Monsanto: el TSJ ratificaría el criterio de seguridad jurídica

Los recursos de queja presentados por la empresa y el municipio de Malvinas Argentinas a favor de la continuidad de la obra civil de la planta de semillas se resolverían en un plazo de 30 a 60 días.

por Luis Roberto Kempa

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificaría el criterio de “seguridad jurídica” sostenido en la medida precautoria que dictó el año pasado -en la que habilitó a Monsanto a continuar con la obra civil en la planta de Malvinas Argentinas- si es que admite los recursos de queja presentados a fines de abril por la empresa y el municipio del departamento Colón.

Aunque de hecho el alto cuerpo no se contradecirá con su pronunciamiento anterior, tendría en cuenta, para dictaminar, nuevos elementos que surgieron con la inversión cuestionada, como el rechazo por parte de la Provincia del estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto, según fuentes próximas al TSJ.

Los nuevos amparos de Monsanto y del intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, aún no tuvieron “admisibilidad” en el máximo tribunal. Antes, deben pasar por el Ministerio Público Fiscal, que es el primero en dictaminar si formalmente las presentaciones reúnen los requisitos exigidos. Fuentes próximas al alto cuerpo consideraron que, si los amparos tienen curso, una resolución sobre la cuestión de fondo llevaría entre 30 y 60 días.

Ese pronunciamiento saldrá de la Sala Electoral y de competencia originaria que integran los siete miembros del cuerpo.

En enero, en un fallo dividido, la Sala 2 de la Cámara del Trabajo resolvió a favor del amparo presentado por ambientalistas, por lo cual se ordenó paralizar la obra civil por considerar que las autorizaciones dadas fueron “arbitrarias e inconstitucionales”, por violar la Ley de Ambiente de la Nación. También se estableció que la Municipalidad de Malvinas Argentinas debía “abstenerse” de otorgar algún tipo de autorización a la empresa hasta tanto concluyera el estudio.

El 10 de febrero, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida -que desde hace más de un año y medio resiste la radicación- consideró un triunfo que el Gobierno provincial no autorizara el estudio ambiental presentado por Monsanto. La Secretaría de Ambiente objetó la falta de precisiones del informe en varios aspectos. Pese a este revés, la compañía ratificó su decisión de seguir adelante con su planta de semillas en Malvinas Argentinas.

En ese escenario, a fines de abril Monsanto y la Municipalidad de Malvinas Argentinas presentaron por separado recursos de queja ante el TSJ, luego de que la Cámara del Trabajo rechazara una apelación por la continuidad de la obra civil.

Más allá de que Monsanto promete un nuevo estudio ambiental “desde cero”, la compañía insistió por la vía judicial por una cuestión de estrategia jurídica en consonancia con los lineamientos fijados desde su sede central.

Un punto común

Aunque se desconocen los “nuevos elementos” que pueden plantear los recursos de queja presentados por Monsanto y el municipio de Malvinas Argentinas, en principio el Tribunal Superior mantendría el mismo criterio sostenido en la medida precautoria dictada en abril del año pasado, en la que se privilegió la “seguridad jurídica”.

En ese fallo, el TSJ habilitó la continuidad de la obra civil al tener en cuenta que el 13 de julio de 2012 el municipio autorizó a Monsanto a realizar “tareas preliminares para la obra” de la planta secadora de granos, sujeto al posterior cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la Secretaría de Ambiente de la Provincia.

En el mismo sentido, el TSJ tuvo en cuenta la resolución de la Secretaría de Ambiente, que el 24 de abril de 2012 permitió también la obra civil, anterior al inicio de la etapa operativa.

Hay un criterio común en el alto tribunal: no se pueden cambiar las reglas de juego a mitad de camino cuando se han otorgado autorizaciones, ya que esa postura atenta contra el criterio de seguridad jurídica. Razonan que, si la multinacional no puede sortear las exigencias ambientales para funcionar, eso forma parte del “riesgo empresario”.

Fuentes cercanas al alto cuerpo subrayan que “los contratos deben ser mantenidos bajo las normas por las cuales se suscribieron”, en referencia a las autorizaciones que recibió Monsanto para realizar la obra civil de parte de la Municipalidad de Malvinas Argentinas y de la Secretaría de Ambiente.

No obstante, en el TSJ algunos opinan que el “derecho ambiental es complicado y rompe con los cánones pétreos del derecho, y deja hendijas” para otras determinaciones.

También están quienes sostienen que los nuevos recursos planteados por la multinacional y la Municipalidad de Malvinas Argentinas para continuar con la obra civil devienen en abstractos por nuevas instancias planteadas desde el Gobierno y la propia compañía.

En ese marco, antes de fin de mes, la Legislatura tratará la nueva ley de ambiente que, entre otros puntos, establece que antes de cualquier radicación industrial se deberá presentar un informe de impacto ambiental. Pero, desde el punto de vista jurídico, ninguna ley tiene aplicación retroactiva.

Jure, con vecinos de Malvinas

Río Cuarto. El intendente Juan Jure, quien prohibió por decreto la instalación de Monsanto en esa ciudad para “preservar la paz social”, recibió ayer a integrantes de la asamblea de Malvinas Argentinas, quienes se oponen a la radicación de la multinacional en esa localidad.

Opinión dispar de la oposición sobre la nueva ley ambiental

La UCR presentaría un proyecto propio y el juecismo sugiere cambios al texto del oficialismo.

Desde el rechazo total del proyecto oficialista por considerarlo “a medida de Monsanto” hasta propuestas para modificarlo. Entre esos extremos se ubican las posiciones de los bloques opositores en la Legislatura sobre la nueva ley de ambiente, que el delasotismo quiere sancionar a fin de mes.

La UCR puso la atención sobre cuatro temas que, si no son tenidos en cuenta por el bloque oficialista, serán contemplados en un proyecto de ley propio que presentarían.

El Frente Cívico, en tanto, si bien alertó sobre lo que considera una “situación ambiental crítica” de la provincia, optó por hacer aportes al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Los otros bloques que hicieron aportes fueron el Frente para la Victoria y Encuentro Vecinal Córdoba.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores, representado por Cintia Frencia, repudió el proyecto. “Es una ley Monsanto, la hacen para que la empresa pueda hacer la audiencia pública e instalarse”, sostuvo Eduardo Salas, colaborador de Frencia. “Hay una sobreabundancia de leyes de ambiente que se podrían aplicar pero el Gobierno no lo hace y estamos asistiendo a una emergencia ambiental”, remarcó.

UCR. Consultado por este diario, Eduardo Yuni, presidente del bloque radical, declaró: “Tal como está, el proyecto no genera seguridad jurídica para las inversiones; no es superador de la ley nacional (Ley General del Ambiente) y deja sujeto a la reglamentación cuestiones de importancia”. Y adelantó que si no hay cambios en esas cuestiones, avanzarán en un proyecto propio.

Frente Cívico. Este bloque se reunirá hoy con el oficialismo para proponer modificaciones en puntos centrales. Uno es la participación ciudadana que “debe ser efectiva y en instancias previas a decisiones finales”, expresó el legislador Santiago Clavijo en un comunicado.

En cuanto a la evaluación de impacto ambiental, sostienen que debe ser una sola y previa a cualquier autorización de obras.

Incorporan, además, la evaluación de impacto en la salud, para que sea obligatorio instaurar una metodología que mida los efectos en la población de las actividades productivas.

También plantean garantizar el acceso a la información pública y a la Justicia “incorporando el amparo ambiental y el principio precautorio”, precisó Clavijo.

Fuente:

Luis Roberto Kempa, Monsanto: el TSJ ratificaría el criterio de seguridad jurídica, 20/05/14, La Voz del Interior.

Opinión dispar de la oposición sobre la nueva ley ambiental, 20/05/14, La Voz del Interior.