Tensión en Totoras por aspersión de agroquímicos en un centro educativo

Fernando Duranti, un ingeniero agrónomo especializado en agroecología denunció pulverizaciones irregulares y sospecha que, como represalia, fumigaron su huerta orgánica.

Integrantes del Centro de Educación Agroecológico (CEA) Nº 4 de Totoras denunciaron a productores agropecuarios por no respetar la ordenanza que regula el uso de agroquímicos y aseguraron que fueron víctimas de un atentado en el que le asperjaron plaguicidas sobre la huerta orgánica que cultivan. El tenso conflicto, que comenzó en septiembre último, ocupa durante estos días a las autoridades municipales que intentan mediar entre los intereses económicos de los productores agropecuarios y el reclamo de los vecinos que demandan medidas preventivas para evitar enfermedades derivadas de la aspersión de agroquímicos y el cuidado del ambiente. También interesa a la Justicia que deberá echar luz sobre una situación que se replica día tras día en la mayoría de las poblaciones rurales de las provincias sojeras argentinas.

Lo particular del caso es que el conflicto emerge por el encuentro de dos modelos agrarios que contraponen sus intereses, con el agravante de un Estado ausente a la hora de discernir sobre el asunto o identificado con criterios productivistas y exclusivamente económicos que inclinan la balanza hacia uno de los sectores en puja. Por un lado se ubican los productores que en los años 90 adoptaron el modelo de agricultura industrial, y por el otro quienes están convencidos de que los métodos que garantizan un equilibrio y mantienen los procesos ecológicos de la naturaleza son los que perdurarán en el tiempo y garantizarán una buena calidad de vida para las generaciones futuras.

Todo empezó cuando integrantes del CEA denunciaron aspersiones irregulares en cercanías de la escuela rural y de la vivienda que habita uno de los docentes. "Una mañana llegó al campo vecino una máquina de las llamadas. Mi compañera entrevistó al operador y le preguntó qué producto aplicarían y le pidió que suspenda la actividad porque había mucho viento. El hombre le respondió que sólo utilizaría fertilizante y luego se retiró del lugar", contó a este diario Fernando Duranti, un ingeniero agrónomo especializado en agroecología y docente que habita en el lugar.

"Luego hablamos con la jueza de Faltas y le comunicamos lo ocurrido. Por la tarde vino el dueño del campo y le dijo a mi señora que se meta adentro de la casa porque iba a fumigar igual", relató y agregó que "a partir de ahí hicimos la denuncia ante la jueza y más tarde en la comisaría. Queríamos resolver la situación y que respeten al menos la ordenanza en vigencia que delimita una zona de resguardo de 100 metros".

El docente, junto a profesionales en salud, derecho y ambiente y vecinos preocupados, propuso entonces al Concejo iniciar una serie de debates con especialistas para profundizar los alcances de esa ordenanza. Su máxima inquietud se fundamenta en los resultados del campamento sanitario realizado en 2012 por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Según ese estudio el 85 por ciento de la población cree que la principal causa de muchas enfermedades en la ciudad es el generalizado uso de agroquímicos.

Los legisladores propiciaron el debate y durante la exposición en una de las sesiones irrumpió un grupo de productores "con el objetivo de desvirtuar el aporte general sobre la problemática y centrarla en el episodio de la escuela", explicó Duranti.

Comisión. El Concejo propuso entonces conformar una comisión para discutir el tema y desde el municipio se convocó a una reunión. "El planteo de la jueza y los productores fue reducir la cantidad de metros que establece la ordenanza y desde dónde se medía esa distancia: no estaba claro si se aplicaba desde el límite del terreno o desde la vivienda", sostuvo.

"La jueza envió una propuesta de modificación de la ordenanza para que se contemplen 20 metros desde la vivienda y, a partir de allí, se midan los cien metros que rigen actualmente", aclaró el profesional.

El Concejo no aprobó la modificación y propició un encuentro con los involucrados, especialistas del Inta Oliveros y el intendente. Estos últimos no asistieron. Los afectados propusieron en cambio retomar los datos que arrojó el campamento sanitario y profundizarlos con un estudio epidemiológico de la ciudad. "Queremos saber si con esta prohibición de cien metros la gente se sigue enfermando y no centrar la discusión sobre lo que ocurre en la escuela", añadió el docente.

Como propuesta Duranti también sugirió convocar a los expertos del Inta, de la Facultad de Agronomía y a las instituciones que trabajan alternativas productivas más amigables con el ambiente. Añadió que sería necesario financiar viajes para que los agricultores conozcan experiencias para transformar sus producciones hacia la agroecología "porque además de ventajas ambientales y mejores condiciones sanitarias se gana en mayores índices de rentabilidad. La idea es resolver un problema de una forma participativa y consensuada en la que se involucre a los vecinos y a todos los interesados", indicó.

También aportó la idea de convocar a especialistas para que ilustren a los ediles sobre la situación. El jueves último disertó en el recinto el ingeniero químico Marcos Tomasoni, un investigador sobre el comportamiento y efecto de las derivas en la aplicación de agroquímicos. En ese contexto se convocó a técnicos del Inta para que el próximo martes diserten sobre el tema ante los concejales.

Investigación por un supuesto atentado

Hace dos semanas Duranti y su compañera notaron que los cultivos de la huerta orgánica comenzaron a debilitarse. Luego se secaron y sospecharon que habían aplicado químicos sobre las plantas. “Llamé a dos ingenieros agrónomos y ambos constataron que se aplicó una mezcla de agroquímicos con mochila”, relató Fernando y abundó “considero esto como un atentado porque mientras no advertimos lo sucedido consumíamos de la quinta”.

Sin compromiso. “Mi apreciación es que no hay compromiso. Hablé con los concejales y me expresaron que los productores los fueron a “visitar” -para no decir que los apretaron-, para modificar la ordenanza”, dijo.

“A una reunión llevé cinco proyectos de ordenanza en los que se trata el tema con profunda fundamentación. Como contraparte la jueza llevó una de Arequito que habla de cero metros como zona de resguardo. Hay una parcialidad manifiesta desde los poderes políticos locales o una presión tan fuerte que no les permite hacer un análisis constructivo”, afirmó.

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Fuente:

Tensión en Totoras por aspersión de agroquímicos en un centro educativo, 17/11/14, La Capital.