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Organizaciones y cátedras universitarias ambientalistas reclamaron el "urgente tratamiento" del proyecto de Ley de Humedales y aseguraron que la falta de protección para esta áreas "impacta en la pérdida de calidad de vida para toda la población".
"Consideramos
de vital importancia que el proyecto pueda ser sancionado dado que el
vacío legal existente permite que estos ecosistemas vitales e
irremplazables, para la población y la salud, se encuentren en vías
de desaparición y degradación progresiva", señalaron las
entidades a través de un documento conjunto.
Entre
los firmantes del reclamo figuran la Asociación por la Justicia
Ambiental (AJAM), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la
Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (UBA), el Taller Libre de
Proyecto Social (UBA) y la Organización Vecinal Salvemos el Río
Gualeguaychú.
El
proyecto de Ley de Humedales es una iniciativa de presupuestos
mínimos cuyo fin es establecer una regulación que proteja esos
espacios a nivel nacional, facultando a cada provincia a legislar una
protección mayor conforme sus necesidades.
La
Cámara de Senadores había aprobado en 2014 un proyecto de ley que
no fue tratado en Diputados, por lo que terminó perdiendo estado
parlamentario en diciembre de 2015.
Dos
meses después -y en una de sus primeras acciones de gobierno-, el
presidente Mauricio Macri ratificó en febrero el apoyo del gobierno
nacional a una Ley de protección de los Humedales, aunque nunca
envió un proyecto formal al Congreso, explicó a Télam el diputado
oficialista y dirigente ambientalista Juan Carlos Villalonga, quien
mencionó como causa de ello a la "falta de acuerdo" entre
algunos ministerios.
Ante
la ausencia de un proyecto del Ejecutivo, la Comisión de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente del Senado aprobó en marzo
pasado un pre dictamen a partir de la fusión de dos proyectos
elaborados por las senadoras Teresa Luna (FpV, La Rioja) y María
Magdalena Odarda (Frente Progresista, Río Negro), que hasta el
momento no logró pasar al recinto para su debate y aprobación.
El
pre dictamen contempla la definición establecida por la Convención
Ramsar en 1971, que quedó incorporada a la legislación argentina
mediante la ley N°23.919.
La
Convención entiende a los humedales como "extensiones de
marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua,
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea
baja no exceda de seis metros".
La
iniciativa "exige el uso racional y sustentable de los humedales
a sabiendas de las necesidades de desarrollo económico imperante".
Al
respecto, las organizaciones ambientalistas denunciaron que en la
actualidad diversas "aéreas del litoral argentino se encuentran
devastadas por emprendimientos inmobiliarios mal emplazados o por
actividades productivas intensivas e invasivas".
Aseguraron
que "igual estado de situación aplica para el área que
comprende el cauce del Río Lujan, valle del Río Gualeguaychú e islas
del Delta entre otras tantas zonas, principalmente por el cambio en
el uso del suelo, incremento de la actividad ganadera, producción de
monocultivos, deforestación y construcción de diques".
"Es
importante destacar que su protección no se refiere a meros
intereses conservacionistas sino que responde a las importantísimas
e irremplazables funciones ecosistémicas que los humedales
proporcionan para la vida humana, convirtiéndolos es esenciales para
la vida misma", afirmaron.
"Mitigar
inundaciones y sequías, reservar agua dulce para consumo humano y
animal, preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático,
nunca deviene en pérdida y sólo involucra innumerables y valiosos
beneficios ambientales, sociales y económicos", dijeron.
Fuente:
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Ambientalistas reclaman que el tratamiento de la ley que protege a los humedales, 29/05/16, Télam.
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