Los esclavos de la soja

La AFIP detectó en un campo la presencia de 157 trabajadores no declarados, entre los que había menores de edad. Vivían en chozas precarias y la comida debían comprársela al empleador.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió a 157 trabajadores no declarados, entre los que también había menores de edad, que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda, en una finca dedicada al desmonte de campos, ubicada a 30 kilómetros de la localidad de Dragones, al norte de la provincia de Salta.

El operativo se realizó sobre dos predios, que en total suman 16.600 hectáreas, cuyo propietario declaró ventas totales por 70 millones de pesos en 2012. Según la inscripción en la AFIP, el titular de los campos se dedica al cultivo de maíz, soja, oleaginosas y legumbres secas, transporte de mercaderías a granel y servicios inmobiliarios. El productor compra y desmonta terrenos para plantar soja durante cuatro años y después venderlos. Además, también tiene a cinco contratistas en negro.

Los inspectores constataron que los trabajadores, incluidos mujeres y niños, residían en los campos rurales en condiciones infrahumanas. Los trabajadores precarizados habitaban chozas construidas con plásticos y palos sobre la tierra que eran provistos por su empleador. Además, no poseían agua corriente, energía eléctrica, sanitarios, primeros auxilios ni sistemas de comunicación. Dormían en condiciones de total precariedad, sin elementos de aseo personal ni domésticos.

Entre otras irregularidades, se verificó que la familia de un trabajador, compuesta por el matrimonio y sus hijos de 3 años, 2 años y 6 meses, dormía en una choza armada con palos y tela plástica, con un único colchón, lo que obligaba a algunos de ellos a descansar sobre la tierra.

Además, el lugar era insalubre, con temperaturas extremas y una gran presencia de insectos, víboras y otros animales, sin contar con medios de traslado y asistencia sanitaria. Las necesidades fisiológicas debían ser satisfechas a cielo abierto, a metros de las chozas y en letrinas.

En cuanto a la alimentación, los trabajadores se veían obligados a comprar las mercaderías a su empleador, quien posteriormente se las descontaba de sus ingresos, con lo cual se veían significativamente recortados.

Por otra parte, los niños no podían asistir a ningún establecimiento escolar, debido al aislamiento al que se veían sometidas las personas, dado que no contaban con ninguna posibilidad de desplazamiento hasta la localidad de Dragones, la más cercana a la finca, ubicada a 30 kilómetros.

Los lugares visitados tampoco cuentan con elementos de seguridad laboral, y se verificó también la falta de la indumentaria requerida por el alto riesgo que implica este tipo de tarea.

En virtud de las condiciones advertidas durante el operativo, la AFIP presentó una denuncia ante el Juzgado Federal de Orán e informó a los organismos del Estado nacional competentes en la lucha contra el trabajo ilegal, infantil, explotación laboral o sexual y trata de personas ante la presencia de situaciones de trabajo ilegal.

El procedimiento se realizó con el apoyo de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina.

Fuente:

Los esclavos de la soja, 11/04/13, Página/12.