Polémica por los transgénicos

Un informe elaborado en la Facultad de Ciencias Médicas advierte sobre los problemas de salud en la localidad de Malvinas Argentinas y reclama evitar la planta de transgénicos de Monsanto. La empresa dice que su accionar “está dentro de las leyes vigentes”.

por Darío Aranda

Profesionales de la salud de cuatro cátedras de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba relevaron la situación sociosanitaria de la localidad de Malvinas Argentinas, donde se mantienen los cuestionamientos por la instalación de la empresa Monsanto. Detectaron enfermedades respiratorias y de piel, abortos espontáneos y malformaciones congénitas. Los investigadores, luego del estudio interdisciplinario, concluyeron: “Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto, no es recomendable desde el punto de vista médico, y es intolerable desde el punto de vista social”. Monsanto señaló que la polémica por la radicación de la empresa se debe a “falta de información” y destacó que su accionar “está dentro del marco de las leyes vigentes”.

La investigación “Análisis de la salud colectiva ambiental de Malvinas Argentinas” destaca la existencia de casos de bronquiolitis, bronquitis, asma y alergias, que “comprometen a la mayoría de los niños del pueblo”. “Se trata de una población que padece enfermedades respiratorias de manera llamativamente más frecuente e intensa que en otras poblaciones”, señala.

Detalla que la localidad tiene una prevalencia de 15,46 por ciento en neumopatías (enfermedades pulmonares) y la zona más expuestas a fumigaciones (el barrio Nicolás de Bari) llega al 20,25 por ciento, lo relaciona con la “elevada contaminación” del aire con polvo proveniente de los campos vecinos. “El pueblo no tiene acopios de granos, pero Monsanto está construyendo una fábrica que necesita almacenar una enorme cantidad de granos y prevé construir 240 silos para 16 toneladas cada uno. La experiencia de los pueblos agrícolas nos enseña que vivir alrededor de los acopios de granos es de alto riesgo para patologías respiratorias”, advierte la investigación. Las enfermedades de piel afectan al diez por ciento de la población y en el barrio Nicolás de Bari llegan al 30 por ciento.

Los investigadores relevaron a 178 mujeres que padecieron abortos espontáneos en los últimos años. “Una prevalencia de 22 por ciento de mujeres en edad reproductiva (MER) en la muestra estudiada. En el Nicolás de Bari tiene el valor más elevado (25,6 por ciento)”. El Centro de Estudios de Estado y Sociedad y el Centro de Estudios de Población estiman que en Argentina los abortos espontáneos tienen una prevalencia de 0,6 por ciento de MER. “Un valor de 22 por ciento de abortos espontáneos en Malvinas Argentinas nos dice que algo grave está pasando”, advierte la investigación. También detectaron 42 casos de nacimientos con “defectos”. Nicolás de Bari tiene 1,83 casos por cada cien vecinos encuestados, mientras que la zona menos expuesta a agrotóxicos tiene 0,66 por ciento. “Se verificó que hay mayor probabilidad de tener hijos con malformaciones si el hogar está más cerca de campos fumigados con agrotóxicos”, explica.

“El alto impacto encontrado en salud reproductiva, respiratoria y dérmica más la distribución espacial de las mismas, incluyendo tumores y cánceres, con mayor presencia en las zonas más expuestas a los pesticidas, reflejan grados de vulnerabilidad ambiental muy grandes. La vulnerabilidad de la población es de las más altas de Córdoba y la capacidad del Estado municipal de responder a la demanda de enfermedad es mínima”, afirma.

La jefa de Prensa de Monsanto, Fernanda Pérez Cometto, señaló que no tuvieron acceso a la investigación, pero remarcó que tienen una planta similar (aunque de menor envergadura) en Rojas (Buenos Aires) y “nunca se detectaron problemas en la población, todas nuestras plantas cumplen los más altos estándares de seguridad”. Respecto del rechazo que genera la instalación de Monsanto, Pérez Cometto apuntó a la “desinformación” de quienes se oponen y explicó que apuntan al “diálogo de todos los sectores”. Ante la posibilidad de una consulta popular (como propone la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida), desde Monsanto destacaron que “lo deben decidir las autoridades municipales”.

El trabajo fue realizado por Luciana Ruderman (Red Universitaria de Ambiente y Salud), Betiana Cabrera Fasolis (Cátedra de Medicina Psicosocial), Gloria Dozzo (Alergia e Inmunología), Carlos Nota (Medicina I) y Medardo Avila Vázquez (Clínica Pediátrica). Entrecruzaron información social y económica y obtuvieron “datos sanitarios directos” de 3563 personas.

Los investigadores concluyeron que la localidad posee el perfil de enfermedades que caracteriza a los pueblos fumigados con agroquímicos, calificaron de “muy grave el escenario socioambiental” y recomendaron “no someter a la población a los efectos de, entre otros contaminantes, el polvo de cereales que emanará de los silos y la actividad productiva de Monsanto”.

La planta más grande

por Darío Aranda

Malvinas Argentinas está ubicada en el Gran Córdoba, atravesada por dos rutas que dividen al barrio en tres y está -literalmente- cercada por soja. En junio pasado, la población se enteró por televisión de que tendría como vecina a la empresa de agronegocios más grande el mundo. Monsanto tienen 111 años de historia, domina el 27 por ciento del mercado mundial de semillas y publicitó su nueva planta como la más grande de Latinoamérica, para avanzar con el maíz transgénico y redoblar la producción de agrocombustibles. En junio también nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida, que cuestiona la instalación de la empresa y exige una consulta popular.

“La investigación socio-sanitaria aporta datos que preocupan y tienen relación directa con lo que denunciamos de las fumigaciones. Vivimos una situación delicada y con la instalación de Monsanto colapsará el barrio”, afirmó Matías Marizza, de la Asamblea, y pidió que “los gobernantes escuchen lo que dicen los investigadores y lo que quiere la población de Malvinas”.

La llegada de Monsanto a Córdoba fue anunciada en junio pasado por la Presidenta y respaldada por el gobernador, José Manuel de la Sota, y el intendente radical, Daniel Arzani. Desde la Asamblea se organizaron cortes informativos y movilizaciones (en septiembre hubo una multitudinaria marcha en la capital provincial). También se recurrió a la vía judicial y presentaron un proyecto en la Legislatura para evitar la instalación. Pero la municipalidad aprobó en enero la construcción de la planta.

Dos universidades nacionales (de Córdoba y de Río Cuarto) cuestionaron la instalación de Monsanto. Recordaron las denuncias de contaminación que pesan sobre la compañía, alertaron sobre las consecuencias sociales y ambientales del modelo agropecuario, llamaron a respetar el principio precautorio de la Ley General del Ambiente y exhortaron a respetar la decisión de las poblaciones afectadas.

Contrato de trabajo non sancto

La empresa Rural Power y Monsanto fueron denunciadas por trata de personas en 65 casos. Se trata de un campo de la localidad de Salto, donde trabajaban en condiciones paupérrimas en el desflore de maíz. La denuncia fue radicada en la Justicia federal.

por Emilio Ruchansky

La empresa Rural Power y su contratista Monsanto fueron denunciadas por el delito de trata de personas por la AFIP, luego de que 65 peones fueran entrevistados durante un operativo en un campo de la localidad bonaerense de Salto. Según difundió ayer la agencia impositiva, la mayor parte de los trabajadores proviene de Santiago del Estero y fue reclutado para el desflore de maíz. “Los trajeron engañados, les vendían comida a sobreprecio, los endeudaron y por lo que nos contaron los peones rescatados, no los dejaban salir del campo”, confió a Página/12 una fuente de la AFIP. En Monsanto optaron por no responder debido a que “no tienen información sobre la denuncia completa”, que fue radicada en la Fiscalía Federal de Mercedes. “El lugar fue inspeccionado el año pasado y mejoraron las condiciones habitacionales”, aclararon en la AFIP.

Según pudo comprobar la agencia impositiva, la empresa Rural Power SA tenía el ciento por ciento de su personal en condiciones irregulares. “Los agentes constataron que si bien la firma había tramitado las claves de Alta Temprana, al día siguiente las dio de baja”, señaló la agencia impositiva en un comunicado. El Alta Temprana se expide a las empresas para que éstas la exhiban a sus trabajadores, como un primer certificado de empleo registrado.

El campamento se llama “La Negra” y está a 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Allí los peones aseguraron que la jornada laboral era de 14 horas corridas. “Sus salarios eran retenidos y estaban obligados a abonar los alimentos que consumían a su propio empleador a un precio muy superior al de plaza”, indicó la AFIP. Los 65 peones fueron contratados, según la documentación encontrada, el 10 de diciembre pasado. De “adelanto”, recibieron 200 pesos y la promesa de “un trabajo digno”.

“La empresa multinacional Monsanto es solidariamente responsable de las acciones que efectúe su contratista Rural Power en el cumplimiento de sus obligaciones previsionales y también, si se demuestra, de la trata de personas”, señalaron desde la AFIP. El año pasado, tras constatarse una situación similar en esa estancia, el delegado local de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Julio César René, señaló que las mismas condiciones se repetían en los campos de las empresas Pioneer, Tobin y FN Semilla.

En el período comprendido entre octubre y febrero, informó entonces René, “llegan a la zona entre cinco mil y seis mil trabajadores para hacer tareas de desfloración, purificación y fumigación manual de maíz y que en algunos casos, los empleados son contratados por las firmas proveedoras de mano de obra, Rural Power, Pertenecer, Man Power, Saevent y Adecco”. Según estipula el nuevo Estatuto del Peón Rural, estas empresas reclutadoras tienen prohibido participar en el agro, sin embargo, de momento esa norma se encuentra paralizada (ver aparte).

“La producción de semillas híbridas de maíz da ganancias espectaculares a Monsanto por el rendimiento que producen: todos los años hay que comprarlas para poder sembrar y la fórmula está protegida. Hay muy pocos jugadores importantes en el mercado, cinco o seis, y Monsanto es el principal”, explicó a Página/12 el ingeniero agrónomo Luis Cardini, quien hasta hace poco formaba parte de la Comisión Nacional de Semillas que asesora el Ministerio de Agricultura.

Excepto por la empresa Pioneer, que comenzó a tecnificar el desflore de maíz para que los peones no caminen toda el área de sembrada, la actividad es muy sacrificada. Los trabajadores deben separar manualmente en la época de floración algunas plantas que producen polen pero no sirven para la cruza buscada. Luego, la cosecha de semillas se completa con máquinas. “Antes un productor necesitaba sacar diez kilos de maíz para comprar un kilo de semillas, esa relación se amplió mucho: ahora precisan alrededor de 35 kilos para comprar la misma cantidad de semillas”, comentó Cardini. En Monsanto reconocieron que el campo fue inspeccionado el año pasado y afirmaron que nunca recibieron una denuncia por este tema. “Tenemos los estándares más altos para los trabajadores, con una bajada muy fuerte en el tema de derechos humanos. Incluso nos adelantamos en varios ítem a la nueva ley de peones rurales”, señaló una vocera de la multinacional. Luego que aseguró que Rural Power también se adecua a la normas de la compañía semillera y a la ley argentina.

La nueva ley aún no se aplica

Mediante cuatro medidas cautelares, Gerónimo “Momo” Venegas, titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), logró frenar la semana pasada la aplicación de la ley que establece un nuevo Estatuto del Peón Rural. El Ministerio de Trabajo nacional ya apeló estas resoluciones, que detienen varios beneficios para los peones rurales: la jornada laboral de ocho horas y el acceso a la jubilación con 57 años y 25 de aportes. También prohíbe la actividad de empresas que tercerizan el reclutamiento de peones, como Rural Power y Adecco, reemplazándolas por una bolsa de trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación. “Como antes, en el caso de las reservas del Banco Central hace dos veranos, de la ley de medios audiovisuales, de defender las altas tasas de interés que se cobraban a jubilados mediante el código de descuento; nuevamente aparece la Justicia cautelar para defender intereses espurios”, expresó el viernes pasado, el presidente en ejercicio Amado Boudou.

Uno de los jueces que frenaron la ley es Alberto Ize. También firmó el juez platense Guillermo Atencio y la jueza subrogante Ana María Rojas, quien libró dos amparos. El Momo Venegas se opone a la disolución del Renatre, el registro de los peones que administraba una bolsa de empleo y debía garantizar el trabajo en blanco en el sector. La ley lo reemplaza por un ente controlado por el Estado.

Fuentes:

Darío Aranda, Polémica por los transgénicos, 18/02/13, Página/12. Consultado 18/02/13.

Darío Aranda, La planta más grande, 18/02/13, Página/12. Consultado 18/02/13.

Emilio Ruchansky, Contrato de trabajo non sancto, 17/02/13, Página/12. Consultado 18/02/13.

La nueva ley aún no se aplica, 17/02/13, Página/12. Consultado 18/02/13.