Derechos indígenas siguen bajo fuego en el Congreso de Brasil

Por Mario Osava

RÍO DE JANEIRO – El legislativo Congreso brasileño, dominado por representantes del llamado agronegocio, se muestra dispuesto a una lucha sin fin contra los derechos indígenas reconocidos por la Constitución nacional de 1988 en desmedro del ambiente y, por ende, de sus propios intereses.

Una abrumadora mayoría de 321 diputados, contra 137, y 53 senadores, contra 19, votó el jueves 14 por anular los vetos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a la denominada ley del Marco Temporal. Pero fue una batalla no definitiva y otras están en el camino.

El objetivo es impedir que nuevas tierras sean destinadas a los indígenas y, si es posible, reducir las ya demarcadas. En Brasil la población indígena suma 1,7 millones de personas, 0,83 % de los 203 millones de brasileños.

Para eso los legisladores conocidos como “ruralistas” lograron que la Cámara de Diputados aprobara el 30 de mayo la ley que reconoce como territorios indígenas solo los que eran ocupados por esa población originaria el 5 de octubre de 1985, fecha de la promulgación de la Constitución.

El Senado completó la aprobación legislativa el 27 de septiembre. Pero una semana antes el Supremo Tribunal Federal (STF) ya había considerado inconstitucional ese marco temporal.

La Constitución habla de “derechos originarios sobre tierras que (los indígenas) ocupan tradicionalmente”, deja evidente que no se trata de derecho determinado por una fecha. Pese a ello, 43 senadores aprobaron la ley, en discrepancia con la Constitución y el STF.

Vetos y retaliaciones

En consonancia con el fallo judicial, el presidente Lula vetó el marco y otras 46 disposiciones de la legislación el 20 de octubre, en un desafío a los legisladores que tuvo su respuesta ahora, con el derrumbe de los vetos.

El STF, última instancia judicial y guardián de la Constitución, será llamado a dirimir nuevamente la pelea entre los poderes legislativo y ejecutivo. Por lo menos dos partidos de izquierda y la ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, anunciaron que recurrirán al máximo tribunal para anular la ley por ser inconstitucional.

La persistencia de esas batallas desnuda, sin embargo, la correlación de fuerzas adversa a los pueblos indígenas y al gobierno de Lula en el actual Congreso, con una mayoría conservadora que suele acoplarse a la extrema derecha en temas como derechos de las minorías o que involucran valores morales, como el aborto o las drogas.

El ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro fue derrotado en su intento de reelegirse en 2022, pero logró llevar al Congreso una buena cantidad de diputados y senadores. Su Partido Liberal es la mayor fuerza en la Cámara de Diputados, con 99 miembros.

El Frente Parlamentario de la Agropecuaria, la llamada bancada “ruralista”, que representa los intereses del agronegocio y los grandes terratenientes, cuenta con 300 diputados, en un total de 513 de la Cámara, y con 47 entre los 81 senadores, según la publicación digital “De olho nos ruralistas” (La mirada en los ruralistas).

Disputas en alza

Es prácticamente seguro que el Supremo Tribunal Federal repetirá su fallo de que el marco temporal en la demarcación de territorios indígenas es inconstitucional. Por eso algunos legisladores ruralistas anunciaron que propondrán una enmienda constitucional para incluir el marco y de esa forma hacerlo definitivo.

Pero algunos juristas ya aclararon que tampoco se podrá modificar la Constitución en ese caso. Se trata de derechos fundamentales de un sector de la población brasileños y por lo tanto parte de la llamada “cláusula pétrea”, es decir inmutable, de la Constitución. Solo una nueva ley fundamental podría modificarla.

De todas formas es una herida abierta que está agravando los conflictos ya numerosos entre el Congreso y el STF. La cuestión indígena se suma a temas como la liberación del aborto hasta la décimo segunda semana de embarazo, la discriminación del consumidor de drogas y un proceso contra las noticias falsas, que envenenan las relaciones entre los dos poderes.

Legisladores conservadores acusan el STF de usurpar funciones legislativas y afectar el equilibrio y la armonía entre los poderes.

En una especie de retaliación, el Senado aprobó una enmienda constitucional que veda fallos individuales, los denominados “monocráticos”, de jueces del Supremo, que se multiplicaron últimamente. Pero la misma corte ya había adoptado restricciones a esos fallos.

La misma ley del marco temporal y la revocación de los vetos presidenciales a esa legislación se aprobaron por una amplia mayoría atribuida al deseo de retaliación al Supremo Tribunal Federal.

Ahora las discrepancias tienden a agravarse por la acusación de interferencia del STF en las funciones del Congreso y porque la ley en tela de juicio no se limita al marco temporal de las demarcaciones.

Las decisiones legislativas establecen muchos cambios en relación a los territorios indígenas que amenazan la sobrevivencia de esos pueblos. Permiten, por ejemplo, la instalación de bases militares y centrales hidroeléctricas en sus tierras, sin la consulta previa exigida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También se podrá construir infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y líneas de transmisión eléctrica sin anuencia de los grupos indígenas locales. Además esa ley facilita actividades económicas hasta ahora no permitidas en los territorios indígenas y su invasión por no indígenas.

La demarcación de nuevos territorios indígenas será dificultado por la indemnización a las personas que ocupan parte de esas áreas, incluso por la tierra de propiedad registrada. Hasta ahora solo se indemnizaba las mejores construidas, no la tierra en si misma.

Es improbable que el STF anule por inconstitucionalidad todo el paquete de nuevas normas aprobadas por el Congreso y cada punto podrá generar nuevas controversias con tensiones institucionales.

Minoría empoderada

En consecuencia, la cuestión indígena se volvió un factor de radicalización en las disputas entre poderes y de inestabilidad democrática, al poner en tela de juicio la Constitución nacional.

Todo eso ocurre en un momento de empoderamiento de los pueblos indígenas, especialmente en Brasil. Ganaron un ministerio propio, con una titular indígena, Sonia Guajajara, y se volvió a fortalecer el órgano encargado de la política indigenista, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas.

El agravamiento de la crisis climática mundial les atribuye a esos pueblos un nuevo protagonismo, como guardianes de la naturaleza, especialmente los bosques amazónicos, en Brasil, aunque sean una pequeña minoría.

Curiosamente, la principal fuerza de ataque a sus derechos se compone principalmente de los grandes agricultores, que dependen directamente del clima y deberían ser los primeros a proteger los bosques.

Ya se sabe que la mayor parte de la agricultura brasileña se beneficia de las lluvias provenientes de la Amazonia y que se alimentan de los bosques. Son los llamados “ríos voladores”, inmensa humedad que se está perdiendo por la deforestación amazónica.

Los fenómenos climáticos extremos, como las intensas lluvias en el sur de Brasil en los últimos meses, provocaron pérdidas agrícolas estimadas en el equivalente a 5700 millones de dólares, según datos de la Confederación Nacional de Municipios.

Además, restar derechos indígenas y protección ambiental afecta directamente las exportaciones agrícolas, vitales para Brasil, y buena parte de las inversiones extranjeras. Es decir, los ruralistas conspiran contra sus propios negocios.

ED: EG

Fuente:

Mario Osava, Derechos indígenas siguen bajo fuego en el Congreso de Brasil, 15 diciembre 2023, Inter Press Service.