Ya hay cuatro en la provincia de Córdoba. Imputaron esta
semana a dos productores de un campo pegado a Villa Ciudad Parque.
por Carina Mongi
y Fernando Colautti
De este modo, en Córdoba suman cuatro las causas judiciales
por pulverizaciones con agroquímicos que podrían afectar a vecinos de zonas
pobladas. Una ya llegó a juicio, con dos condenas: el caso de barrio Ituzaingó
Anexo, en la ciudad de Córdoba. Otra, espera que se fije la fecha de audiencia,
por una denuncia originada en Colonia Tirolesa. Una tercera, aún en
investigación aunque con dos imputados, está abierta en los Tribunales de Deán
Funes por denuncias en Villa de María de Río Seco.
La última. En el caso de las más nuevas imputaciones, la
medida fue decidida por el fiscal Alejandro Carballo, de los Tribunales de Río
Tercero, como consecuencia del reclamo de familias que denunciaron presuntas
pulverizaciones fuera de las normas vigentes y que plantearon que su salud
podría estar en riesgo. Alegaron que algunas fumigaciones se realizaron “a tan
sólo 20 metros ”
de sus viviendas.
Una fuente de la
Fiscalía que confirmó a este diario las imputaciones, confió
que recién la próxima semana se revelarán las identidades de los productores,
además de los resultados de una batería de medidas impuestas por Carballo.
Los productores están siendo investigados por el presunto
delito de contaminación ambiental que pondría en peligro la salud humana.
Aunque los argumentos de la resolución judicial se darán a conocer en los
próximos días, fuentes judiciales marcaron que el fiscal haría una
interpretación jurídica similar a la que llevó a la Cámara 1° del Crimen de
Córdoba a dictar sentencia, en agosto pasado, contra un productor y un aeroaplicador
por el caso del capitalino barrio Ituzaingó.
Pueblo y conflicto. Con apenas mil habitantes, Villa Ciudad
Parque fue de las primeras localidades cordobesas donde sus vecinos empezaron a
movilizarse contra las fumigaciones pegadas a la zona urbana.
Hace tres años, una resolución comunal prohibió las
aplicaciones a menos de 500
metros de sectores poblados y cauces de agua. Pero esa
norma no pudo ser aplicada porque un productor afectado presentó un recurso de
amparo, al que en los Tribunales de Río Tercero le hicieron lugar.
El Juzgado que ordenó suspender su aplicación aún no
resolvió la cuestión de fondo, respecto de la constitucionalidad de la
resolución comunal. El planteo radicó en que esa norma local avanzaba por sobre
la ley de agroquímicos provincial, que permite aplicaciones pegadas a zonas
urbanas, aunque bajo ciertos requisitos.
Pablo Riveros, referente del colectivo Paren de Fumigar y
secretario de la comuna de Villa Ciudad Parque (por la minoría), indicó que esa
norma fue derogada por la comuna, así como su adhesión a la ley provincial. “En
este momento, está acéfala de reglas que regulen el uso de agrotóxicos”, dijo.
De viaje en Francia, el jefe comunal, Héctor Polcan, negó a
este diario que esa resolución haya sido derogada, pero recordó que no tenía
sustento a causa del amparo judicial. Dijo que su aplicación “está en manos de la Justicia ”.
Ya hubo en Villa Ciudad Parque varias situaciones
conflictivas que enfrentaron a algunos productores con vecinos. En algún caso,
hasta con escenas de violencia.
El mes pasado, se registró una manifestación en la comuna,
luego de que se reiniciaran tareas de fumigación. Y hubo una denuncia penal,
que generó estas imputaciones.
Los vecinos movilizados plantean que sigue pendiente un
acuerdo pautado tres años atrás entre la comuna y los productores en cuestión,
respecto a crear una cortina forestal y a solicitar a la Universidad Nacional
de Río Cuarto un estudio de toxicidad del glifosato, que la ley provincial
admite aplicar a metros de viviendas.
La primera condena judicial en Sudamérica
La de Ituzaingó Anexo fue la primera condena judicial en
Sudamérica por fumigaciones pegadas a zonas urbanas.
El 21 de agosto pasado, la Cámara 1° del Crimen de Córdoba condenó a un
productor y a un aeroaplicador por contaminación dolosa. La causa en su contra
había sido iniciada en 2004,
a partir del reclamo de vecinos de barrio Ituzaingó
Anexo, por los problemas de salud que observaban en el sector. El fallo, basado
en leyes nacionales, consideró que los productos que se manipulan en las
fumigaciones pueden producir daños en el ambiente y en la salud, si no se
aplican según las normas. El caso no está cerrado: las condenas, que no
superaron los tres años y son excarcelables, fueron apeladas y terminará siendo
el Tribunal Superior de Justicia el que fije el criterio final.
En 2013, Córdoba será escenario del segundo juicio por una
causa similar, generada a partir de denuncias por pulverizaciones en sembradíos
de papa en Colonia Tirolesa, localidad vecina a Córdoba Capital. En ese caso
hay un imputado, acusado de haber hecho aplicar en 2008, en su campo pegado al
pueblo, el producto Engeo, producido por Syngenta, catalogado por el Senasa
como de alta toxicidad. La
Fiscalía sostuvo que lo hizo sin contemplar los requisitos de
la ley provincial de agroquímicos ni las recomendaciones del propio fabricante.
Horas después, 25 vecinos acudieron al dispensario municipal de Colonia
Tirolesa, desde donde fueron derivados a hospitales de Córdoba, con
irritaciones en ojos y garganta y dificultades para respirar. Fueron lesiones
leves pero aparentemente adjudicables al contacto con el plaguicida.
La tercera causa judicial abierta está en etapa de
investigación aún, sin definición para elevarla o no a juicio. Se tramita en
los tribunales de Villa Dolores, a raíz de una denuncia de vecinos de Villa de
María de Río Seco, localidad cercana al límite con Santiago del Estero. Allí,
un productor y un aplicador aéreo están imputados por supuestas pulverizaciones
hechas sin cumplir la ley provincial de agroquímicos.
La de Villa Ciudad Parque, ahora, es la cuarta.
Pioneros en denunciar, y en tomar conciencia
Córdoba, claro, no es la única provincia del país con
problemas por las fumigaciones realizadas en malas condiciones, con sus
eventuales problemas para la salud de la población.
por Edgardo Litvinoff
Hay amparos firmes en la provincia de Buenos Aires, en Santa
Fe, en San Juan o en Salta, para prohibir o frenar las pulverizaciones. Hay,
también, un caso testigo en Corrientes: en octubre pasado, la Justicia procesó a un
productor agropecuario bajo la figura de “homicidio” por la muerte de Nicolás
Arévalo, un niño de 4 años que en abril de 2011 pisó un charco contaminado e
inhaló agroquímicos provenientes de una tomatera, en el pueblo de Lavalle.
Sin embargo, pese a estos avances en materia ambiental,
pocos se igualan a los de Ituzaingó Anexo, causa pionera que se convirtió en un
emblema de las consecuencias de los agrotóxicos para la población.
A partir de esa lucha, que comenzó con un grupo de madres y
vecinos de ese barrio del sur de la ciudad, se fueron creando otros colectivos
de gravitación nacional, como Paren de Fumigar o Médicos de Pueblos Fumigados.
No por casualidad la provincia de Córdoba tiene ahora cuatro
causas judiciales que avanzan un paso más en la cuestión de fondo: cómo lograr
que la actividad agraria contemple la protección de la salud de la población, y
penar a quienes no tomen los recaudos para ello.
No por casualidad, tampoco, Córdoba avanzó antes que otras
provincias en las restricciones para fumigar en zonas urbanas: ya hay 18
localidades con ordenanzas que crean zonas de resguardo de distintas medidas
(entre 200 y 1.500
metros ) en las cuales no se puede arrojar agroquímicos.
En el último encuentro de la Coordinadora Nacional
de Pueblos Fumigados se decidió hacer relevamientos sobre la situación de niños
y escuelas que se encuentran cerca de campos fumigados. También, preparar una
campaña nacional para que la gente denuncie cuando detecta enfermedades
relacionadas con la utilización de agroquímicos en campos.
El gran legado de Ituzaingó Anexo es, más allá de su
resultado, crear conciencia sobre una problemática innegable.
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La primera condena judicial en Sudamérica, 16/11/12, La Voz del Interior.
Edgardo Litvinoff, Pioneros en denunciar, y en tomar conciencia, 16/11/12, La Voz del Interior.
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