en que las costas son propiedad del Estado.

La ley “declara de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional de los recursos naturales en el espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate, y extendido hasta los 35 metros contados desde esa base”.

La norma no modifica los derechos ya existentes de los dueños de propiedades costeras. Tampoco plantea declarar de utilidad pública ni sujetos a expropiación esos espacios.

En realidad, la norma retrotrae la situación a la existente hasta hace algo más de un año, cuando la entrada en vigencia del nuevo Código Civil nacional varió el criterio sobre los límites entre lo privado y lo público en los bordes de ríos, arroyos y lagos.

Retrotraer

Oscar González, legislador de Unión por Córdoba y promotor del proyecto, explicó a La Voz del Interior que la reforma del Código Civil bajó de 35 a 15 metros el espacio de dominio público, desde la línea de ribera, que es fijada por cada provincia. En Córdoba, para ríos y arroyos ese límite -no tan preciso- es el punto promedio de las crecidas máximas.

“Antes, desde ese punto el dominio público era de 35 metros. El Código Civil lo redujo, pero cada provincia puede adaptarlo. En Córdoba, con esta ley, lo volvemos a llevar a 35 metros”, apuntó González. No es que el dueño ya legítimo, con título de propiedad, pierda derecho posesorio, sino que sobre esa distancia no debería cercar ni cerrar el acceso público.

“El objetivo es resguardar el equilibrio ecológico de las riberas y asegurar el acceso público. Se ven muchos atropellos con ocu­paciones que no corresponden, y la intención es que esta ley ayude a empezar a corregirlas”, marcó el presidente provisional de la ­Legislatura.

González admitió que hasta ahora ha faltado control para evitar esos abusos. “Esperamos que con esta ley se faciliten; es un instrumento de mayor peso que las resoluciones que regían”, supuso.

La ley deberá ser ahora regla­mentada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, que será la autoridad de aplicación. Ese texto debería precisar qué se admitirá e impedirá en esos espacios de “dominio público”, quién controlará y qué sanciones se aplicarían.

La ley establece que los municipios y comunas no podrán dictar normas en sentido contrario en sus jurisdicciones. González aclaró que también regirá para las costas de los embalses.

Entre las consecuencias de la falta de control histórico del uso de las riberas, aparecen las urbanizaciones que los municipios fueron autorizando (y la Provincia no observando) sobre áreas costeras de riesgo inundable ante crecidas. En los últimos años, quedó evidenciado con barrios bajo agua y viviendas arrasadas en varias localidades cordobesas.

En términos jurídicos, la ley fundamenta el derecho a declarar tierras como de “interés público” en base a jurisprudencia hasta de la Corte Suprema que refiere a “bienes colectivos supremos”, como los ambientales.

Restricciones de uso sobre 35 metros

La nueva ley fija ese espacio como de “dominio público”

En esas tierras, el propietario (si ya lo hubiere) no perdería posesión pero no podría cerrar el acceso ni levantar construcciones. La norma no implica expropiaciones ni supone indemnizaciones a privados por la regulación de ese uso.

Lo que falta es voluntad política para controlar

La nueva ley por el uso de riberas de rios y lagos, al menos reconoce el problema y la necesidad de poner límites a los abusos. Pero si no hay control y sanción, poco aporta.

por Fernando Colautti

Córdoba acaba de sumar una nueva ley que se propone garantizar el acceso de los ciudadanos a las riberas de todos los ríos y lagos, que son públicas. Restringir que alguien llegue a esas costas, por apropiaciones indebidas de espacios, tiene similar legalidad a impedir que un vecino camine por la plaza de su barrio.

Sin embargo, en las últimas décadas, en Córdoba ese derecho se ha visto complicado.

La nueva ley, al menos, reconoce el problema y la necesidad de poner límites a los abusos. Además, admite la importancia de la preservación ambiental de esos espacios, en muchos casos ya en retroceso. Pero, en realidad, sólo retrotrae la situación a la existente hasta hace un año, cuando una norma de orden nacional varió el criterio de lo que se consideraba tierras de “dominio público” en áreas ribereñas.

Si durante tanto tiempo poco se avanzó en Córdoba para evitar abusos y apropiaciones indebidas de costas, cabe preguntarse qué variará ahora sólo porque una ley diga algo parecido a lo que otra norma ya antes establecía.

Más que modificaciones a la ley, lo que siempre ha faltado es capacidad operativa y voluntad política del Estado para controlar que se cumpla cualquiera de las normas, antes y ahora existentes.

En todo caso, no estará mal la adaptación pero si no hay efectivo control, y sanciones por incumplimientos, la ley apenas habrá sido una expresión de deseos.

Demasiadas leyes se acumulan, como ordenanzas en ciudades, que apenas fijan deseos, sin que en realidad se cumplan ni se hagan cumplir. Esa repetición genera, al final, una falta de respeto de la sociedad hacia las normas.

En este caso, hace una década se dio el único intento en Córdoba por delimitar las tierras públicas de las privadas en costas de embalses y ríos. Entre 2006 y 2007 se colocaron mojones fijos para marcar de una vez y para siempre esos límites. Pero apenas se avanzó parcialmente en algunos lagos antes de que el plan, trunco e incompleto, quedara abandonado y jamás retomado. Hoy, incluso, se ven alambrados y hasta construcciones privadas que avanzan sobre espacios que esos mojones identifican como públicos.

En este marco, la clave del ordenamiento será hacer cumplir las leyes, y sin privilegios.

Fuentes:

Fernando Colautti, Redefinen uso de riberas de ríos y lagos, pero poco cambia, 17/06/16, La Voz del Interior.

Fernando Colautti, Lo que falta es voluntad política para controlar, 17/06/16, La Voz del Interior.