Un fiscal
solicitó en febrero la paralización de desarrollos inmobiliarios en
la cuenca de los ríos Luján y Paraná por los daños ambientales
que provocan. Ahora presentó nuevos argumentos: resoluciones de la
Defensoría del Pueblo, ordenanzas municipales y un informe de la
UBA.
El dictamen del
fiscal federal Fernando Domínguez afirma: “Se ha demostrado que la
construcción de barrios cerrados no sólo han afectado al medio
ambiente, sino que han producido graves estragos y, consecuentemente,
incalculables daños a la propiedad pública y privada, provocando
también la pérdida de vidas humanas”. Es uno de los motivos por
los que solicitó la paralización de nuevos countries en la cuenca
del río Luján y el Paraná. Pero desde hace cuatro meses que no
obtiene respuesta de la jueza Sandra Arroyo Salgado, por lo cual
acaba de aportar nuevas pruebas al expediente: resoluciones de la
Defensoría del Pueblo de la Nación, ordenanzas municipales y un
informe de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la UBA. El
martes hubo una audiencia pública por un nuevo barrio cerrado
(“Remeros Beach”, del banquero Jorge Brito), donde se explicitó
un rotundo rechazo al nuevo country.
La causa fue
iniciada en 2012 por organizaciones sociales, ambientes y vecinales
de la cuenca del río Luján y Delta del Paraná, que apuntó a la
ilegalidad de los emprendimientos inmobiliarios, muchos construidos
sobre “dominio público natural” (como son los cauces de ríos) y
sin evaluación de impacto ambiental. Las graves inundaciones de los
últimos años, en zonas que antaño no se anegaban, fueron una
prueba palpable de las advertencias de los vecinos.
Luego de un largo
periodo de recolección de pruebas, Domínguez solicitó (el 19 de
febrero) a la jueza Sandra Arroyo Salgado la paralización
precautoria de “toda obra que se lleve acabo en los barrios
cerrados y clubes privados emplazados en la planicie de inundación
del Río Luján y en el Delta del Paraná”. Abarca los partidos de
Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de La Cruz, General
Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes,
Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre.
El fiscal afirmó
que está probada la relación entre los countries y las
inundaciones. Y advirtió: “Las gravísimas consecuencias muy
probablemente volverán a repetirse si no se adoptan medidas urgentes
para paliar la situación, en tanto se adoptan por las autoridades
competentes soluciones de fondo”. Los principales empresarios del
sector son Eduardo Constantini (empresa Consultatio) y Jorge
O’Reilly, asesor de Sergio Massa (y dueño de la compañía
Eidico).
Entre las nuevas
pruebas, el fiscal Domínguez aportó el dictamen de la Defensoría
del Pueblo de la Nación que señaló que el relleno de humedales
(como sucede para nuevos barrios) “implica un tipo de agresión al
medio ambiente, a la naturaleza y a la vida humana” y llamó a que
el Estado tome “una actitud preventiva”. Se refirió puntualmente
a los municipios de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando.
Y solicitó a que “sólo se autoricen emprendimientos
residenciales, industriales o agropecuarios en humedales cuando su
necesidad se encuentre fundada en imperiosas razones de estricto
interés público y no existan opciones menos perjudiciales”.
También tomó
como argumento el trabajo de la Cátedra Libre de Ingeniería
Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. “Las llanuras de
inundación y los humedales fueron progresivamente ocupados por
desarrollos inmobiliarios suntuosos, generando el estrangulamiento y
taponamiento de los cauces principales”, explica el escrito.
Propone una serie de medidas que fueron analizadas y discutidas entre
vecinos, organizaciones sociales y docentes de la Facultad de
Ingeniería.
Entre las
propuestas de la cátedra figuran “detener los proyectos de
urbanizaciones en humedales y planicies de inundación de la cuenca
media y baja”, reforestar con especies nativas las zonas
impactadas, evitar obras de infraestructura que generen
estrangulamientos (y acumulación de agua) y eliminar los canales
clandestinos, entre otras. Consideran fundamental desarrollar un
“plan maestro integral” para la cuenca del río que “incorpore
los diagnósticos, miradas y soluciones de los diferentes actores
sociales involucrados”.
El 18 de mayo,
vecinos y organizaciones sociales realizaron una caravana hasta el
Juzgado Federal de San Isidro para pedir la paralización de los
megaemprendimientos inmobiliarios. Se le entregó un petitorio a la
jueza Arroyo Salgado, en el que se le pidió una reunión donde pueda
explicar por qué de la demora en su fallo y se le recordó que “la
Justicia que llega tarde no es Justicia”.
El martes se
realizó una audiencia pública por un nuevo barrio privado, llamado
“remeros beach”, en Tigre. Se inscribieron más de 180
expositores (vecinos, organizaciones sociales, docentes,
investigadores, empresarios). La audiencia duró más de cinco horas
y fue rotundo el rechazo al country (se expusieron decenas de
irregularidades técnicas y legales del proyecto). Una patota de la
Uocra (sindicato de la construcción) amedrentó a quienes
cuestionaron la iniciativa.
Remeros Beach se
publicita como un “emprendimiento que aúna todas las comodidades
de la vida urbana frente a playas de arenas blancas y aguas
cristalinas”. Las fotos muestran una imagen más cercana al Caribe
que a Tigre. Es impulsado por la empresa Vizora, del Banco Macro (del
empresario Jorge Brito). Pretende ocupar 18 hectáreas, construir
torres de 22 pisos para un total de 7000 personas.
El fiscal federal
Domínguez sostuvo en su presentación que los delitos (de
empresarios y funcionarios) serían “daño agravado, estrago
seguido de muerte (consecuencia de las inundaciones) e
incumplimientos de los funcionarios públicos”.
Los countries
avanzaron de manera sistemática sobre los humedales. En los últimos
20 años, aumentó geométricamente la cantidad de barrios privados
en las afueras de las grandes ciudades (Buenos Aires, Rosario,
Córdoba, Mendoza, entre otros). Sólo en Pilar hay 152 barrios
cerrados, que ocupan el 24 por ciento de la superficie del partido.
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