Perseguida por la polémica y las criticas de la oposición y
las ONG, la central de Santa María de Garoña (Burgos), uno de los ocho
reactores que operan en España, deberá cerrar este sábado tras 42 años de
actividad, tal y como contempla una orden del Ministerio de Industria y
Energía.
No obstante, Industria iniciará los cambios normativos
necesarios para que siga con la actividad "si así fuera posible",
anunció el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
"Dado que el cese se produce por motivos económicos y no de
seguridad", el Ministerio de Industria procederá a dichas modificaciones
normativas, explicó la portavoz del Ejecutivo en rueda de prensa tras el
Consejo de Ministros.
En la Orden Ministerial de cierre se deja claro que la
actividad deber cesar el día 6 de julio, "aún cuando no existan razones de
seguridad nuclear y protección radiológica que lo exijan, y la empresa titular
de la instalación haya invocado razones económicas para no solicitar la renovación
de la autorización de explotación".
Ante esta orden, el PSOE ha recordado
al Gobierno que "Garoña pasa a estar bajo el control del Consejo de
Seguridad Nuclear" y le insta a "abandonar la actitud de
mangoneo" sobre este organismo.
El secretario de Ordenación del Territorio
y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha advertido en nota de prensa de que su
partido "no tolerará ninguna intromisión en unas funciones que han de
estar presididas por la defensa del interés general, máxime en una materia tan
sensible como la seguridad nuclear".
A la espera de los cambios
La empresa
propietaria de la planta, Nuclenor, que forman Endesa e Iberdrola, asegura que
conservará la plantilla de trabajadores y se mantendrá lista para volver a
operar.
De hecho, en las últimas horas, Nuclenor ha emitido un comunicado en el
que reitera que la declaración de cese llega como consecuencia de la entrada en
vigor de la nueva Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética ,
cuya aplicación supone un aumento de los costes de la planta en más de un 30 %.
Nuclenor recuerda que los indicadores de Garoña en los últimos cuatro
años sitúan a la planta entre las mejores centrales nucleares del mundo de su
tecnología, con un 94,78 % de disponibilidad en 2012 y entre un 90 y 95 % de
factor de operación medio en la última década.
También señala que Garoña ha
recibido evaluaciones positivas en cuanto a seguridad del Consejo de Seguridad
Nuclear español, pero también se ha sometido con éxito a seis evaluaciones de
organizaciones internacionales en los últimos años.
Como garantía de su
voluntad de mantener la central en condiciones óptimas de operación, Nuclenor
ha recordado que en 2012 invirtió en la instalación más de siete millones de
euros en proyectos exclusivamente destinados a la continuidad.
También entre
los años 2009 y 2012, a
pesar de tener un horizonte incierto, Nuclenor realizó inversiones por más de
50 millones de euros e incorporó a su plantilla a 25 nuevos profesionales.
Sin
embargo, la planta, que es la más antigua de España y comenzó a funcionar en
1971, lleva parada y desenganchada de la red eléctrica desde diciembre de 2012
para evitar el pago de la nueva tasa sobre combustible irradiado, que supondría
unos 153 millones de euros y haría la planta "inviable
económicamente", según Nuclenor.
Acciones ecologistas
Por su parte,
Greenpeace ha considerado que modificar las normas para permitir la reapertura
de Garoña "es delictivo" y ha animado a reivindicar este domingo su
cierre total en la XXIV
Marcha contra la central nuclear de Garoña, que en los
carteles de la convocatoria figura como "la última marcha contra
Garoña", aunque fuentes de la Coordinadora Antinuclear
ya apuntan que es probable que haya más ediciones.
A juicio de Greenpeace, la
orden está basada en "motivos económicos y no de seguridad" para
favorecer los intereses de la compañía energética por encima de la seguridad de
la ciudadanía, puesto que ha obviado todas las exigencias del Consejo de
Seguridad Nuclear.
También Carlos Bravo, portavoz de Salvia, considera que hay
un intento por parte del Gobierno de manipular la normativa para "servir a
intereses particulares", en el marco de un proceso que ha calificado de
"surrealista".
Bravo ha criticado además los cambios normativos que
pretende el Gobierno, y considera que "tiene visos de ilegalidad", ya
que lo que el Ejecutivo pretende es aplicar retroactivamente una ley que
todavía no está aprobada para permitir que Garoña no tenga que pedir una nueva
licencia para reabrir, y simplemente una prórroga, lo que conllevaría menores
exigencias.
Cerrada "de hecho"
La planta está "cerrada de
hecho", según afirma el portavoz de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis
Oviedo, que recuerda que cumplir los requerimientos del Consejo de Seguridad
Nuclear para que Garoña volviera a producir energía supondría no menos de 140
millones de euros de inversión.
El portavoz
estatal de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco Castejón,
considera que la "razón real" que lleva a Nuclenor a no querer que
Garoña vuelva a operar es que es una "central obsoleta" y ni siquiera
con las inversiones a que obliga el Consejo de Seguridad Nuclear hay garantías
de que no aparezcan nuevos problemas que obliguen a mayores inversiones o a un
cierre definitivo.
Mientras, el alcalde del Valle de Tobalina, donde está
Garoña, Rafael González, asegura que los vecinos, igual que los trabajadores de
la central, quieren que se aclare qué va a ocurrir finalmente con la nuclear.
En todo caso, pide que, "pase lo que pase", se realicen inversiones
en la zona para que haya una alternativa económica, porque "de la planta
dependen empleos directos, pero también negocios de los pueblos del entorno y
parte de los impuestos municipales".
Fuente:
La central de Garoña cierra este sábado en medio de la polémica y tras 42 años de actividad, 06/07/13, 20minutos.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario