Tres expedientes activos, dos civiles y uno penal, en tribunales provinciales más otro en el federal, llegan a la misma conclusión: daño en el ambiente y riesgo para la salud.
por María Ester Romero
La contaminación del río Suquía aguas abajo de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande, es una evidencia constatada y sobre la cual no quedan dudas. Tampoco sobre la causa: el deficiente funcionamiento de la planta.
A 18 años de la primera presentación en los tribunales provinciales de una acción de amparo para hacer cesar el daño ambiental, la cronología muestra un derrotero judicial con sentencias adversas para la Municipalidad de Córdoba, responsable de la Edar, y la Provincia, responsable del río.
Tres expedientes judiciales trataron y aún hoy analizan, las consecuencias contaminantes del escaso tratamiento de los residuos cloacales de parte de la ciudad de Córdoba.
La primera acción de amparo se presentó en 2003. Al año siguiente, un fallo catalogado por algunos como señero, lo admitió y ordenó al municipio corregir la situación de la planta y a la Provincia, brindar 200 litros de agua diarios a los vecinos cuyos pozos de extracción de agua se habían contaminado.
El segundo fue una acción civil por daños iniciada en 2010. Recientemente, el juez Julio Fontaine declaró corresponsables a la Municipalidad de Córdoba y a la Provincia.
Y el tercero fue una denuncia penal por contaminación ambiental que se presentó en los tribunales federales en 2018. En este expediente se promovieron imputaciones, pero está en discusión la competencia federal. Hay una segunda causa penal radicada en la Justicia provincial, sin embargo con poco y nulo movimiento.
En todos los casos la cuestión a comprobar fue el daño causado al curso de agua del río Suquía y a vecinos que viven en sus riberas, a raíz del déficit en el tratamiento de los líquidos cloacales.
El cuadro es preocupante. No solo por el daño causado desde hace más de una década y media y la falta de planes de remediación, sino también porque funciona mal una estación depuradora que recibe lo que produce tan solo el 47% de la población de la ciudad de Córdoba. Más de la mitad de los vecinos no tiene red cloacal domiciliaria, lo que es otra deuda pendiente.
Una luz de esperanza la aporta la construcción de la nueva planta -colindante a la actual- que ampliará la capacidad de tratamiento y es construida con fondos nacionales y gestión del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. A la par se aguarda el saneamiento del río.
Cronología. La Edar fue inaugurada a fines de los ’60 y en los ’90 pasó de la Provincia a la Municipalidad de Córdoba. A fines de esa década se patentizó la gravedad del problema que persiste aún hoy, por el incremento de conexiones sin que se haya ampliado la planta. A la par, hubo períodos de carestía de insumos de mantenimiento del equipamiento. Trabaja con capacidad reducida. Según denuncian delegados gremiales, no funcionan parte de los precoladores (realizan tratamiento aerostático), digestores (tratamiento anaeróbico) y en el laboratorio faltan drogas para análisis. Solo hay un tratamiento físico (decantación y separación de sólidos) de los líquidos que ingresan y la cloración es insuficiente. Recibe un excedente de materia que no logra tratar. PERFIL CÓRDOBA buscó la palabra del municipio, pero no hubo respuesta.
LOS TRES EXPEDIENTES
Hacer cesar el daño
El 14 de octubre de 2004, el Juzgado Civil y Comercial de 8ª Nominación hizo lugar a una acción de amparo de vecinos de Chacra de la Merced y la Fundación Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (Cedha) y ordenó a la Municipalidad minimizar el impacto en el ambiente, adoptando medidas en el funcionamiento de la planta Edar. A la Provincia, le impuso la obligación de proveer un mínimo de 200 litros diarios de agua potable a los amparistas, hasta que pudieran contar con servicio de agua potable.
Plantearon que había contaminación del río Suquía en el curso que va del kilómetro 2,5 al 10 y por consiguiente se habían afectado los pozos de agua. La acción había ingresado un año antes. El por entonces intendente, Luis Juez, presentó el Plan Integral de Cloacas (PIC).
Remediar el ambiente
El 2 de noviembre último, el juez Civil Julio Fontaine, emitió sentencia en otro juicio iniciado en 2010, en este caso buscando remediar el daño ambiental. El magistrado reiteró los conceptos del fallo del 2004.
“Se advierte que los primeros datos relativos a la contaminación del río en el tramo implicado, se remontan a noviembre de 2003”. Citó el informe del Centro de Química Aplicada (Cequimap) de la UNC que reveló la elevada presencia de bacterias coliformes totales y fecales ya desde entonces.
La resolución estableció la responsabilidad compartida de la Municipalidad de Córdoba y la Provincia, señalando que esta última se limitó a imponer multas y no remediar el daño. Por eso ordenó que se realice un nuevo informe actualizado sobre la situación del río, el avance de las obras de la nueva planta Edar y el funcionamiento de la actual, entre otras cuestiones. La Municipalidad apeló la decisión.
Hay delito culposo
En la Justicia federal se tramita el expediente penal que más avances tiene. Se abrió en 2018 a partir de una denuncia que sostiene que la contaminación que genera en el río Suquía la planta de Bajo Grande, llega a la Laguna del Plata y a Mar Chiquita. Sin embargo, el juez federal Hugo Vaca Narvaja resolvió la incompetencia, al señalar que los valores hallados en el embalse están en los límites permitidos, diferentes a los detectados apenas salen los líquidos de la Edar.
El Foro Ambiental Córdoba y la Fiscalía apelaron la decisión y está en consideración de la Cámara Federal. En caso de que el tribunal sostenga la misma opinión que el juez de primera instancia, la causa pasará a la Justicia provincial, donde hay otro expediente iniciado a instancias de la exjefa comunal de Capilla de los Remedios, Mirian Gómez. Se encuentra a cargo de la fiscal Patricia García Ramírez.
En los tribunales federales hay imputaciones. Alcanzan al exintendente Ramón Javier Mestre y ocho funcionarios de su gestión. La calificación legal es contaminación culposa.
EDUARDO GÓMEZ Y GUSTAVO ALBEZA, DELEGADOS: “Agrandaron la casa, pero no el baño y el inodoro no da abasto”
A la par de organizaciones ambientalistas, una de las voces que vienen denunciando sistemáticamente el colapso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Bajo Grande es la de los trabajadores. PERFIL CÓRDOBA entrevistó a dos delegados, Eduardo Gómez y Gustavo Albeza. Expresaron sus expectativas de una reunión que les prometieron las autoridades de las cuales dependen.
- ¿Qué están pidiendo?
- Pedimos precisiones, qué se hará con Bajo Grande, definiciones del plan integral para refuncionalizar la planta, en qué tiempo y con qué presupuesto.
- ¿Alguna vez funcionó al 100%?
- Sí, cuando la Municipalidad la recibió funcionaba a pleno. En esa época, el intendente era Ramón Bautista Mestre. Con el pasar del tiempo hemos aumentado la contaminación. El resultado de la ecuación es claro. Es mayor el crecimiento urbano que las inversiones que se hicieron en Bajo Grande. Las peores gestiones fueron los ocho años de Ramón Mestre (hijo) y (Germán) Kammerath. El que más hizo fue Luis Juez. Lanzó el Plan Integral de Cloacas. Y Giacomino siguió con algunas obras. En general, si uno observa la historia de la planta y la ciudad, agrandaron la casa, pero se olvidaron de agrandar el baño y el inodoro no da abasto. Es la crónica de un desastre anunciado. Hemos visto pasar todas las gestiones. Todos se pelean por lo que no hizo uno y otro, pero nadie habla del saneamiento del río y la situación subterránea de las cloacas, que implica la salud de los vecinos.
- En este momento, ¿cuánto se vuelca al río sin tratar?
- Unos 7.000 m³/hora, dependiendo del momento del día. La planta tiene personal que trabaja las 24 horas los 365 días del año. No debería parar nunca.
Fuente:
María Ester Romero, Planta de Bajo Grande: un derrotero judicial que lleva casi dos décadas, 29 noviembre 2021, Perfil.
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