Funam denunció penalmente al secretario de Ambiente, Luis Bocco

La presentación fue realizada ayer por Raúl Montenegro, tras el informe del programa ADN, por las supuestas irregularidades en la conformación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que aprobó el anteproyecto de la planta de Monsanto.

El titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, radicó ayer en los Tribunales II una presentación judicial, a raíz del informe difundido el miércoles por el programa televisivo ADN, tal como adelantó ayer este diario.

Con la representación del abogado Federico Macciocchi, Funam realizó una denuncia penal contra el actual titular de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco, y su antecesor en el puesto, Raúl Costa, en función de haber incurrido en una irregularidad en la conformación de la Comisión Técnica Interdisciplinaria que sugirió al titular de esa cartera la aprobación del anteproyecto para la radicación de la planta acondicionadora de granos de Monsanto en Malvinas.

Montenegro había denunciado en el programa televisivo que desde el 2008 la CTI pasó a ser constituida sólo por técnicos de la Secretaria de Ambiente y contratados, cuando la legislación indica que debe estar integrada “por representantes técnicos de organismos públicos del Poder Ejecutivo provincial y Entes descentralizados del Estado Provincial con experiencia en la temática ambiental”.

La denuncia, en la que Funam insta la participación como querellante particular, se basa en el pedido de investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad por parte de Bocco y Costa, y fue realizada ayer al mediodía en los Tribunales II, recayó en la fiscalía de Pedro Caballero, aunque no se descarta que en los próximos días sea girada al fiscal Anticorrupción.

Según explicó Macciocchi, en la denuncia se advierte que “el Secretario de Ambiente, dolosamente ha dictado resolución contraria a la normativa provincial”, ya que para aprobar el proyecto de Monsanto “se fundó en un dictamen que en vez de emanar de una comisión integrada por los representantes de los ministerios de la provincia y entes autárquicos, provino de una comisión formada con dependientes de su ministerio”.

En el mismo sentido, se cuestiona la aprobación de otros proyectos donde intervino la CTI, como son el proyecto inmobiliario de Candonga, el aviso de proyecto de la  Planta de producción de dióxido de uranio de Dioxitek; las Obras de infraestructura y mejoras del circuito de Rally de Villa Carlos Paz, entre otros.

¿Una fiscal que no está de acuerdo con su propio dictamen?

Ayer se conoció el dictamen de la fiscal Alicia García de Solavagione referido al amparo interpuesto por el Club de Derecho y vecinos contra la municipalidad de Malvinas Argentinas referido a la autorización para la instalación de la planta de Monsanto en esa localidad.

En el mismo, la fiscal se muestra de acuerdo con el fallo del Tribunal Superior de Justicia en cuanto a que la multinacional cumplió con los pasos previos y necesarios que establece la normativa constitucional, nacional y provincial en la materia para la autorización de la obra civil. Y en este sentido, señala “este Ministerio entiende que corresponde el rechazo de la acción (de amparo). Pero llamativamente, la fiscal establece en dos oportunidades de su dictamen que deja “a salvo su posición y criterio personal en contrario en los presentes actuados”, lo cual generó suspicacias en torno a la postura expuesta. ¿Habrá sido Alicia García de Solavagione condicionada en su dictamen por sugerencia de la Fiscalía General de la Provincia? Ayer algunas versiones establecían que la fiscal opinaba que la ordenanza municipal de Malvinas Argentinas que permitió el inicio de la construcción de la planta es nula, por no haber cumplido con la Ley General del Ambiente 25.675. ¿Será por este motivo que dejó subrayado en su dictamen, que el respaldo a la resolución del TSJ no reflejaba su posición y criterio personal?. Cabe recordar que dicho amparo finalmente fue rechazado esta semana por la jueza de 4ª Nominación de Córdoba, Graciela Escudero de Fernández.

Los negocios de un gobierno adicto a Monsanto

En la mañana de hoy jueves 10 de octubre el presidente de FUNAM Raúl A. Montenegro y el letrado Federico Macciocchi junto a vecinxs afectados se hicieron presente en la Secretaría penal de Tribunales II, elevando una denuncia penal a Luis Federico Bocco, Secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba , la misma se radico en la fiscalía Distrito 2 Turno 3 de Pedro Caballero, para ser derivada a la fiscalía definitiva.

La denuncia que se hizo pública anoche a través de un informe del programa televisivo ADN, deriva de una investigación realizada por la FUNAM a la CTI (Comisión Técnica Interdisciplinaria) por irregularidades en su función, y participación por lo cual la declaran incompetente y nulos los proyectos que ante ésta Comisión hayan sido aprobados.

Por otro lado, también se difundió que el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos García Allocco -a partir del año 94- mantiene negocios paralelos a su desempeño en la justicia, a pesar de que la Constitución de la Provincia de Córdoba, el Código de Comercio y el Código de Ética impiden la participación de los jueces en la actividad comercial.

El propio García Allocco admitió estar vinculado al negocio del arrendamiento de ganado y la actividad agropecuaria y agrícola.

García Allocco ocupa un puesto de vocal en el TSJ desde el año 2007. Sugerido por el gobernador José Manuel De la Sota, García Allocco dejó de ser camarista de Marcos Juárez para sumarse al máximo tribunal cordobés.

Vale decir que la esposa de García Allocco, Norma Bermejo de García Allocco, fue senadora nacional por Unión por Córdoba -el partido de De la Sota- durante el año 2003. También fue una de las abogadas que exigía recibir la fortuna del multimillonario Manubens Calvet, caso en el que el juez era precisamente Garcia Allocco. (Ver Recusación al Vocal Carlos GARCIA ALLOCCO)

Revisemos los elementos legales para sostener la incompatibilidad de García Allocco:

Constitución de la Provincia de Córdoba

SECCION III -Poder Judicial

CAPITULO I – Disposiciones Generales

PROHIBICIONES

Artículo 156.- Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones.

Código de Comercio de la República Argentina

Artículo 22.- Están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de estado:

1.- Las corporaciones eclesiásticas;

2.- Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical.

3.- Las magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente.

Código de Ética para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba

3.9 El Ejercicio de la administración de justicia es incompatible con las actividades político-partidarias y con la emisión pública de opiniones que trasluzcan una filiación partidaria. También lo es con la actuación profesional o con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio. (Agregar como recuadro)

Así mismo el gremio de judiciales denunció la “incompatibilidad y la realización de posibles manejos poco claros con las autorizaciones para el informe de impacto ambiental que autoriza a la empresa Monsanto, que intenta construir su planta en Malvinas Argentinas. Y afecta además a los proyectos de CORMECOR con el vertedero de Basura en Bouwer, proyectos de Petrone en Carlos Paz, vertederos en Calamuchita y los proyectos inmobiliarios en Candonga, entre otros.

Irina Santesteban, secretaria del gremio de judiciales, señaló que están evaluando hacer efectivas las denuncias a la entidad que corresponda, ante las irregularidades que presenta el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte Federico Macciocchi junto a Raúl Montenegro se harán presente en el Ministerio de Ambiente el día de mañana para presentar las denuncias administrativas correspondientes. Las organizaciones socio ambientales por su parte acompañarán las acciones al pedido de renuncia de los funcionarios, recordando que el pasado 8 de octubre se movilizaron con la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra para declarar la “Emergencia Ambiental” con cerca de 10000 personas presentes.

Fuentes:

Funam denunció penalmente al secretario de Ambiente, Luis Bocco, 11/10/13, La Mañana de Córdoba. Consultado 11/10/13.

¿Una fiscal que no está de acuerdo con su propio dictamen?, 11/10/13, La Mañana de Córdoba. Consultado 11/10/13.

Los negocios de un gobierno adicto a Monsanto, 10/10/13, ECOS Córdoba. Consultado 11/10/13.