La coalición “Córdoba No Nuclear” denunció hoy que ya se vencieron los 60 días de plazo establecidos por la Ley de Iniciativa Popular para que el presidente de la legislatura local gire el proyecto de desnuclearización de la provincia a las comisiones correspondientes. Los impulsores de la iniciativa reclamaron por las trabas a las que está siendo sometido el proyecto, ya que presentaron las 25.000 firmas necesarias para que se aplique la ley 7811 que obliga a los legisladores a tratarlo.
Ahora, para dilatar aún más los tiempos, los legisladores piden a las organizaciones la certificación de las firmas a un costo de 3 millones de pesos.
“Nos están pidiendo que certifiquemos las firmas a un costo imposible, un requisito que es prácticamente prohibitivo no sólo para las ONG sino también para cualquier iniciativa ciudadana. Lo que entendemos es que, además, este pedido es sólo una excusa, una traba para que el proyecto por una Córdoba No Nuclear no sea tratado“, dijo Mauro Fernández, de Greenpeace.
Las organizaciones que realizaron una campaña masiva para obtener el 0,8 % del padrón electoral como aval del proyecto de ley de desnuclearización de la provincia, reclaman que las firmas sean validadas por la Justicia Electoral.
“Con las firmas entregadas hemos superado ampliamente la cantidad exigida por la Ley 7811. Como organizaciones de la sociedad civil demandamos que las firmas sean validadas por la Justicia Electoral, como lo hacen los partidos políticos con la certificación de sus adhesiones y afiliaciones. Es un disparate demandarnos esa cantidad de dinero“, señaló Juan Carlos Villalonga, presidente de la Junta Directiva de Los Verdes.
Hoy, a modo de reclamo, presentaron cinco mil firmas adicionales para demostrar el interés de los cordobeses en el tratamiento de la Ley. Además se presentó también una carta en la que se denuncia la demora.
La ley 7811 regula los mecanismos de participación en la provincia y establece que los ciudadanos pueden proponer proyectos siempre que los suscriba un número de electores superior al 0,8 % del padrón. Luego que el proyecto sea girado a comisión, la legislatura tendrá 120 días para tratarlo.
Por su parte, Germán Emanuele, representante de la ONG Poder Ciudadano, consideró que “la obligación de certificación, mediante escribano público, de las firmas presentadas, va en contra del espíritu propio que tiene la Iniciativa Popular regulada tanto en la Constitución local como en la nacional. Imponer un requisito tan restrictivo viola categóricamente esta herramienta de democracia semidirecta y convierte a la Iniciativa Popular en un derecho muerto, que no puede ser ejercido por un ciudadano, que es el titular ese derecho”.
La campaña es impulsada por la coalición Córdoba No Nuclear, integrada por CEDHA, Eco-Sitio, Fundación Hölderin, FUNDEPS, Greenpeace, Los Verdes y Fundación TierraVida y busca prohibir en el territorio de la provincia la generación nucleoeléctrica, la construcción de repositorios nucleares, el transporte de material radiactivo y la extracción de minerales nucleares a partir del 1 de enero de 2014.
Fuente:
La Legislatura traba el proyecto de Iniciativa Popular para declarar a Córdoba “No Nuclear”, 04/11/13, Los Verdes. Consultado 04/11/13.
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