El
desmonte sigue siendo una mala noticia para la provincia de Córdoba, y ya es
hora de que los responsables entiendan el enorme daño ambiental que producen,
el cual debe ser remediado lo antes posible.
Pese
al control que realiza la Policía Ambiental y a las leyes que protegen a los
bosques nativos, el desmonte, si bien se ha reducido, sigue siendo preocupante
en distintos ecosistemas de la provincia de Córdoba.
Son
varios miles de hectáreas por año, en su mayoría desmontadas sin ningún tipo de
autorización, lo que conlleva un cambio en el uso del suelo, y ello termina de
alterar el ecosistema. Las graves consecuencias tal vez no sean inmediatas,
pero finalmente se hacen sentir.
El
ciclo destructivo puede describirse en pocas palabras. El punto de partida es
una zona de bosque nativo, con las características propias del lugar. Pueden
ser matorrales y bosques bajos o áreas con árboles de gran porte. Están
igualmente protegidos por ley. El desmonte es ejecutado, por lo general, por
quienes desean sumar ese terreno a la explotación ganadera.
Así,
no sólo se daña la biodiversidad y se reducen de forma drástica los recursos
naturales -por ejemplo, maderas y plantas de uso medicinal-, sino que se
desequilibra el ecosistema: hay menos frutos y flores, y las abejas producen
menos miel y sus productos conexos, de modo que emigran o se reproducen menos,
lo que afecta el proceso de polinización del que dependen muchas plantas.
Baja
la producción de oxígeno y aumenta la de dióxido de carbono, ecuación que no
nos benefició nunca, menos ahora con la amenaza del cambio climático. No hay
plantas que fijen el suelo como antes, y entonces este se lava con las lluvias.
Todas estas alteraciones impactan sobre las cuencas hídricas, lo que causa las
inundaciones que tanto nos asombran de un tiempo a esta parte.
A
la larga, lo que antes era un bosque se transforma en una zona con diferentes
grados de desertificación. La conclusión, aunque parezca elemental y de sentido
común, es que no podemos seguir perdiendo bosque.
Esto
no implica, en absoluto, prohibir la ganadería o perseguir a los productores
ganaderos. Se puede y debe lograr un punto de acuerdo. De hecho, hay
especialistas que recomiendan implementar un manejo de bosque con ganadería
integrada, e incluso modificar la ley actual o su reglamentación, para revisar
criterios que estiman muy rígidos, extremos y poco realistas.
En
paralelo, se debe promover el camino inverso: más que la multa económica a los
infractores de la Ley de Bosques, necesitamos incentivar -y, llegado el caso,
obligar- la regeneración de las áreas intervenidas, la reforestación con
ejemplares autóctonos y su conservación.
Conservar
-o reconstruir, cuando todavía es posible- el equilibrio de los ecosistemas no
es una máxima propia de cierto fanatismo ecológico, que se opone a la
producción de alimentos. Es un objetivo básico de supervivencia. Si no lo
entendemos así, estaremos poniendo en riesgo nuestro futuro.
Fuente:
El bosque y nuestro futuro, 27/04/16, La Voz del Interior.
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