Organizaciones ambientales exigen al INTA que publique el informe del Proyecto SPRINT, sobre presencia de plaguicidas en humanos y en el ambiente. “El 100% de las personas muestreadas registraron más de 10 venenos en sus cuerpos”, denuncian.
Redacción Canal Abierto | En la mañana de este lunes 17 de julio, militantes de asociaciones ambientales se acercaron a la sede del INTA Mar del Plata para exigir que se den a conocer los resultados del proyecto SPRINT censurados por la dirección de la entidad. “Lo hacemos responsable de censura, ocultar información y de daños a la salud a toda la ciudadanía”, expresan en un comunicado. “En el proyecto censurado, el 100% de las personas registraron más de 10 venenos en sus cuerpos”.
El proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal) es llevado adelante por un consorcio de 28 institutos de investigación de 10 países europeos y Argentina. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) participa por Argentina a través de la Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce y la Chacra Experimental Integrada Barrow, en la localidad bonaerense de Tres Arroyos.
La iniciativa pretende evaluar los riesgos, costos y beneficios del uso de plaguicidas en diferentes sistemas agrícolas, valorando los impactos en la salud humana y el ambiente; y proponer vías de transición hacia una protección vegetal más sostenible.
Lo que hizo el estudio fue monitorear a través de muestreos la cantidad de plaguicidas utilizados en la agroindustria en diferentes matrices: suelos, agua, animales y en personas. Dentro de las muestras humanas se hicieron análisis en orina, materia fecal y sangre. Los voluntarios muestreados también portaron durante una semana una pulsera para monitorear los tóxicos a los que estaban expuestos ambientalmente y se les pidió la basura que tenían en sus aspiradoras hogareñas.
“Los resultados fueron bastante fuertes. Se encontraron entre 2 y 10 tóxicos en sangre, esto implica que son venenos que no se pueden expulsar y quedan en el organismo; más de una decena en la orina, por todo lo que tomamos; un promedio de entre 15 y 20 en materia fecal, por todo lo que comemos, con el glifosato a la cabeza; y hasta 53 en pulsera y 86 plaguicidas y tóxicos provenientes de la agroindustria en las aspiradoras”, cuenta a Canal Abierto Anahí, una de las 73 voluntarias y voluntarios que participaron del muestreo realizado en áreas urbanas y rurales de la provincia de Buenos Aires, específicamente en las localidades de General Pueyrredón, Balcarce, Necochea, Lobería, Tandil, Benito Juárez, San Cayetano y Tres Arroyos.
Censura
La doctora Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, estuvo al frente de la investigación en nuestro país. El 21 de junio pasado, cuando iba a dar a conocer el análisis de los resultados del estudio recibió una notificación del INTA que le ordenó suspender la publicación oficial de los mismos. “A los voluntarios nos entregaron nuestros resultados personales, pero no tengo una explicación de qué significan. Gracias a mi profesión, yo puedo interpretarlos pero otras personas no”, cuenta Anahí, que es licenciada en ciencias biológicas.
Según el INTA, los resultados superan las incumbencias del instituto. “Esa explicación no es coherente, ya que cuando se les dio el aval para hacer la investigación ya sabíamos de qué se trataba. Lo que pasa es que dieron tan mal los resultados, porque Argentina es el país que peor está con respecto a los otros países estudiados, que no conviene que los análisis sean públicos”, interpreta la voluntaria.
El 5 de julio hubo una segunda notificación del INTA donde se pospone todo tipo de actividad del proyecto SPRINT. Según la lectura que hacen referentes ambientalistas esto implica la retirada argentina del proyecto. “¿Qué pasa con todas las personas que se analizaron? ¿Quién les explica qué repercusiones pueden tener estos químicos hallados en su organismo? Sabemos lo que provocan algunos de ellos pero no sabemos por ejemplo cómo pueden interactuar los distintos compuestos encontrados en un determinado individuo”, se preocupa Anahí.
Exigimos
Los colectivos ambientales que participaron de la protesta esta mañana le exigieron al Estado y al INTA:
que hagan públicos los resultados del proyecto SPRINT.
que cumplan con el artículo 41 de la Constitución Nacional y con el Acuerdo de Escazú priorizando la salud humana y la libertad de información.
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
A su vez, expresaron el apoyo solidario a la doctora Aparicio y a todo su equipo que “hacen ciencia digna y llevaron adelante esta investigación”.
Riesgos para la salud
A lo largo de los años, científicos e investigadores ambientales han comprobado que los 500 millones de kilos/litros de agrotóxicos que se utilizan en Argentina cada año no permanecen en los lugares donde fueron aplicados, sino que se esparcen contaminando el agua y las tierras cercanas.
Semanas atrás el médico pediatra Medardo Ávila Vázquez, pionero en el estudio sobre las consecuencias del modelo agrario ligado al uso de agrotóxicos, señaló en diálogo con Canal Abierto que “en los pueblos fumigados la primera causa de muerte es el cáncer”.
Todas las personas que participaron del muestreo utilizaron una pulsera que confirmó la contaminación con químicos que dañan la salud, relacionados como causa directa de patologías como: cáncer, celiaquía, afecciones respiratorias, trastornos inmunológicos, problemas hormonales, problemas en fertilidad, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y autismo.
Fuente:
El INTA censura los alarmantes resultados de un estudio sobre presencia de agrotóxicos, 17 julio 2023, Canal Abierto.
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