Con las comunicaciones virtualmente cortadas, la provisión
de agua disminuida y la permanente presencia policial; la Comunidad Indio
Colalao en Base Riarte sobrevive al aislamiento, y a a las balas.
Llegar a la
Base Riarte no es fácil. La ruta se bifurca porfiada
infinidad de veces hasta convertirse en un sendero que hay que andar a pie.
Queda en el norte tucumano pero para llegar, hay que cruzar el límite con Salta
y volver a ingresar a la
Provincia. No hay una sola señal que anuncie que uno ha
llegado: sólo la presencia de los comuneros que, fieles a su cultura solidaria,
siempre reciben al visitante con un mate dulce.
“Acá están enterrados nuestros ancestros, nuestros lugares
de culto, nuestras casas y nuestra historia”, explica una de las comuneras.
“Por eso es que hemos resistido el desalojo, porque hemos vivido siempre en
armonía con la naturaleza, solidariamente, y si ellos logran corrernos, las
generaciones futuras nunca van a saber que acá hubo habitantes originarios que
mantuvieron una cultura milenaria de respeto y amor a la Pachamama ”.
El desalojo del que habla comenzó en la década del 90, pero
tuvo su episodio de violencia más cruel en julio de este año, cuando cerca de
300 policías ingresaron al lugar para expulsar cerca de 50 personas desarmadas.
“Llegaron el 4 de julio con una orden de desalojo. Vinieron
con armas, a caballo, en colectivos y camionetas. Durante todo el día tratamos
de negociar para que no nos corran, incluso firmamos un acta donde se
establecía el compromiso de no reprimir. Pero cuando comenzó a caer la noche, y
los medios de prensa se fueron, comenzó la violencia. Entraron a caballo
haciendo disparos con balas de plomo, persiguiendo a cualquiera, sin
importarles que sean niños o ancianos. Aprovecharon la falta de luz, la ausencia
de periodistas, hicieron lo que quisieron. Acá no hay señal de celular, pero
una compañera se llegó hasta una lomada y logró relatar para una radio lo que
estaba pasando. Cuando todo terminó, las familias que resistieron quedaron
cercadas por la Policía.
Las otras debieron irse por ahí, a buscar dónde vivir”,
recuerda la comunera.
El aislamiento
Los ancianos de la comunidad recuerdan viejas épocas, en las
que la convivencia con la familia Prat Gay, antiguos terratenientes del lugar,
era bastante harmónica: “Nos permitían tener nuestros cultivos, realizar
nuestros ritos y enterrar a nuestros muertos. También algunos trabajábamos en
sus campos” relata un anciano de la comunidad.
Sin embargo Jorge Prat Gay había contraído numerosos
créditos, por los cuales había puesto en garantía las tierras de Base Riarte.
En 2003 el Banco Central, presidido por Alfonso Prat Gay, ejecutó esa garantía
y cedió el territorio a los empresarios Freddy Moreno Núñez Vela (titular de la
empresa Zanja Honda) que, junto a Jorge Posse (dueño de Agro Avance) ya había
comenzado a tomar posesión de la zona hacia finales de los 90. “Fue un negociado para encubrir el
vaciamiento del Banco de Crédito Rural. Nosotros, los habitantes indígenas,
formamos parte del traspaso junto a las acequias, la laguna, los animales y el
monte”, explica el anciano.
Entonces comenzaron los problemas. Los empresarios
comenzaron a exigir el desalojo de las tierras para ampliar los cultivos de
soja. En 2001, cerraron la escuela de la comunidad. Desde entonces, los niños
deben asistir a clases a otra que queda a 14 kilómetros , en la
provincia de Salta. Para llegar, deben cruzar el Río Anta utilizando dos cables
suspendidos: caminan sobre uno y se sostienen con el otro para no perder el
equilibrio.
Más tarde, el empresario Moreno puso un portón con candado y
custodia ocasional armada al único camino que permite la comunicación vehicular
de la zona. Desde entonces, Base Riarte quedó virtualmente aislada, y no pueden
ingresar ambulancias ni camiones con mercaderías. Además, la ruta clausurada
era la única que permitía el contacto con San Miguel de Tucumán, por eso para
llegar al lugar, hay que ingresar desde Salta. Y a pie: para llegar a la Base , la caminata es de más o
menos una hora y cuarto.
Además, “El Terrateniente”, como lo llaman los comuneros,
“desvió el curso de la acequia que nos traía agua para consumo y riego. Apenas
nos llega agua, nos alcanza para tomar, pero ya no podemos cultivar. Lo mismo,
desde antes ya nos mataban los animales y nos incendiaban la tierra para
desmontar y plantar soja”.
El censo 2010 no se pudo realizar en el lugar: el
Terrateniente impidió el paso de la censista indígena por el portón con
candado. El relevamiento finalmente fue realizado por una escribana, bajo la
vigilancia de Sebastián Moreno, hijo de Freddy Moreno, el Terrateniente. Según
los comuneros, no se entrevistó a todas las familias y se omitieron datos,
especialmente los que los definían como Pueblo Originario.
El problema de la posesión ancestral
Todo el problema radica en el reconocimiento de los
habitantes como pueblo preexistente: de lograr probar la posesión ancestral, la
comunidad quedaría amparada bajo la
Ley 26.160 de protección de las tierras pertenecientes a los
pueblos originarios.
La cacica María Lilia Delgado explica que todas estas
circunstancias fueron denunciadas ante la Justicia , el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), el INADI, la
Defensoría del Pueblo y la mismísima presidenta Cristina
Fernández: “El INAI propone eternas mesas de diálogo para negociar el problema.
Pero nosotros no podemos negociar la tierra que habitamos, nosotros somos
poseedores ancestrales, y no tenemos dónde vivir”.
El INAI todavía no realizó el relevamiento definitivo para
probar la preexistencia de la comunidad: “Hicieron uno en 2009, pero fue
rechazado por ser meramente catastral. Volvieron hace tres semanas. Por la
mañana, el Terrateniente había visitado las casas amenazando a los vecinos para
que no se reconocieran como indígenas. Cuando llegaron los del INAI, les
avisamos de las amenazas, pero aparentemente no les importó. Más tarde, varias
personas comentaron que terminaron festejando el cumpleaños del hijo de Moreno
con un asado. Desconozco el resultado del relevamiento, si es que se hizo
finalmente, porque no estuvimos con ellos. Nosotros informamos por carta
documento que no avalamos ninguna conclusión que se haya hecho en ausencia de
los habitantes supuestamente relevados”.
Miembros del INAI Tucumán sostienen que no pueden hablar con
la prensa en nombre del organismo, aunque off the record informan que mantienen
asambleas semanales con la gente del lugar y que la relación es fluida y
amistosa.
“Es una absoluta mentira” explica la cacica. “Los vemos muy
de vez en cuando por el lugar, a pesar de haber presentado petitorios y
denuncias por las persecuciones. Por toda respuesta nos ofrecen una Mesa
Interistitucional para negociar el problema y dilatarlo, mientras nuestra gente
es acosada a diario. El problema con Riarte es que nosotros no renunciamos a
nuestro derecho de autodeterminación: no aceptamos a cambio del reconocimiento
como pueblo preexistente planes ni programas que nos quieran imponer”.
Base Riarte no sólo está aislada, sino dispersa. Durante
años de acoso por parte de los terratenientes, unas 50 familias fueron
abandonando el lugar, en busca no sólo de seguridad personal sino de fuentes de
trabajo. Hacia mediados de 2012 quedaban en la Base unos 15 grupos.
En 2012 fue desalojado de su vivienda el delegado de la Base , Benito Toledo. Más
tarde, un comunero no vidente de 90 años fue expulsado, y esa fue la gota que
derramó el vaso. El 17 de junio, cerca de 12 familias que se hallaban dispersas
retornaron a la base, instalaron carpas, retomaron la posesión del lugar y se
declararon en Asamblea Permanente. 17 días más tarde ocurrió el episodio en que
centenares de policías atacaron el asentamiento. Todos los comuneros coinciden
en que Freddy Moreno, el Terrateniente, comandó la acción in situ.
“Tentativa de homicidio”
El 27 de julio un equipo de unos 150 policías volvió al
lugar. Se llevó detenido a Beco Mercado, mientras en San Miguel de Tucumán
detenían a Manuel Pastrana. Al mismo tiempo, se dictaba el procesamiento de 23
comuneros más. Los cargos iban desde la usurpación de tierras hasta tentativa
de homicidio, todos crímenes presuntamente ocurridos en el episodio en que 300
policías armados intentaron desalojar a unas 50 personas.
Dos semanas estuvieron presos Mercado y Pastrana, mientras
los otros 23 imputados esperaban las órdenes de detención. Fueron liberados
tras una movilización en San Miguel de Tucumán que duró prácticamente dos días.
“Por eso no queremos decir nuestros nombres a la prensa.
Muchas de las causas contra nosotros fueron iniciadas con nuestros apodos
porque saben nuestros nombres: publicarlos en la prensa puede hacer que nos
detengan”, explican los miembros de la comunidad.
Vivir bajo la mirada policial
Cuando plazademayo.com llegó a las inmediaciones de la base,
uno de los comuneros esperaba en el final del camino vehicular para guiar a pie
el resto de la travesía. Allí, en un paraje sembrado hasta el horizonte de
tabaco, al comienzo de la senda que lleva exclusivamente al asentamiento,
esperaba una camioneta policial con personal armado.
“Tuve que cambiar varias veces el lugar donde los esperaba”,
explica el comunero, “Yo no puedo estar así nomás parado en la ruta, porque se
me acerca la policía, me pide los documentos, me pregunta qué estoy haciendo.
Ahora deben estar acá porque se enteraron que venían periodistas”.
Los comuneros de Indio Colalao reciben asistencia de medios
de prensa alternativos, de difusión exclusiva vía internet. “Los medios grandes
dejaron de publicar lo que pasa acá. Yo creo que es por la cantidad de plata
que mueve el negocio de la soja, y los vínculos de los terratenientes con el
Gobierno”.
El legislador millonario
En efecto, una de las dos empresas que ostentan la
titularidad legal de esas tierras es Agro Avance S.A, propiedad de Jorge Posse,
fue desde siempre vinculada a Sisto Terán, uno de los más leales
alperovichistas de la
Legislatura local. De hecho, la esposa de Terán y su hermana
serían las titulares de Agro Avance.
Sisto Terán incluso fue acusado de enriquecimiento ilícito
durante su gestión como vicegobernador, de 1999 a 2003, por el
descomunal crecimiento de la empresa, entre otras causas. El juicio no
prosperó: en 2003, Terán accedió a una banca en la Legislatura que aún no
abandona y, con ella, a fueros parlamentarios. Paradojas de la política local,
pasó a presidir la Comisión
de Juicio Político y la causa quedó definitivamente archivada.
El fiscal en desgracia
No es el único vínculo político que existe en la causa. El
fiscal interviniente es Guillermo Herrera, tristemente célebre por ser en
Tucumán el único miembro del Poder Judicial que provocó una pueblada. En
febrero de este año, cientos de tucumanos tomaron la Plaza Independencia
reclamando que Herrera impidió el procesamiento del hijo del Ministro de
Economía, Jorge Jiménez, implicado en el asesinato de dos personas durante una
presunta picada de autos.
El Fiscal Herrera no rindió concurso para el cargo: fue
designado a dedo por Alperovich, junto a más de 100 magistrados. Su reputación
se vino a pique cuando además se supo que asistía a Tribunales con un arma en
la cintura. Los rumores en Tribunales
sugieren que el desalojo de Base Riarte sería la ofrenda que Herrera estaría
haciendo al legislador Terán, a cambio de salvar su carrera.
“Cuando la
Presidenta vino a Tucumán por el acto del 9 de Julio, la
comunidad decidió que la cacica María Lidia no asista por cuestiones de
seguridad. Un grupo de colaboradores que apoyábamos la causa fuimos a la puerta
de la Casa Histórica ,
donde desplegamos carteles de ‘Riarte
resiste el desalojo’”, relata Fátima García, periodista de la Red de Medios Alternativos.
“Cuando apareció Boudou le informamos que estaban
reprimiendo a los pueblos originarios en Tucumán, y le pedimos que intervenga.
Sonrió y nos dijo ‘Ah ¿Sí? Mirá vos’ mientras se sacaba una foto. Fue entonces
cuando la Cámpora
comenzó a alejarnos de donde pasaban los funcionarios. Se pusieron delante de nosotros y taparon nuestros carteles.
Entonces la policía comenzó a rodearnos: desalojaron a los turistas y quedamos
aislados. Les gritamos a la gente de La Cámpora que nos ayude, pero lo único que
recibimos por parte de ellos fueron agresiones verbales”.
La cacica María Lilia completa el cuadro “Ellos se definen
como nacionales y populares, e incluso están comandando los principales
organismos del Estado. Pero en el tema de Riarte hay mucha plata en soja de por
medio, y mucho contacto político por defender”.
“Nosotros hablamos de genocidio, porque si bien Riarte es
uno de los lugares donde la violencia es más evidente, somos muchos los pueblos
de la Nación Diaguita
que sufrimos desalojos silenciosos para la prensa”, reconoce la cacica.
“Las trabas burocráticas, las amenazas de los
terratenientes, los relevamientos mal hechos, el acoso cotidiano a la
comunidad, todo apunta a evitar que muchas de nuestras bases, no sólo la de
Indio Colalao, no ingresemos a la protección que nos reconoce la Ley 26.160, porque entonces
nadie podría expulsarnos del lugar, y ellos se perderían negocios millonarios
con la soja”, explica.
Cae la noche
La soja, un negocio redondo
La aparición de la soja transgénica y la demanda china son
dos de los factores que influyeron en el llamado “Boom de la soja”. Anualmente
miles de hectáreas se desmontan para dar origen a nuevas plantaciones. Se
estima que, si en el país los cultivos aumentaron un promedio de 75 % en diez años, en el Noroeste argentino el aumento de zonas cultivadas fue de
168 %.
El avance de las fronteras del agronegocio no sólo ocasiona
cambios ambientales, sino la pérdida de la soberanía alimentaria (con la
desaparición de pequeños cultivos) y desplazamientos humanos. No existen cifras
oficiales, pero organizaciones ambientales calculan que desde el comienzo del
avance sojero, unas 160 mil familias ya han sido desplazadas.
El genocidio de los pueblos originarios tiene un importante
motor: la fiebre sojera. En Santiago del Estero, la muerte en noviembre de 2011
de Cristian Ferreyra por el avance del agronegocio puso sobre el tapete la
cuestión del desplazamiento humano y el surgimiento de verdaderas bandas
paramilitares sostenidas por latifundistas, encargadas de la expulsión de los
habitantes de zonas cultivables. La tolerancia de los Gobiernos locales y el
silencio de los medios oficialistas se ocupan de lo demás.
Fuente:
Base Riarte: la Palestina de Alperovich, 16/11/12, plazademayo.com. Consultado 16/11/12.
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