Los conflictos sociales vinculados a la minería continuarán
en la agenda política en 2013 y en los próximos años en Perú.
Los conflictos mineros seguirán, a menos que el gobierno
aplique reformas al abordarlos, según un informe presentado por organizaciones
defensoras del medio ambiente.
"Los conflictos siguen latentes y en cualquier momento
se pueden producir nuevos estallidos", según el 'Observatorio de
Conflictos Mineros', de las ONGs Fedepaz (Fundación Ecuménica para el
Desarrollo y la Paz ),
CooperAcción (Acción Solidaria para el Desarrollo) y Grufides (Grupo de
Formación e Intervención para el Desarrollo).
José de Echave, exviceministro del Medio Ambiente en la
primera etapa del actual gobierno, subrayó, al presentar el informe, que hay
una tendencia a la expansión y aumento de las concesiones mineras en diversas
partes del país, a la vez advirtió que "es imposible no aceptar que se
requieren cambios".
El informe puntualiza que la estrategia del gobierno no ha
variado y se basa en la "tesis del complot" con la cual el gobierno
intenta explicar los conflictos que "responderían a las mismas causas y
desarrollan idénticas estrategias antimineras y con el mismo modus
operandi".
"Tampoco se reconoce ninguna demanda o agenda legítima
de parte de las poblaciones y sus organizaciones", precisa el observatorio
que destaca que hay una tendencia a criminalizar las protestas sociales.
De Echave explicó que el principal conflicto que vivió Perú
este año fue el derivado del proyecto aurífero y cuprífero Conga, que intenta
desarrollar la estadounidense Newmont en Cajamarca (norte), con una inversión
de 4.800 millones de dólares.
El caso generó enfrentamientos que dejaron cinco muertos en
julio entre la policía y pobladores opuestos a la ejecución del proyecto, al
que acusan de querer destruir sus fuentes de agua.
Pablo Sánchez, de Grufides, dijo que "las aguas no se
han calmado en Cajamarca" y pese a que el gobierno anunció en agosto la
suspensión del proyecto, la minera sigue operando en la construcción de
campamentos y en compra de maquinaria.
Sánchez denunció que las autoridades del gobierno consideran
"zonas de sacrificio" aquellas áreas donde se busca "imponer a
la fuerza proyectos mineros, sin respeto a los derechos de las comunidades y
con ausencia absoluta de canales democráticos".
De Echave anotó que hay que mirar con mucha atención
regiones del sur peruano donde se proyecta desarrollar proyectos mineros donde
podrían producirse conflictos.
En noviembre el subsecretario general de la ONU y director regional del
PNUD, Heraldo Muñoz, de visita en Lima, dijo que "criminalizar las
protestas es un grave error" y que ante los conflictos sociales "los
gobiernos tienen que enfrentarlos con diálogo y negociación".
Fuente:
La minería seguirá provocando conflictos en Perú, 13/12/12, Observador Global.com. Consultado 13/12/12.
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