La ONU aprobó una inédita resolución que obligará a las multinacionales a respetar los derechos humanos. ¿Qué voto cada país de América Latina?
por Lea Ross | @LeandroRoss
El jueves 26 de junio, en la ciudad de Ginebra, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución (HRC 26th-25/06/2014-A/HRC/26/L.22/Rev.1) que significaría un duro revés para las corporaciones. Se trata de un fallo que reglamenta la creación de un grupo de trabajo inter-gubernamental para que, en el plazo de dos años, logren armar un instrumento jurídico internacional que obligue a las empresas trasnacionales a respetar los derechos humanos.
Se trata de “una victoria sin precedentes para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los movimientos sociales”, según señala el movimiento Amigos de la Tierra desde un comunicado de prensa. Si este trabajo entre gobiernos logra llevarse a cabo, se trataría de la primera norma internacional jurídicamente vinculante que va a tener éstas características.
“Antes solo había normas para la protección de los intereses de los inversionistas, como los tratados de libre comercio, pero no había hasta hoy ningún tipo de norma vinculante en el derecho internacional que señalara a las multinacionales como culpables -apunta Diana Aguiar, investigadora brasilera del Transnational Institute, al portal español Público-. Hay muchos casos en los que se ha intentado acceder a justicias nacionales, pero por limitaciones diversas no se ha logrado, y este mecanismo cambia la distribución de fuerzas”.
Se estima que esta inédita resolución fue apoyada por 610 organizaciones sociales de todo el mundo, con sede en 95 países, sobretodo regiones de África, Asia y América Latina. Oficialmente, la resolución fue presentada por los miembros representantes de Cuba, Sudáfrica y Venezuela, junto con otros países como Bolivia y Ecuador.
La iniciativa fue aprobada durante la sesión número 26 del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y fue aprobada por 20 países.
Los miembros que la rechazaron fueron 14 en total y parte de ellos representan a potencias mundiales y/o miembros de la Unión Europea. Entre ellos están Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.
Mientras que los 13 miembros restantes se abstuvieron a votar. Y 6 de ellos son de América Latina. Hablamos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, México y Brasil. Recordemos que según un estudio de la Global Witness, la mitad de los asesinatos perpetrados contra militantes socio-ambientales, durante los últimos diez años, ocurrieron en Brasil (Véase: La sangre derramada).
“La división del voto entre los países del Norte y del Sur muestra quiénes son los que están dispuestos a defender los intereses del capital transnacional y quiénes defiende los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, aseguró Brid Brennan, también del Transnational Institute, desde el portal web de la campaña mundial “Desmantelemos el Poder Corporativo” (www.stopcorporateimpunity.org).
Ahora bien. ¿Cuáles serían los primeros casos que la futura normativa empezaría aplicarse? Para tener una posible idea, resta por conocer una actividad que hubo en Ginebra, unos días antes de aprobarse la iniciativa ya mencionada. Se trata de la presentación que hizo el Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde especificaron doce casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos, cometidas por grandes empresas. Esos doce hechos mencionados, que podrían calificarse como “genocidio”, son los siguientes:
- El famosísimo caso de la petrolera Chevron-Texaco, con la devastación que ha provocado en la selva ecuatoriana, durante el periodo 1964-1992.
- La multinacional Shell, también hizo sus estragos en Nigeria. Desde mediados de los ’50, ha derramado un millón y medio de toneladas de petróleo en el país africano.
- Un tercer caso lo padece el pueblo de Palestina, donde la distribución del agua es discriminada por la corporación Mekorot, empresa estatal de Israel.
- En agosto de 2012, en Sudáfrica, se produjo una serie de represiones feroces de la policía hacia los trabajadores de la minera Lonmin, dejando un saldo de 34 asesinatos.
- Desde 1992, siete trabajadoras colombianos de Coca-Cola fueron asesinados en condiciones poco claras.
- Comunidades originarias de Guatemala, además, denuncian a la empresa española Hidralia, de recurrir a todo tipo de crueles tormentos contra quienes se oponen a la construcción de una represa en el río Barillas.
- Finalmente, los restantes casos consisten en vejámenes que provocó la mega-minera anglo-suiza Glencore Xstrata en siete países distintos.
Estamos hablando de la multinacional que es dueña de La Alumbrera, que explota las tierras de la provincia argentina de Catamarca. Además, es socia de una seleccionadora de semillas de soja, ubicada en el departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, considerada como la más grande de su tipo en toda América Latina.
Finalmente, el politólogo Atilio Borón analizó desde su blog las abstenciones que hubo de parte de seis países latinoamericanos: “Puede ser comprensible que Chile, Costa Rica, México y Perú -países seducidos por el canto de sirena y las engañifas de la Alianza del Pacífico y sumamente proclives a obedecer las órdenes de la Casa Blanca- se hayan plegado al mandato de Estados Unidos y sus aliados. ¿Pero cómo explicar que también lo hayan hecho Argentina y Brasil? El delegado argentino, ¿se habrá abstenido para no desgraciar a su país con la Chevron, involucrada activamente en la explotación de los yacimientos de petróleo no convencional de Vaca Muerta o para no entorpecer las cordiales relaciones establecidas con las transnacionales mineras que están destruyendo el ecosistema de la cordillera de los Andes? Y el representante del Perú, ¿se olvidó de los desastres que la Newmont Mining Corporation está haciendo en Cajamarca o la Xstrata en el Proyecto Tintaya? Y el de Brasil, ¿ignora la devastación ambiental y social producida en Carajas, en la Amazonía, donde una transnacional instaló la mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo? No es esta la ocasión para seguir agregando numerosos ejemplos del impacto violatorio de los derechos humanos perpetrado por las transnacionales en cada uno de los países que se abstuvieron de acompañar con su voto a Ecuador y Sudáfrica. Con lo dicho basta y sobra”.
Fuente:
Lea Ross, Un duro revés para el genocidio corporativo, 03/07/14, ECOS Córdoba.
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