Hace mucho tiempo que la clausura de la planta de tratamiento de uranio de Alta Córdoba era una cuestión de Estado, pero la Nación hizo muy poco para que la situación fuera menos dramática.
Que la Municipalidad de la ciudad de Córdoba haya decidido la clausura de la antigua planta de Dioxitek en Alta Córdoba puede ser o no una consecuencia de la voladura de un depósito de químicos en la calle Avellaneda, pero en los hechos opera como una magnífica oportunidad para que una cuestión tan sensible sea definitivamente resuelta.
La salud de miles de cordobeses no puede seguir esperando a que la Nación y el municipio acuerden sobre una planta de tratamiento de uranio instalada en el corazón de una barriada densamente poblada.
No se trata de poner en discusión la matriz energética argentina, cuyo componente atómico es resistido por núcleos duros ambientalistas. Este tema excede la cuestión de fondo: ¿cómo pudo suceder que en sucesivas gestiones municipales se haya optado siempre por postergar lo inevitable? Y lo inevitable ha sido y será, lejos de toda duda razonable, el traslado de la planta.
Si la discusión sobre la energía nuclear aplicada es asunto para considerar en otra oportunidad, el reclamo por la coexistencia de los vecinos con el depósito de colas de uranio conocido como “el chichón” no puede seguir esperando mejores vientos.
Desde hace años, se viene insistiendo en que dicha coexistencia es insostenible -por los graves riesgos que implica- y en la imperiosa necesidad de remediar el lugar.
El error de haber autorizado tales instalaciones no muy lejos del Centro de la ciudad puede ser atribuido a la mirada parcial y escasamente documentada de otrora, pero la persistencia de tamaña equivocación ya no puede disimularse. En momentos en que el debate por la cuestión ambiental arrecia, ni la Nación ni el municipio pueden alegar prescindencia.
Han perecido de muerte natural todos los acuerdos antes alcanzados, es cierto, como no lo es menos que en cada oportunidad en que el asunto entró en discusión, las dos partes ingresaron a un toma y daca.
El viejo juego de tolerancia a cambio de favores, juego en el que los vecinos siempre pierden. Pero, una vez más, la Nación ha incumplido, sumiéndose en el perezoso recorrido de las gestiones que nunca se finalizan, agotando todos los plazos posibles.
Si hoy la clausura de la planta luce como la consecuencia de un imposible estado de cosas, esta vez debería ser en serio. Es cierto que no se puede dejar sin combustible a Atucha; tan cierto como que los vecinos de Alta Córdoba ya no deben seguir esperando.
Ante el silencio de la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Ministerio de Planificación Federal, todos y cada uno de los vecinos de la ciudad de Córdoba deberían tener la seguridad de que no serán atrapados en un nuevo laberinto de indecisiones y demoras.
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Fuente:
Punto final para Dioxitek, 16/11/14, La Voz del Interior. Consultado 16/11/14.
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