Funcionarios del gobierno provincial solicitaron a la Justicia la inmediata
intervención en la causa que tiene como damnificados directos a integrantes de
la comunidad Mocoví en la zona de Pampa del Infierno.
En la zona máquinas de desmonte trabajan y ya desalojaron a
varias familias pertenecientes a la etnia Mocoví. Funcionarios del estado
intervinieron y fueron amenazados con armas de fuego por personas desconocidas.
Funcionarios del gobierno provincial solicitaron a la Justicia la inmediata
intervención en la causa que tiene como damnificados directos a integrantes de
la comunidad Mocoví en la zona de Pampa del Infierno, quienes denunciaron que
dos empresas estarían desmontando de manera ilegal varias hectáreas protegidas.
El secretario de Derechos Humanos, José Valenzuela; el
presidente y el gerente del Instituto de Colonización, Jhon París y Branco
Capitanich y el director del Área de Defensa de la Democracia y el
Ciudadano, Julio García, denunciaron la presencia que dos empresas realizan
tareas de desmonte en terrenos adjudicados a personas de la etnia Mocoví.
Acompañó a los funcionarios provinciales la presidenta del
Instituto del Aborigen Chaqueño, Andrea Charole y representantes de las
familias desalojadas del predio de 5000 hectáreas que
la comunidad posee en la zona.
García denunció el desalojo forzoso de integrantes de estas
comunidades y de la forma amenazante en que fueron recibidos funcionarios en la
zona hace pocos días cuando intentaron interiorizarse del desalojo.
El pedido de la devolución de las tierras obtenidas por
estas empresas en una operatoria fraudulenta y realizada con un “total
desconocimiento de las legislaciones vigentes provinciales y nacionales” en lo
que respecta a la adquisición de la tierra pública.
“Desde el gobierno acompañamos el pedido a la justicia de
las comunidades en la inmediata devolución de las tierras y freno del desmonte”
precisó García.
“Denunciamos y repudiamos el desalojo forzoso mediante
mecanismos fraudulentos de empresas ajenas a la provincia a lo que se suma una
fuerte resistencia del pueblo Mocoví” citó García.
“Estas empresas están trabajando en propiedad de la
comunidad indígena”, denunció García quien pidió la inmediata intervención y
celeridad en el tema a la
Justicia.
La propiedad donde ocurren estas irregularidades denunciadas
pertenece a la comunidad aborigen desde el año 1991.
“Llama la atención la presencia de personas armadas en la
zona y la lentitud judicial en ordenar el allanamiento e interrogatorio de
estas personas” precisó García.
El titular del Instituto de Colonización destacó que todos
los organismos del Estado trabajan en la protección de las personas desalojadas
e intentarán provocar la nulidad de la operación por la que estos grupos
habrían adquirido estas tierras.
Funcionarios denunciaron que en la zona hay máquinas
topadoras y que las tareas que ejecutan sus operarios son realizadas sin guías
forestales y sin permiso alguno.
El gerente del Instituto de Colonización citó que “el tema,
ya judicializado, merece una inmediata intervención y esperamos que los
magistrados hagan cumplir la ley y la Constitución ”.
Valenzuela expresó por su parte que “vamos a actuar donde exista un
avasallamiento de los derechos y más aún en este caso”.
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