por Medardo Avila Vazquez
La Legislatura provincial debate un proyecto de ley de política ambiental enviado por el gobernador José Manuel de la Sota. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados suscribe lo expresado al respecto por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Tamarit, en el sentido de que no significa un avance real sobre la ley ambiental nacional de presupuestos mínimos.
El proyecto posee múltiples expresiones de carácter declarativo innecesarias y es urgente la aplicación de la normativa nacional, sin restricciones. Venimos estudiando la salud ambiental en la provincia desde hace años y entendemos que la realidad ecológica y sanitario-ambiental es sumamente grave. Y, con este proyecto, el Gobierno demuestra que continúa negando esta situación.
La Provincia parte de reconocer un clima de disputas vinculadas a temas ambientales e intenta crear un clima de “convivencia ambiental”; niega que exista una disputa por derechos a la vida, a la salud y al ambiente sano, violados por emprendimientos privados y del Estado.
También oculta que estas disputas se enmarcan en un panorama atravesado por 15 años de políticas extractivistas que exterminaron el bosque nativo; que ocasionaron niveles de contaminación del suelo, el agua superficial, subterránea e incluso del agua de lluvia con agrotóxicos, inéditos en el mundo; y que causaron la destrucción de la biodiversidad de la mano de un modelo de agronegocios extensivo y tóxico que hizo resurgir enfermedades olvidadas, como el dengue o la leishmaniasis.
Ante la desaparición acelerada de nuestros bosques y montes, esta ley debería declarar una moratoria de desmontes de por lo menos 10 años. Ya no es aceptable considerar áreas rojas, amarillas y verdes. Toda la provincia está en rojo.
La crisis hídrica provincial es ignorada en este proyecto. Los requerimientos de agua hoy se sostienen por desarrollos realizados hace 80 años y no hay forma de sacarles más agua a ríos y lagos maltratados. Las cuencas de nuestros humildes ríos están abandonadas y los incendios devoran nuestras fábricas de agua ante la impericia de un millonario Plan de Manejo del Fuego.
La crisis hídrica provincial es ignorada en este proyecto. Los requerimientos de agua hoy se sostienen por desarrollos realizados hace 80 años y no hay forma de sacarles más agua a ríos y lagos maltratados. Las cuencas de nuestros humildes ríos están abandonadas y los incendios devoran nuestras fábricas de agua ante la impericia de un millonario Plan de Manejo del Fuego.
Se debería determinar la inmediata concreción del estado de “reserva hídrica” en todas las cuencas y revisar las actividades antrópicas en esos territorios, garantizando su protección.
Amenazas
El proyecto ignora que la población de la provincia se encuentra asolada por patologías de base ambiental, entre las que se destacan las neumopatías, el hipotiroidismo y la diabetes precoz, trastornos inmunitarios y sensibilización múltiple, TGD y autismo, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y cánceres.
Un ejemplo de ello se vio cuando el Instituto del Cáncer provincial reconoció, en el juicio de barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, que tiene registrados 68 mil cánceres y que 50 mil se expresan en vecinos del interior provincial: vivir en el interior genera un riesgo tres veces mayor de tener cáncer que viviendo en la Capital.
Hoy en Córdoba se aplican 74 millones de litros de plaguicidas por año. Esto significa 22 litros de venenos por cordobés. Debemos prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial en los mismos términos en que fueron prohibidas por la Unión Europea en 2009. Y alejar de zonas habitadas las fumigaciones terrestres con cualquier tipo de agrotóxicos.
Pero este proyecto sólo busca favorecer inversiones como las de Monsanto y controlar la protesta social.
Residuos
La basura en la provincia es un negocio; para el proyecto, este problema no existe. Los residuos sólidos urbanos son quemados a cielo abierto o enterrados sin separación ni tratamientos; nada se recupera. Cada año aumenta más y más la basura, lo que amplía un negocio que genera contaminación y amenaza a la población.
Esta ley debería determinar que todas las localidades cuenten con su propia gestión de residuos sólidos urbanos y programas para reducir la generación de basura, separación en origen, reciclado y enterramientos sanitarios en sus propios ejidos de los residuos remanentes.
No podemos aceptar zonas de sacrificio ambiental. La gestión de la basura nunca puede ser considerada un negocio: es un problema de salud pública y responsabilidad del Estado municipal y provincial.
Para este proyecto, Córdoba se encuentra en el Jardín del Edén, sólo hay disputas por apropiación de recursos naturales. Pero Córdoba está inserta en la frágil región semiárida de país y venimos destruyendo nuestro entorno en beneficios de pocos.
El ambiente es utilizado como un “medio” para negocios, un recurso para reproducir capital rápidamente sin considerar los impactos generados en la naturaleza, daños que no se pueden recuperar al ritmo de la destrucción por la intensidad de explotación que las nuevas tecnologías permiten, lo que genera el pasivo ambiental y sanitario que sufrimos todos.
A este delicado panorama de desertificación y desmonte, contaminación masiva con pesticidas, crisis hídrica y manejo irracional de la basura, se suma el cambio climático, con su secuela de inestabilidad y tempestades inusitadas, sequías e inundaciones.
Cambio climático
El proyecto ignora la urgente necesidad de impulsar políticas de mitigación del cambio climático como propugna el Panel Naciones Unidas, y cualquier política responsable en ambiente debe considerar este peligro. Una ley de política ambiental para la Córdoba de hoy debe comenzar declarando el estado de emergencia ambiental del territorio provincial, con todo lo que esto significa.
La política para resguardarnos del cambio climático debería direccionar todas las acciones y programas para amortiguar de alguna manera el daño que este nos ocasione en los sectores más frágiles de nuestra ecología.
El primer paso es reconocer cuál es la situación, tener un diagnóstico ecológico de la provincia. Por desgracia, el Gobierno es una agencia de negocios que mejora cualquier oferta, sólo preocupado por las encuestas que puedan poner en peligro sus intereses de facción.
Conexiones
Salud y ambiente componen un vínculo muy fuerte, y muchas veces invisibilizado. La fluidez de la materia de nuestro cuerpo es enorme y no somos conscientes de ella. Creemos que somos de la misma materia siempre. Estudios radioisotópicos revelaron que, en un año, el 98 por ciento de los átomos que componen nuestros tejidos y células son totalmente sustituidos. La piel es nueva en cinco semanas y el esqueleto se renueva en 12 meses.
El flujo de oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno es rapidísimo; sólo los átomos de hierro, magnesio y cobre más pesados demoran el recambio. El intercambio de materia con el ambiente en que vivimos es permanente, por lo que la salud del ambiente es una condición para la salud colectiva.
Este proyecto intenta amañar las consultas populares ambientales; para nosotros, estas deberían poder ser convocadas por iniciativas de las personas cuando se sientan amenazadas en sus derechos y ser concretadas con todas las garantías democráticas, con gestión de la Justicia electoral y equidad de presupuestos.
Deberán ser vinculantes; su resultado negativo significa denegar la licencia social y rechazar el emprendimiento. Respecto de la factoría de Monsanto en Malvinas Argentinas, si se intenta llevar adelante una consulta popular para concretar un renovado proyecto, esta Red de Médicos aconsejará a la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida que no participe si no existen garantías democráticas concretas de que el proceso será trasparente y equilibrado.
El doctor Medardo Avila Vazquez es Coordinador de Red Universitaria de Ambiente y Salud, Médicos de Pueblos Fumigados
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