El 21 de septiembre es el Día Internacional contra el
monocultivo de árboles. Un caso paradigmático en la Argentina es el de la
provincia de Misiones, donde provoca las mismas consecuencias que el modelo
sojero. Desaloja campesinos e indígenas, usa agrotóxicos y concentra la tierra
en pocas manos. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la
multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones. Frente a la
fecha, este es el trabajo del periodista Darío Aranda, desde Puerto Piray,
Misiones, publicado originalmente en la revista Mu.
Zona rural misionera. El camino ancho zigzaguea entre el
verde. Casas humildes a ambos lados, la mayoría de madera. Gallinas, algún chancho y perros.
Cada parcela tiene entre diez y treinta metros de frente, no más de 70 metros de largo,
siempre menos de una hectárea. Ya no existen las extensas huertas, ni los
animales pastando, como antaño. Cercados por monocultivo de árboles, pinos y
eucaliptos, de la multinacional Alto Paraná, empresa propietaria de -al menos-
el 8,4 % de Misiones (256.000 hectáreas )
y el 62 % del municipio de Puerto Piray, donde los campesinos cercados
por el monocultivo denuncian los efectos de los agrotóxicos, la concentración
de tierras en pocas manos, la expulsión de familias rurales y apuntan a los
responsables: “Los políticos gobiernan para Alto Paraná, no para el pueblo”.
“Piray” significa en guaraní pescado. Es también el nombre
de un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al
norte de Posadas. El nombre formal es Puerto Piray, fundado en 1874, zona de
excelente pique y amarre obligado de la región.
Sábado a la mañana en Eldorado, ciudad cercana a Puerto
Piray. Día gris, llovizna y frío. La antigua ruta nacional 12, de tierra, está
desierta. Viaje corto, 25 minutos por un camino ancho. Los primeros minutos,
sobresale la vegetación alta, árboles añosos, con largas ramas como brazos que
extienden sobre el camino. Cruza un puente que deja ver el “Piray Guazú”
(pescado grande), arroyo que riega las fincas cercanas y epicentro del refresco
en el verano.
El paisaje cambia gradualmente. Las viviendas están a pocos
metros del camino. Y el horizonte es un verde monocolor, pinos altos, en
fila, equidistantes, ramas cortas,
sembrados hasta en la banquina. Todo es pino. Para el foráneo (o el
desentendido) hasta parece un paisaje agradable, prolijo, pero llega un valdazo
de realidad. “Es como la soja, monocultivo, con uso de agrotóxicos, desalojos
de campesinos e indígenas y ganancia para pocos”, resume Enso Ortt, técnico de la Subsecretaría de
Agricultura Familiar, ocasional guía, militante 24 horas formado en la teología
de la liberación junto al obispo Joaquín Piña (quien en 2006 lideró una
coalición que, mediante el voto popular, frenó un proyecto de reelección
indefinida impulsado por el entonces gobernador kirchnerista Carlos Rovira).
Kilómetro 18 de la ex ruta 12. Barrio Unión y Santa Teresa.
Alambrado al frente, un perro malo que recibe y una casa con techo a dos aguas.
En la pared de frente, en prolijas letras negras: “Productores Independientes
de Piray” (PIP). Una suerte de amplia antesala, sin paredes, es el espacio de
reunión. Bancos largos de madera en ronda, trece personas (mayoría de mujeres),
mate que circula y pan casero recién cocinado.
“Vivimos desde siempre acá, desde nuestros padres, desde
nuestros abuelos. Antes éramos muchos, había chacras, animales para carnear, ni
siquiera había que ir al pueblo para tener comida. Pero nos fueron encerrando”,
explica Basiliza Pérez, unos 40 años, morocha, y un mate plateado que no para
de cebar.
El encierro es literal. El fondo de cada vivienda limita con
pinos, una suerte de pared verde que no deja pasar el sol, ni el viento, pero
si los agroquímicos y el polen de los árboles. “Los dos nos tienen mal. Los
agrotóxicos no han arruinado los pocos cultivos que tenemos y matado muchas gallinas.
No se puede respirar cuando fumigan. Y cuando florecen los árboles, en agosto,
se mete dentro de las casas, hasta en las camas y cocinas, ahí empiezan los
problemas respiratorios y las alergias de piel. No las pasamos en el (hospital
local) Samic”, explica Germán Monges, hombre fornido, manos grandes que
gesticulan.
Todos los meses se enteraban de un nuevo enfermo. Reclamaron
a la Municipalidad ,
pero no hubo suerte. Fueron al Hospital, tampoco atendieron. Decidieron hacer
su propio relevamiento sanitario. Asesorados por médicos, armaron una encuesta
y fueron casa por casa, todos vecinos linderos a Alto Paraná. Relevaron 200
familias. En la última década, en 70 familias hubo algún fallecido de cáncer
(hay familias con hasta dos y tres fallecidos) y veinte abortos espontáneos. En
doce familias hay chicos con discapacidades físicas, y hubo al menos 110 casos
de problemas de embarazos. En los últimos años hubo, siempre sobre 200
familias, 136 chicos con infecciones urinarias y en 180 casos se detectaron enfermedades
respiratorias crónicas.
José Espíndola tiene 48 años, es delgado, piel colorada y
hablar pausado. Trabajó seis años como fumigador de los pinares de Alto Paraná
(a través de una empresa tercerizada). De la mañana hasta el atardecer, con una
mochila con agroquímicos. “Eran mezclas de hasta diez venenos. No sabría
decirle justo cuáles, pero sí había glifosato y simazina. Se llenaban las
mochilas y con el andar muchas veces se nos chorreaba encima. Y después cuando
usted va rociando, ese veneno le viene encima, moja todo. No hay nada de
protección, ni guantes, ni botas”, avisa Espíndola.
Padre de siete hijos, recuerda el silencio en los pinares.
“No hay ningún animal, ni pajaritos quedan”. Afirma que se arrepiente de haber
trabajado para ellos, pero se excusa: “No había muchas posibilidades (de otro
trabajo)”. La cuadrilla de fumigadores estaba conformada por 40 personas. “El
veneno te come despacio. Los primeros meses vas bien, pero al segundo tercer
año ya respirás con problemas, las manos las tenés arruinadas y después ya te
enfermás. Al principio los médicos de la empresa me decían que no era nada, que
siga, después ya me largaron (despidieron). Así le hacen a todos”, cuenta
Espíndola.
En diciembre de 2011, falleció en el Eldorado Celso Aníbal Fernández,
52 años, durante los últimos doce años fue peón rural de Alto Paraná. Entre
otras tareas, fumigaba los pinares. La familia culpó a los agrotóxicos, y a la
empresa.
La tierra
Piray, como muchas otras regiones de Misiones, no es zona de
llanura, predominan las lomadas (“cerranías” le llaman los misioneros).
Pequeñas y medianas ondulaciones en el terreno que por momentos –cuando se
llega arriba de la loma– se observa la panorámica. Siempre sobresalen pinos, y
más pinos.
Enso Ortt y Julio Duarte conocen los caminos internos.
Transitan a velocidad. En subida y en bajada, siempre el mismo paisaje. De
golpe, en medio de tanto pino, un descampado, kilómetro 19.
“Hace dos años la empresa (Alto Paraná) intentó poner pino
acá”, recuerda Duarte, hombre joven, no más de 30 años, cabello bien corto y
prolija camisa a cuadros. Hace un silencio largo, que remata con una sonrisa:
“Es la única cancha (de fútbol) de toda la zona. ¡Se armó un quilombo! Hubo
muchachos que hasta vinieron con machetes a defender la cancha”.
La cancha se salvó. Hay pinos detrás del arco y a los
laterales, pero aún hay fútbol los fines
de semana.
Menos suerte hubo en el kilómetro 22. Paredes descascaradas
blancas, el piso de cerámicos ya está invadido por el pasto, las aberturas y el
techo son un recuerdo. El pizarrón aún cuelga de la pared. Son los restos de la
escuela primaria.
“Acá había más de cien casas. Era un pueblo pujante, hasta
había un colectivo que entraba. Pero los fueron encerrando con pinos. Y nos les
quedó otra que irse. Ni bien se iba la familia, la empresa metía pino, para que
ya no vuelvan. Lo mismo pasó en el kilómetro 10 y en el 18” , recuerda Duarte y avisa
que no dejarán que a Barrio Unión y Santa Teresa le suceda lo mismo.
Mucha tierra en pocas manos
El 22 de diciembre de 1881, el presidente Julio Argentino
Roca declaró por decreto a Misiones como “territorio nacional” y nombró como
gobernador a su hermano Rudecindo Roca. Bajo el gobierno de Roca, todo el
territorio misionero fue repartido entre 30 familias. Entre fines del siglo XIX
y principios del XX, el Estado impulsó la colonización del sur y centro de la
provincia. El norte, bordeando el recorrido de la ruta nacional 12 y donde
ahora se ubica Alto Paraná, el asentamiento de colonos fue impulsado por el
sector privado, que necesitaba mano de obra para sus campos. Durante gran parte
del siglo XX, Misiones creció al abrigo de la actividad agropecuaria: yerba
mate, té y tabaco. Aún subsistía el pequeño colono que, una vez cosechado,
comercializaba su producción.
Todo comenzó a cambiar en las últimas décadas,
principalmente por la desregulación en la producción (por ejemplo con la yerba,
las grandes empresas fijaron precios tan bajos que los colonos no podían
subsistir, perdieron sus chacras y migraron a los cordones urbanos) y, por otro
lado, la provincia cambió el perfil productivo. Dejó de lado la actividad
agropecuaria e impulsó los negocios forestales. En Misiones funcionan tres
pasteras (Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Papel Misionero). Todas igual de
cuestionadas por su rol respecto al medio ambiente, las condiciones laborales y
el desalojo de campesinos e indígenas.
El último Censo Nacional Agropecuario (2002) confirma esa
concentración: en la provincia existen 27.000 “explotaciones agropecuarias”.
Sólo 161 de ellas (el 0,6 %) poseen el 44 % de la
tierra de Misiones (917.000
hectáreas ). El mismo estudio afirma que, en la última
década y en la zona de Alto Paraná, descendió un 27 % la cantidad de
pequeñas chacras. Alto Paraná es propietaria del 8,4 % de Misiones (256.000 hectáreas ).
Puerto Piray es la capital de la desigualdad: la compañía es dueña del 62,5 % de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa
posee 22.500.
De Menem a Kirchner
A finales del gobierno de Carlos Menem, en 1999, se aprobó la Ley 25.080, llamada de
“Inversiones para bosques cultivados”. Subsidia todos los pasos productivos:
implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario
por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos.
Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias.
El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga
“estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga
tributaria”, explicita la ley. El artículo 17 no utiliza la palabra subsidio.
Prefiere el eufemismo “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el
Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas , el 80 % de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se
cubrirá el 20 %.
Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de Nación
muestran que en 1999, primer año de vigencia de ley forestal 25.080, se
extrajeron 4,7 millones de toneladas de “madera de bosque implantado” (como
llaman eufemísticamente al monocultivo). En 2006, el tonelaje aumentó a 7,9
millón. Misiones es la provincia maderera por excelencia, con el 59 %,
seguida de lejos por Entre Ríos con el 11 %, Buenos Aires y Corrientes
con el 8 %. Río Negro y Neuquén son jugadores menores, pero en
ascenso. La
Asociación Forestal Argentina (AFOA) reconoce que Argentina
tiene un polo productivo por excelencia (Mesopotamia) y otro en desarrollo
(Patagonia).
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada
–por otros diez años– por el Congreso en noviembre de 2008.
La implantación industrial de árboles tiene como fin, casi
en su totalidad, las fábricas de celulosa y los aserraderos. El país cuenta con
1,2 millón de hectáreas de monocultivo forestal, de las cuales la mitad fue
sembrada en la última década, al abrigo de la 25.080. El objetivo, a diez años,
es llegar a los tres millones de hectáreas y, en 20 años, a las 4,5 millones de hectáreas.
Corporación
Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en
1996 por la multinacional Arauco, una de las empresas líderes del sector a
nivel mundial. Con su eslogan “sembremos futuro”, Arauco cuenta con oficinas y
representantes comerciales en 70 países. Se autopublicita como la “mayor
compañía forestal del hemisferio sur”. Cuenta con 1,6 millones repartidas entre
Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina reconoce la propiedad de 256.000 hectáreas .
“Eso es lo que declara. ¿Y los testaferros? ¿las que alquila?
¿los privados con los que tiene contratos por décadas? Todos sabemos que tienen
muchas más, pero nadie las controla, muchos menos el Gobierno”, denuncia Miriam
Samudio, 34 años, siempre sonriente, rostro aguileño, cabello lacio negro.
El 5 de enero pasado, la ministra de Industria, Débora
Giorgi, recibió a directivos de Alto Paraná, quienes le anunciaron una
“inversión de 50 millones de dólares” para ampliar su producción. La Ministra celebró: “La
cadena de valor foresto maderera en Argentina es un sector que cuenta con una
ventaja competitiva concreta que permite fortalecer las economías regionales
por la distribución federal de sus recursos”.
Campesinos
Entre diciembre de 2011 y enero de 2012, Alto Paraná cosechó
parte de los pinos que rodean el barrio Unión y Santa Teresa, kilómetro 18 de
la antigua ruta 12. Productores Independientes de Piray (PIP) entendió que era
el momento para presionar y limitar una nueva siembra de pinos (retirar las
plantaciones al menos 1000
metros de las casas). Y exigir que se les reconozca
parte del territorio para poder desarrollar la vida campesina y producir
alimentos.
Nacido en 2005, y conformado por 200 familias, PIP siembre
exigió al Estado municipal y provincial el acceso a tierras. Y siempre chocaron
con la misma excusa: hay plantaciones de pinos en plena crecimiento (tardan
entre quince y veinte años entre siembra y cosecha).
Cuando Alto Paraná cosechó, se redoblaron los reclamos de
los campesinos. Ni Gobierno ni empresa respondieron. El 3 de marzo de 2011, PIP
cortó el paso a la compañía. “Se dicen dueños, pero nosotros siempre vivimos
acá. Además nunca mostraron ni un papel (título). Cuando pedimos en la Municipalidad ,
dijeron que la oficina de Catastro se había prendido fuego”, recuerda Armóa
Rosalia, mujer alta, cabello enrulado y tez colorada.
El mismo día del corte, hubo respuesta de Alto Paraná.
Denunció por “usurpación” a tres vecinos. La Policía llegó para reprimir y Municipio y
Provincia salieron en defensa de la multinacional.
Luego de una semana de reclamos, el Municipio aceptó
dialogar. El jueves 10 de marzo de 2011, en la sede de PIP, el intendente Jorge
Lezcano, y el subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, firmaron un
acta acuerdo. Los campesinos no contarían el paso y los funcionarios llamarían
a una mesa de diálogo en el lapso de treinta días para encontrar una “solución
duradera”. Durante ese lapso, Alto Paraná no rociaría con agrotóxicos ni
sembraría pinos.
Tres días después, Alto Paraná violó el acuerdo. Fumigó con
agroquímicos y comenzó a preparar la tierra para otra siembra de pinos.
“Alto Paraná demostró su poder una vez más. Su posición fue
más fuerte que la del gobierno municipal y que la del gobierno provincial. Por
eso decimos, en Misiones gobierna Alto Paraná”, denuncia el comunicado de PIP.
En marzo y abril de 2011 se continuó con la mesa de diálogo
entre las partes. Municipio, Alto Paraná, Provincia y PIP. “Era impresionante
como el intendente y los ministro de la Provincia parecían los empleados de la empresa.
Nosotros preguntábamos a la empresa, y respondían los políticos. Hasta en un
momento un compañera se enojó y les dijo que quería escuchar a la empresa”,
recuerda German Monges.
El viento fresco se hace sentir en la sede de PYP. El mate
no para de circular, y todos quieren contar sobre las reuniones con la empresa.
Todos tienen alguna anécdota, recuerdan el enojo campesino (ante la falta de
respuesta de respuesta concreta), hoy convertido en sonrisa. “Nos ofrecían
‘proyectos’ (de computación, turismo rural, cocina). Nosotros no queremos proyectos,
nosotros vamos por la tierra”, resume Samudio. Todos aplauden.
Asesorados por ingenieros agrónomos de la Subsecretaría de
Agricultura Familiar, estudiaron una salida productiva. La propuesta campesina
fue que cada familia cuente con catorce hectáreas, un mínimo para producir
alimentos y criar animales de manera sustentable en el tiempo. En total, para
200 familias, serían 2800
hectáreas (equivalente al 1 % de lo que la
empresa posee en Argentina, o el 0,15 % de los 1,6 millones de
hectáreas que posee en Latinoamérica).
Alto Paraná nunca aceptó. Municipio y Provincia miraron para
otro lado.
Y volvieron a sembrar pino en Piray.
El 7 se septiembre, los campesinos viajaron hasta Posadas y
presentaron ante la Cámara
de Diputados el proyecto de expropiación de 3000 hectáreas
ocupadas en la actualidad por Alto Paraná. En el proyecto de expropiación la
organización campesina asegura que se evitará el éxodo de jóvenes, generarán
400 puestos de trabajo y montarán un mercado de productos de chacra
agroecológicos para abastecer a las localidades de Piray, Montecarlo y
Eldorado. “Una vez expropiada la tierra se cambiará el actual uso forestal por
el uso agrícola ganadero. Frenaremos el deterioro y abandono de parajes que
lleva más de 30 años. No cerrarán más escuelas y no habrá más migración rural”,
destaca el proyecto de expropiación.
Miriam Samudio, de PIP, resume el sentir campesino de Piray:
“Alto Paraná tiene a los políticos, a los jueces y a la policía. Pero a todos
ellos los mueve la plata. A nosotros nos mueve el amor a nuestros hijos y el
amor a esta tierra. No vamos a dejar de luchar”.
Fuente:
El desierto verde, 19/09/12, lavaca.
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