Avance sobre las leyes ambientales: qué quiere modificar el Gobierno y cuáles serán las consecuencias

El viernes circuló un documento con supuestas propuestas del Ejecutivo para cambiar algunas de las modificaciones enviada en la megaley pero los diputados de la oposición esperan mayores definiciones. Claves para entender lo que pretenden Milei y su gabinete y lo que exige la oposición.

Por Emilia Delfino

El Gobierno de Javier Milei envió el viernes último un documento con las propuestas a modificaciones en el proyecto de Ley Ómnibus que incluyen cinco posibles adaptaciones a los cambios que los libertarios buscan imponer en las leyes ambientales, como la Ley de Bosques, la Ley de Quema y la de Glaciares. Para los diputados de la oposición, no está claro aún cómo quedarían esos cambios plasmados en el texto definitivo de la megaley y esperan mayores definiciones por parte del Ejecutivo. También sostienen que los cambios están muy lejos de las objeciones en materia ambiental que realizaron los diputados a los funcionarios del Gobierno durante el plenario de esta semana, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR.

Las negociaciones encabezadas por diputados de los distintos bloques con el Gobierno para modificar puntos de la ley se centró en los aspectos económicos, fiscales y financieros, pero no incluyó entre las prioridades el capítulo ambiental.

La Fundación Vida Silvestre fue una de las que intentó dialogar con todos los sectores de la Cámara de Diputados y logró reunirse con integrantes de casi todos los bloques e interbloques, menos con quienes no quisieron recibirlos: La Libertad Avanza -nunca respondió el pedido enviado por escrito- y el PRO. Sólo la diputada Marilú Quiroz (PRO) los escuchó, según una publicación en Instagram de la organización ambientalista. La entidad envió este viernes por la tarde una nueva carta a los presidentes de los bloques en la que les solicita no votar la Ley Ómnibus incluso son las nuevas modificaciones, debido a que están muy lejos de lo esperado. Esta nueva propuesta “sigue manteniendo modificaciones inaceptables en las leyes de bosques, quema y pesca y, en el caso de la ley de glaciares, incluso, propone nuevos cambios. Estas propuestas desguazan el funcionamiento estructural de las normas, por lo que, de ser sancionadas harán retroceder al país en materia de protección ambiental”, afirmó.

“Creemos y seguimos pidiendo que el capítulo ambiental sea excluido de la Ley Ómnibus”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que integra el interbloque Hacemos Coalición Federal. “No se explica la urgencia ni han sido fundamentados sus beneficios para la economía y para morigerar la situación de crisis”, explicó Ferraro sobre las modificaciones que el Gobierno quiere imponer en materia ambiental. “También vemos que algunas propuestas son regresivas y rompen con principios de la ley general de ambiente”, agregó el diputado.

“La concepción política ideológica que tiene este proyecto, que está expresado incluso en los fundamentos del mensaje de envío, es una cuestión muy dirigida a una liberación del mercado, de un capitalismo a ultranza, prácticamente deshumanizado. Todo queda sometido a las leyes del mercado y en el capítulo de Ambiente esa concepción es brutal”, aseguró Margarita Stolbizer a elDiarioAR.

La diputada del GEN e integrante del mismo interbloque. “Tiene que ver con la desprotección, la autorización, habilitar negocios en zonas o en ámbitos que tenían la protección ambiental y ahora no lo tienen. Y por otro lado, con el desfinanciamiento de aquellos ámbitos, fondos o recursos que estaban destinados a la protección ambiental”, afirmó Stolbizer.

Sobre el documento que circuló este viernes con propuestas de cambios del Gobierno, Ferraro afirmó: “No podemos sacar conclusiones del punteo que circuló ayer en el que no quedan claras las modificaciones que estaría proponiendo el Ejecutivo sobre el capítulo ambiental”. “A priori, parecería que han cedido en algunos aspectos pero seguimos esperando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición, más allá de que creemos que este capítulo no debería bajar al recinto. En todo caso, habría que debatir lo que haya que debatir en sesiones ordinarias”, dijo Ferraro.

“Lo que correspondería es que el Poder Ejecutivo presente estas propuestas en el período ordinario y se discutan en las comisiones competentes. Al capítulo ambiental solo se le dedicaron unas pocas líneas en los fundamentos de la Ley Ómnibus”, argumentó el diputado de la CC. “La normativa ambiental vigente exige una amplia participación en la toma de decisiones ambientales, por lo que un debate exprés resulta inadmisible. Seguiremos trabajando para que esta sea la postura que prime”, agregó Ferraro.

Incluso con leyes que protegen los bosques y glaciares, el avance sobre el ambiente ha sido un hecho. Las normativas han permitido frenar, ralentizar, exponer y sancionar dicho avance. Por ejemplo, el último informe de Greenpeace sobre desmontes determinó que durante 2023 la deforestación en el norte del país fue de más de 125.000 hectáreas -superior a la del año anterior, con 118.805 hectáreas- y advirtió sobre la ilegalidad de todos los desmontes realizados en Chaco, suspendidos por la Justicia provincial, y de más del 80% de los ejecutados en Santiago del Estero. Un escenario sin estas leyes sería catastrófico y un triunfo de quienes las han violado o intentado violar desde su vigencia, coinciden las organizaciones.

Ley de Bosques

La modificación que plantea el proyecto original deja a más del 80% de los bosques nativos de la Argentina desprotegidos y a merced de los negocios y desmontes a gran escala. “Implica el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de bosques nativos”, determinaron un centenar de organizaciones en una carta abierta a los diputados.

La Ley 26.331 clasifica a los bosques en tres categorías: roja (conservación estricta), amarilla (uso sostenible) y verde (posible cambio de uso del suelo previo EIA y audiencia pública), conforme un proceso participativo de ordenamiento territorial liderado por las provincias, con control de la Nación, explicó la FARN en un escrito.

Tras las negociaciones con la oposición, el Ejecutivo envió este viernes a Diputados una serie de propuestas que modificarían el proyecto original. El Gobierno habría accedido a eliminar la modificación del artículo 26 de la ley, el que establecer que para los proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción garantizará el cumplimiento estricto de la participación ciudadana y el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que se otorguen para los desmontes.

También habría propuesto agregar un artículo para garantizar los fondos para nutrir el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos para 2024.

Ley de Glaciares

El Gobierno quiere modificar la ley 26.639, que garantiza la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. El objetivo explícito del Ejecutivo es habilitar la actividad económica en la zona periglacial, un reclamo histórico de las mineras, que buscan extender sus explotaciones a estas áreas de las montañas.

“Para facilitar la intervención sobre estos ambientes protegidos, el texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada de determinados glaciares: aquellos que se encuentran incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares (que es incompleto por excluir a los glaciares menores a 1 hectárea), y que además posean una ‘función hídrica efectiva y relevante’”, explicó FARN en un escrito.

En la propuesta de este viernes, el Ejecutivo sólo habría accedido a modificar el artículo 6 para “dar más claridad a la reforma”. “Nos preocupa, por ejemplo, que habría una modificación al artículo 6° de la Ley de Glaciares que actualmente prohíbe la actividad minera en los glaciares y el ambiente periglacial. Seguiremos aguardando el texto final para evaluar los alcances y tomar posición”, dijo el diputado Ferraro a elDiarioAR.

Ley de Control de Fuego

Ley 26.562 controla las actividades de quema. Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo agregan a la definición del “aprovechamiento productivo” de la tierra a toda actividad que tenga “una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”.

“Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen”, entre otros usos, explicó Fundación Vida Silvestre.

El Gobierno habría accedido a eliminar el artículo 497 que modifica esta parte de la ley, de acuerdo al documento que circuló este viernes.

“El 90% de los incendios que ocurren en el país son consecuencia de actividades humanas y las modificaciones que propone hacer la Ley Ómnibus empeorarán esta problemática”, explicó FARN.

El proyecto original mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización pero establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.

En las propuestas del viernes, el Ejecutivo también habría accedido a ampliar ese plazo a 90 días, tras las reiteradas objeciones de distintos sectores de la oposición.

Ley de pesca

Ley 24.922 garantiza el Régimen Federal de Pesca y las modificaciones propuestas facilitarían una profundización del extractivismo en el mar, sin usos que sigan pautas de conservación ni la consideración de los impactos sobre la biodiversidad marina, explicó Fundación Vida Silvestre en un comunicado.

“El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP)”, explicaron las organizaciones en la carta enviada a los diputados.

La Ley Ómnibus deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos, lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca. “Existe en el mundo una política que desalienta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” y estas modificaciones que pretende el Ejecutivo “provocará una pésima calificación en materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con la imposibilidad de ingreso a esos mercados”, agregaron.

Ante las quejas de los gobernadores de las provincias que se verían afectadas, el Gobierno aceptaría dar marcha atrás con al menos algunos cambios de esta ley.

Sin renovables y mercados de carbono

La Ley Ómnibus no plantea cómo llevar adelante la transición energética hacia una matriz más limpia, a través de energías renovables, ni establece el camino para que la Argentina cumpla con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a 2030 y carbono neutralidad a 2050, que el país se comprometió a cumplir en el marco del Acuerdo de París.

Lejos de eso, el proyecto de ley establece mercados de derechos de emisión de GEI. “Es un enfoque netamente mercantilizador de la naturaleza y que no hace referencia a la necesidad y urgencia de reducir las emisiones de GEI desde las fuentes, teniendo en cuenta que el sector energético y de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AGSOUT) son los principales responsables de las emisiones según el Inventario Nacional de GEI”, explicó FARN en un artículo.

Los mercados de carbono que habilita la nueva ley son “un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden comprar y vender permisos de emisión o créditos de carbono para compensar sus emisiones de una manera costo efectiva”.

“Los mecanismos de mercado de carbono deben estar enmarcados en una estrategia que tenga en cuenta los compromisos internacionales, particularmente el de carbono neutralidad a 2050, pero también que garantice salvaguardas socioambientales y tenga en cuenta a actores fundamentales de la ciudadanía”, afirmó FARN.

El proyecto de ley privilegia al sector hidrocarburífero con medidas como la extensión de las concesiones a 35 años para yacimientos no convencionales y a 30 años en el caso de la explotación de la plataforma continental y el mar territorial, explicó FARN en un documento. Además, la organización afirmó que “la forma de otorgamiento de permisos es flexibilizada y se fija que las regalías constituyen la única suma que pueden recibir las jurisdicciones titulares de dominio de hidrocarburos”.

ED/MG

Fuente:

Emilia Delfino @Emiliadelfino, Avance sobre las leyes ambientales: qué quiere modificar el Gobierno y cuáles serán las consecuencias, 23 enero 2023, elDiarioAR.