En la reunión que mantuvieron José Manuel De la Sota, Fabián López (Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos) y los legisladores de los diferentes bloques, se presentó un proyecto de actualización de la Ley de Ambiente de la Provincia.
Esta iniciativa, que se creó bajo el slogan “convivencial ambiental provincial”, prevé la obligatoriedad de las consultas y audiencias públicas frente a todas las actividades que puedan provocar algún tipo de perjuicio en el medioambiente de Córdoba, como instancia previa a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.
“El marco de convivencia es el eje principal que preocupaba al gobernador, alrededor del cual se desarrolló todo el proyecto de ley. Buscamos que la opinión de la ciudadanía sea un elemento determinante para aprobar o no la radicación de una industria o de determinada actividad”, explicó el ministro de ambiente.
Sin embargo, en la conferencia de prensa que se desarrolló en el marco de la apertura legislativa 2014, Fabián López explicitó que la consulta pública “no es vinculante”. Luego agregó que “las cosas que surgen de una audiencia pública, tienen que ser atendidas por aquellos funcionarios que tienen la responsabilidad de responder a la ciudadanía por su parte”.
Si bien estos mecanismos son un avance a nivel legislación, parecen una maniobra para lograr recuperar la tan ansiada “paz social”. En definitiva, si la consulta popular no es vinculante y las audiencias públicas tampoco, sigue siendo una decisión política resolver este tipo de conflictos.