Comités de Bioética, funcionarios, Ciencia digna, conflictos de interés y corporaciones

El Estado no se hace cargo de realizar las investigaciones pertinentes y los organismos oficiales se dedican a buscar inconsistencias en las desesperadas iniciativas autónomas.

Desde la RENACE nos preguntamos a estas alturas del avance del modelo agrícola, cuando se rocían tierras y compatriotas sistemáticamente desde hace más de veinte años con casi 400 millones de litros tan sólo de glifosato cada año; cuando se certificó la presencia de sustancias altamente tóxicas en alimentos y sangre humana; cuando se declararon internacionalmente prohibiciones a productos de uso intensivo en los cultivos, si acaso los comités de bioética (claramente necesarios) accionan de manera suficiente para la defensa de la salud y el ambiente.

En ningún momento los comités de bioética o los colegios de profesionales cuestionaron que el SENASA registre los plaguicidas con estudios que son confidenciales y pertenecen a las empresas, es decir, que no son estudios científicos, por lo que están reñidos, precisamente, con la bioética.

Tampoco se oyó a algún comité de bioética denunciar que el SENASA ignore sistemáticamente todos los estudios que hacen los investigadores independientes, a pesar de que la OMS se expida taxativamente al respecto.

Tampoco un comité de bioética denunció que las normas que regulan las distancias libres de aplicación en los territorios periurbanos están erróneamente basadas en la clasificación toxicológica del SENASA, porque esa clasificación no fue creada para eso. Ello es sistemáticamente ocultado por el SENASA, los comités de bioética y los colegios profesionales.

Los comités de bioética tampoco salieron a pedir estudios epidemiológicos, salvo honrosas excepciones como el Comité de Bioética de la UNC [1], o el de la Universidad Nacional de Mar del Plata que emitió un ejemplar dictamen pidiendo epidemiología y distancias de seguridad sin aplicación de biocidas [2].

Monsanto, Singenta, Bayer, presentan sus estudios de registro de pesticidas sin que comité de bioética alguno, o colegio profesional, o tribunal de revisión analice si son veraces.

Nos preguntamos si acaso, así como necesitamos una ciencia digna, no estamos necesitando imperiosamente comités de bioética verdaderamente independientes, dignos, que no sean el rasero discriminador que utiliza la academia y los colegios de profesionales para evaluar los trabajos que apoyan los pesticidas y los cultivos transgénicos, y los que los cuestionan.

A los funcionarios del sistema de aprobación y liberación de estas sustancias para su uso masivo, a los colegios profesionales de médicos e ingenieros agrónomos que no lo cuestionan, a las entidades académicas asociadas con el sistema que promueve los transgénicos con uso de agroquímicos biocidas es a quienes exigimos que sean sometidos a juicios bioéticos.

Necesitamos, para bien de todos, transparentar esta trama perversa de conflictos de interés, (que con honrosas excepciones que aran en el desierto), han sostenido y promovido este sistema agroalimentario transgénico con el uso de agrotóxicos, y tratado de acallar las voces adversas. Desvelar por qué no hay epidemiología. Por qué no hay registro obligatorio de patologías asociadas a la exposición a estas sustancias.

Necesitamos para bien de todos revisar desde la bioética a todos los componentes de esta trama, los que no hacen lo que hay que hacer para resguardar la salud de las personas y del ambiente. Por omitir, callar, permitir sin analizar y resultar funcionales al sistema corporativo que se apropió de la tierra, del alimento y de la salud de los argentinos.

1. “Sepa el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC que su posición política no agravia el buen nombre y la trayectoria del grupo científico involucrado en la investigación, sino que, deja de lado la cuestión principal que motivó el trabajo cuestionado, que es el valor superior de la salud y la vida de los pobladores de la localidad de Monte Maíz ubicada en la Provincia de Córdoba, República Argentina”.
2. “... puede hablarse del hombre como agente moral, en tanto puede decidir acciones que preserven o devasten el ambiente. Esta capacidad es una evidencia de la dimensión ética frente al ambiente que le obliga a reflexionar acerca de su oikos, de su casa, en sentido ecológico y social. Es innegable que el conocimiento científico de los riesgos de muchas tecnologías o intervenciones ambientales nuevas es incompleto (la falta de pruebas no demuestra la falta de riesgos) y esto por cierto puede estar incluido en las prácticas de buena ciencia y no ser considerado como un obstáculo para la misma. Hablar de riesgos, dice H. Lacey (...), no es mera especulación movida por motivos “ideológicos” y “anticientíficos”; es importante para todos, incluyendo a quienes juzgan que los beneficios de las innovaciones tecno científicas superan con creces el daño que sus efectos colaterales no buscaron (y que con frecuencia, no anticiparon)... Se señala también que es perentorio realizar estudios epidemiológicos en el país”.

Fuente:

Comités de Bioética, funcionarios, Ciencia digna, conflictos de interés y corporaciones, 27/04/15, Red Nacional de Acción Ecologistas. Consultado 30/04/15.