La guerra del agua en Córdoba

Al noroeste de la capital provincial, un caso testigo pone de relieve la crisis del agua en la provincia. El gobierno autorizó un emprendimiento inmobiliario y turístico cerca de la histórica Capilla de Candonga, pero los pobladores denuncian que los dejará sin agua.

por Leonardo Rossi

Desde Córdoba

Las Sierras Chicas cordobesas ofrecen su agreste paisaje, característico por sus ríos y arroyos, a miles de turistas cada verano. Esa belleza natural, ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, está en disputa permanente. De un lado están quienes habitan la zona. Desde otra posición aparecen empresarios que apuestan por la proliferación de barrios cerrados, villas turísticas y campos de golf, entre otras iniciativas. La principal problemática de discusión es el agua, que no pocas veces escasea para los vecinos de las sierras. Un caso testigo es el del proyecto inmobiliario de la empresa Ticupil, en cercanías de la histórica Capilla de Candonga. Resistido por la Asamblea de la cuenca del Chavascate, el emprendimiento en cuestión abarca la captación de agua que abastece a tres poblados serranos, Cerro Azul, Agua de Oro y El Manzano, ubicados a 40 kilómetros de la capital provincial. Un reciente informe de la Universidad Nacional de Córdoba sugiere “la preservación de toda la zona circundante a la obra de captación en el vado de Candonga”, para garantizar cantidad y calidad de agua. Y apunta que “no es recomendable la urbanización de manera absoluta, hasta tanto se realicen las investigaciones del caso”. El Poder Judicial y el gobierno provincial avalan al grupo empresario, que continúa con su avanzada.

En 2010, la Secretaría de Ambiente de Córdoba aprobó el aviso de proyecto de Ticupil mediante la resolución 1200. La empresa comenzó a ofrecer 300 lotes ubicados dentro de las 150 hectáreas de predio, en las que montarán cabañas para turistas, canchas de tenis, fútbol y pileta climatizada. Todo protegido con “vigilancia las 24 horas, alambrado perimetral y control de acceso”. Los vecinos de la zona manifestaron que el proyecto violaba la Ley de Bosques nacional, y su complementaria provincial. Parte del predio se encuentra ubicado en lo que según esas normas se denomina como zona roja, es decir, áreas de alto valor de conservación que no debieran ser intervenidas. Este reclamo desembocó en una denuncia penal por parte de la asamblea contra el ex secretario de Ambiente Raúl Cosa, quien autorizó a Ticupil.

Frente al avance empresario, la organización social también presentó el año pasado un amparo en los Tribunales de Jesús María para detener las tareas en Candonga. Acompañada por la firma de los vecinos, la acción de amparo se basó en la Ley General del Ambiente: “Cuando haya peligro de daño grave e irreversible la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces” para proteger el ambiente. El juez José Sartori hizo lugar al amparo, pero al mes se expidió a favor de la empresa.

El amparo tuvo un curioso capítulo. Los abogados que acompañaron la presentación de la asamblea, Marco Constantino y Juan Smith, fueron denunciados por la empresa e imputados por el fiscal José Almeyda por “estafa procesal”. “Sería un intento de engaño al juez por una supuesta falsedad de las firmas que acompañaban el amparo”, explica Smith. Pero asegura que “el objetivo de fondo era intimidar y dejar a la asamblea sin defensa”. “Esa imputación es lo peor que le pueden hacer a un abogado”, agrega. La medida fue apelada y Smith aclara: “No vamos a dejar la causa a pesar del poder que tienen y sabiendo que son capaces de cualquier cosa”.

Días atrás fue allanada la casa de Carlos Alvarez, uno de los asambleístas, por la desaparición de un cartel de Ticupil. El objeto buscado había sido tomado por una persona que estaba junto a Alvarez en una jornada de manifestación, y el propio miembro de la asamblea hizo una exposición ese día en la comisaría de Salsipuedes, donde entregó el cartel. Sin embargo, semanas atrás, se desayunó con un allanamiento en el domicilio de Córdoba donde reside su madre. “Nos buscan extorsionar, y además no discutir el tema de fondo, que es el agua”, denuncia Alvarez.

Del lado de la empresa oficia de vocero el ingeniero agrónomo Marcos Martínez, ex diputado provincial e hijo del ex vicepresidente radical Víctor Martínez. El técnico de Ticupil plantea un slogan para enfrentar al de la asamblea: “Ellos dicen ‘Candonga no se toca’, nosotros decimos ‘Candonga sustentable’”. “Hay gente que plantea no hacer nada allí, y eso es condenar a toda el área a no ser sustentable socialmente”, analiza. Acerca del daño sobre el bosque y la toma de agua, Martínez señala que “la mitigación prevista compensa el impacto”, mientras que “habrá beneficio por la reconversión de la zona”.

El titular de la Secretaria de Ambiente, Germán Pratto, asegura que “la preocupación y el reclamo vecinal son legítimos”, pero “no está en los planes revisar la resolución 1200”. Pratto apuesta a “generar reuniones para explicar los motivos que dispararon esa resolución”. El funcionario confía en el trabajo realizado por sus antecesores: “El gobierno tiene personal de excelentísimo nivel técnico, y en principio no vamos a cuestionar ese trabajo”.

Para Carlos Alvarez el avance de esta empresa sirve de reflejo para otros actores que “buscan generar un gran polo inmobiliario en esta zona que se volvió muy apetecible”. Aunque mantienen la esperanza en las siguientes instancias, desde la Asamblea son conscientes de que por ahora “Ticupil no tiene ningún impedimento para seguir avanzando”. “Lo único que queda es la movilización social”, arenga Alvarez.

Fuente:

Leonardo Rossi, La guerra del agua en Córdoba, 08/12/14, Página/12.