No Queremos Inundarnos: Impulsando la minería destructiva

La sociedad civil de la Unión Europea denuncia planes de materias primas de la Unión Europea en el Pacto Verde Europeo.

En 2019, la Comisión Europea publicó su Pacto Verde Europeo, un plan de acción que describe políticas climáticas y ambientales e iniciativas a implementarse en los próximos años. A pesar de las loables intenciones, estos planes tienen a su base la idea perjudicial e ilógica del “crecimiento ecológico” [1] y suponen un escenario de consumo “habitual” de energía y materiales en la Unión Europea (UE). En particular, en su planteamiento actual, los planes del Pacto Verde Europeo darán lugar a un aumento drástico de la demanda de minerales y metales que la Comisión Europea tiene previsto satisfacer a través de una gran cantidad de nuevos proyectos mineros, tanto dentro como fuera de la UE.

Esta dependencia planificada en la minería para cumplir con el Pacto Verde es motivo de gran preocupación para la sociedad civil en todo el mundo. Las empresas mineras son responsables de un enorme daño humano y ecológico en todos los continentes. El sector es responsable de violaciones generalizadas contra los derechos humanos [2], conflictos entre y al interno de comunidades afectadas [3], la explotación laboral y la intensificación de las desigualdades socioeconómicas. También es un contribuyente significativo al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad global y el estrés hídrico [4]. La creciente demanda de materia prima y los planes de la UE para satisfacerla a través de nuevos proyectos mineros agravarán todos estos problemas.

Las comunidades afectadas por la minería en Europa y sus aliados de la sociedad civil se oponen a la expansión continua de la industria minera y cuestionan la narrativa dominante de crecimiento ilimitado y las políticas que la sustentan. Esta declaración describe un análisis de la sociedad civil de los planes actuales de la UE y sugiere cómo la UE puede abordar los problemas sistémicos que sustentan el extractivismo sin fin para así cambiar su rumbo hacia un futuro más justo y sostenible.

Estas recomendaciones parten de la necesidad crucial de que la UE y los Estados miembros materialicen en la ley el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado, incluido el Derecho a decir no, así como de implementar medidas urgentes para lograr reducciones absolutas en la demanda -así como el consumo- de materias primas en Europa.

Consumo excesivo, aumento de la demanda de metales y minerales

En el contexto “habitual” (es decir, según el sistema económico fundamentado en el crecimiento), se prevé que la demanda total de materiales a nivel global, incluida la energía [5], aumente más del doble para 2060 [6]. La UE ya consume más de lo que le corresponde a nivel mundial de estos recursos [7], lo que provoca un impacto desproporcionado en las personas, especialmente en los países exportadores, y en el planeta que compartimos. Además, los supuestos beneficios de este consumo excesivo están distribuidos de manera desigual y tienen un valor cuestionable. Un estudio tras otro muestran que la riqueza material no conduce a un aumento correspondiente de la felicidad, el bienestar o la salud [8].

Los metales y los minerales metálicos se utilizan junto con otros materiales en productos y servicios cotidianos en todos los sectores, desde computadoras portátiles y teléfonos hasta casas y automóviles, turbinas eólicas y luces, y tecnologías militares y aeroespaciales. En las últimas décadas, la extracción global de metales [9] ha aumentado más del triple y, según el Panel Internacional de los Recursos [10], se espera que continúe aumentando.

La creciente demanda se debe, en parte, a la “transición ecológica”. Esto es particularmente cierto en el caso de los minerales y los metales como el litio, que son necesarios para las energías renovables y la infraestructura de electrificación, incluidas las baterías de los automóviles eléctricos [11]. Sin embargo, la UE y los Estados miembros se valen del hecho de que algunos minerales y metales se utilizan en tecnologías de energía renovable para revestir de “ecológica” a la industria minera metálica en general. Asocian la demanda de más minería con acciones contra el cambio climático y el progreso social.

No obstante, en realidad, las tecnologías de energía renovable representan solo una fracción de los aumentos proyectados en la demanda de minerales y metales [12]. Son el consumo (excesivo) generalizado en todos los sectores, impulsado por una economía en constante crecimiento, el aumento de la urbanización y la digitalización, los principales motores de la demanda de metales y minerales [13]. Las investigaciones que sustentan los planes y las políticas de metales y minerales de la UE suponen, por su parte, que nuestro consumo en general seguirá creciendo [14].

Uso de la tierra y el agua, conflictos en desarrollo

En toda Europa, las comunidades al frente de los proyectos mineros afirman que la UE y los Estados miembros no están cumpliendo con las estipulaciones de la normativa ambiental existente, establecida con el fin de proteger la naturaleza y el derecho de la ciudadanía de la UE a un medioambiente saludable. Es motivo de especial preocupación la infracción real y presunta de las leyes de la UE en materia del agua y la biodiversidad, entre otras [15] [16] [17].

Las comunidades también están cada vez más preocupadas por las formas en que la minería amenaza con “nuevas fronteras” para la extracción de minerales y metales, como las profundidades del mar, los sitios reservados para la preservación y las zonas rurales, que desempeñan una función vital en los medios de subsistencia de las comunidades genuinamente sustentables.

Las operaciones mineras modernas tienen una enorme huella espacial, lo que genera conflictos con la protección de la biodiversidad y otros usos de la tierra. A medida que disminuyan las leyes de muchos minerales y metales, se espera que esto aumente [18] [19].

La pérdida de hábitat debido a la minería actual proyectada relacionada con los metales y los minerales es un problema importante. Un estudio global que analiza las superposiciones espaciales entre las áreas mineras y los sitios de preservación de la biodiversidad muestra que las áreas mineras (el 82 % de las cuales son para metales y minerales que demanda la infraestructura de energía renovable) se superponen en un 8 % con las áreas protegidas, con el 7 % con las áreas clave para la biodiversidad y el 16 % con los espacios naturales restantes [20].

Incluso ante la expansión generalizada de la minería en Europa, la UE y los Estados miembros no están protegiendo los sitios Natura 2000 y Ramsar, que han sido reservados con la intención de preservar la naturaleza [21]. De hecho, a pesar de las Directivas sobre naturaleza de la UE, el 81 % de los hábitats y el 63 % de las especies para cuya protección fueron diseñadas estas leyes todavía tienen un estado de preservación “desfavorable”, según la Agencia Europea de Medio Ambiente [22].

La minería en las zonas rurales europeas también amenazará otros usos del suelo y actividades sostenibles, como la agricultura y pesca a pequeña escala y el ecoturismo [23]. Los medios de subsistencia de bajo impacto de muchas comunidades rurales dentro de la UE son parte de la solución a las crisis ecológicas y climáticas que estamos atravesando y deben preservarse y promoverse.

Coerción: la ingeniería de la “aceptación social” de la minería

La UE y los Estados miembros están aplicando el concepto acuñado por la industria de “licencia social para operar (LSO)” para allanar el camino hacia la minería con la mínima participación y disenso de la comunidad posible. La UE está utilizando el dinero de los contribuyentes para financiar proyectos, como el proyecto de Regiones Mineras y Metalúrgicas de la UE (MIREU, del inglés Mining and Metallurgy Regions of the EU), que están formulando y promoviendo la noción de la LSO [24].

La sociedad civil de Europa ha criticado ampliamente el concepto de la LSO por ser meramente simbólico, no vinculante y carente de un proceso claro y transparente. Aparte de la utilidad de la LSO para lograr el consentimiento de la sociedad para la extracción [25], no está claro por qué se necesita un nuevo concepto tan débil cuando ya existen instrumentos más fuertes y democráticamente desarrollados, como el del consentimiento libre, previo e informado, incluido el Derecho a decir no.

La LSO representa una continuación de actitudes despectivas y desinformadas en torno a la resistencia de las comunidades a proyectos mineros no deseados o controversiales. Hoy en día, cuando los comentarios u objeciones de la comunidad no cumplen con las agendas predominantes a favor de la minería, la impugnación ciudadana suele etiquetarse como el resultado de una actitud de “no en mi patio” (NIMBY, del inglés “not-in-my-backyard”) y descartarse como tal. Además de ser falso en muchos casos, este discurso refuerza una asimetría de poder de por sí inaceptable entre las empresas mineras y la población local.

También crea un sesgo en pro de la industria respecto de lo que deberían ser procesos de consulta neutrales y objetivos. A menos que se abandone la LSO y se adopten mecanismos de consulta más sólidos y más justos, la UE corre el riesgo de incentivar los conflictos mineros, socavar los derechos de la ciudadanía a exigir información y a procesos de consulta equitativos en virtud del Convenio de Aarhus, así como a violar su derecho a rechazar proyectos sin prejuicios.

Corrupción, falta de transparencia y violaciones de los derechos humanos

En el Sur Global, es común que las comunidades de primera línea informen que los procesos locales carecen de buena gobernanza; que ha habido poco o ningún intercambio transparente de datos de parte de las instituciones públicas y de las empresas mineras; y que las empresas tampoco manifiestan sus intereses a la ciudadanía en las etapas de investigación [26], desarrollo y prospección del proceso minero. Según testimonios de las comunidades, investigaciones y presentaciones, tanto al Convenio de Aarhus como a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, muchos de estos abusos se están reproduciendo en Europa.

Los estándares de la industria siguen siendo, en gran medida, voluntarios y dependen de la autorregulación corporativa. Si bien la introducción de una ley de diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente en la UE será un paso bienvenido, no es suficiente para transformar un sector que se categoriza repetidamente como el más mortífero del mundo para quienes se oponen a él y para la seguridad de sus trabajadores [27].

Las señales no son prometedoras para un boom minero europeo. El mantra a menudo repetido de que las prácticas mineras dentro de Europa serán mejores que fuera de Europa no puede fundamentarse simplemente en la creencia de una superioridad europea. Debe depender de leyes que se apliquen plenamente, reglamentaciones estrictas y una ciudadanía empoderada.

Subvenciones públicas y asociaciones industriales

Las empresas mineras y sus accionistas se están beneficiando de subvenciones públicas de la UE que se canalizan hacia proyectos de investigación de dudoso beneficio público [28], así como de las alianzas de la UE [29] lideradas por la industria que socavan el papel de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones.

En algunas jurisdicciones, la especulación financiera en el sector está muy extendida, como lo demuestra una investigación reciente de España [30]. El dinero de la UE se canaliza hacia proyectos mineros o relacionados con la minería [31], a menudo, sin supervisión sobre sus impactos ambientales ni la verificación de los permisos ambientales para emprender actividades. Esta situación ha sido denunciada en varios casos destacados [32].

En otro ejemplo de conflicto entre la minería y los compromisos en materia de políticas no extractivas, propios de la UE, la minería está atrayendo dinero público, asignado a través de recursos provenientes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Interreg y NextGenerationEU, y alejándolo de los esfuerzos genuinos en aras del desarrollo rural, en bienes públicos y mitigación climática.

Pese a invertir fondos públicos en proyectos mineros y relacionados con la minería, las iniciativas de materias primas de la Comisión Europea están, en gran medida, fuera del alcance de la ciudadanía. En su lugar, están dominadas por alianzas lideradas por la industria y grupos de partes interesadas. La Alianza Europea de Materias Primas, establecida hace poco, ofrece un caso de estudio esclarecedor. Las reuniones para analizar el establecimiento y los objetivos de este grupo solo se llevaron a cabo con industrias, efectivamente excluyendo a otras voces [33].

Darle a la industria las riendas, o al menos una voz privilegiada, en su propia regulación amenaza la verdadera toma de decisiones de interés público y produce resultados débiles, voluntarios y/u orientados hacia los intereses financieros de las empresas invitadas a sentarse a la mesa.

Impactos globales, comercio, desechos y seguridad

Europa no satisfará su apetito por los metales, ni ahora ni en el futuro, desde dentro de sus fronteras. En la actualidad, casi el 40 % de los minerales metálicos se importan [34] y, en el caso de varios metales, existe una dependencia externa del 100% [35].

A pesar de justificar el aumento de la extracción propia dentro de la UE con el argumento de que reducirá la extracción en naciones menos reglamentadas del Sur Global, la estrategia de materias primas de la UE tiene un fuerte enfoque en garantizar el suministro de minerales y metales de “otros países”. Su objetivo es lograr garantizar este suministro mediante una agresiva liberalización de las relaciones comerciales, tal como lo demuestran los capítulos de materias primas en los acuerdos comerciales de la UE y la denominada “diplomacia de las materias primas” [36]. Esto es motivo de gran preocupación.

La demanda de la UE de minerales y metales provenientes del extranjero da lugar a conflictos sociales, asesinatos de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos, la destrucción del medio ambiente y emisiones de carbono en todo el planeta. La política comercial actual de la UE tiene como único objetivo la liberalización del sector de las materias primas sin tener en cuenta los derechos humanos, el medio ambiente y la soberanía de los países del Sur Global, lo que atrapa a estas naciones en un ciclo de extractivismo y dependencia [37] [38] [39]. La política de la UE tampoco tiene en cuenta el intercambio ecológico desigual -mucho menos el saqueo histórico- con el Sur Global por parte de las naciones europeas, lo que equivale a un asombroso robo de la riqueza de las generaciones pasadas, presentes y futuras [40].

Al centrar su atención en asegurar el suministro de nuevos proyectos mineros dentro y fuera de las fronteras de Europa, la UE muestra una falta de preocupación política por el tercer pilar de su propia estrategia de materias primas, centrado en la circularidad, y por los millones de toneladas de desechos electrónicos generados que se eliminan en Europa o se envían anualmente al Sur Global para su reciclaje, bajo procesos dañinos, y posterior recompra [41]. Entre los Estados miembros también existe un vertido ilegal de los desechos electrónicos [42].

Debido a la inmensa cantidad de desechos electrónicos generada en Europa, el oro, la plata, el platino, el paladio y el cobre recuperables, entre otros metales y minerales, ingresan a las corrientes de desechos. Sin embargo, solo 18 metales tienen tasas de reciclaje superiores al 50 % y, en el caso de muchos minerales de importancia fundamental, como el litio y los elementos poco comunes de la tierra, las tasas de reciclaje son inferiores al 10 % [43] [44].

El aumento del reciclaje no es una solución “milagrosa” y la reducción absoluta del consumo es una prioridad, pero está claro que un mayor reciclaje a través de, por ejemplo, la minería urbana, debe priorizarse más de lo que actualmente lo están.

Legados tóxicos: desechos mineros

En la medida que las leyes de los minerales continúen disminuyendo, el volumen de desechos mineros generado por cada unidad de mineral producido seguirá aumentando. La apertura de nuevas minas en Europa solo intensificará los problemas causados por los desechos mineros, ya que se generarán más relaves que se almacenarán en presas más grandes y, a menudo, más inseguras [46].

Depender de que la industria aborde los problemas relacionados con la gestión de los relaves mineros y las fallas de las presas no ha funcionado. Según múltiples científicos y expertos, la iniciativa de Revisión Global de Relaves (GTR, del inglés Global Tailings Review), cuyo objetivo es establecer una norma internacional para la gestión de los desechos mineros, no avanza lo suficiente [47] y no aborda adecuadamente los problemas de calidad del agua, pues, con frecuencia, las comunidades que viven cerca de la minería se ven afectadas por la contaminación del agua.

Europa, a pesar de su reputación autoproclamada de ser una jurisdicción bien reglamentada, ha sufrido numerosos incidentes graves en las presas de los relaves y con los desechos mineros en los últimos años, incluidos los de Talvivaara (Finlandia), Río Tinto (España), Aznacóllar (España) y Baia Mare (Rumania/Hungría). De hecho, en 2007, Europa tuvo el cuestionable honor de ser la región mundial con el segundo mayor número de incidentes en las presas de los relaves [48].

Lejos de ser un líder mundial, la legislación actual de la UE en materia de desechos mineros es deficiente en varios aspectos. Por ejemplo, los Estados miembros de la UE no cuentan con una base de datos compartida que contabilice los relaves mineros y las concentraciones de contenido en los relaves.

Esto dificulta la implementación de soluciones de economía circular para limpiar y revalorizar los relaves. Ello significa que, normalmente, una vez que finalizan las operaciones mineras, las presas de los desechos y relaves suelen convertirse en una responsabilidad para los Estados miembros y la ciudadanía. A menudo, es necesario ocuparse de los antiguos yacimientos mineros a perpetuidad para gestionar la amenaza de los impactos a largo plazo, incluidas las fallas críticas de las presas y el drenaje de ácidos de las minas [49].

El problema de los desechos mineros de la UE también se externaliza con frecuencia. La legislación de desechos de la UE y a nivel internacional exigen que los desechos se reduzcan desde sus fuentes generadoras y que los desechos peligrosos se eliminen en el Estado o nación donde se generaron. Estas reglas básicas de gestión de desechos son ignoradas sistemáticamente por las empresas mineras que venden o transportan concentrados y rebabas de metales. Los concentrados de metal y las rebabas de metal son normalmente tóxicos y, en lugar de ser tratados acorde a los requisitos de desechos en el país de origen, se exportan y se vierten en otros lugares, generalmente -aunque no siempre- en países con una legislación ambiental más débil [50] [51] o en el mar [52].

Recomendaciones y alternativas

La única forma de abordar los problemas anteriormente descritos de una forma verdaderamente sistémica sería a través de la reducción drástica del consumo de energía y materiales de la UE, garantizando los derechos de la ciudadanía. Cualquier búsqueda de “crecimiento ecológico”, retoques o enfoques reformistas simplemente no funcionarán. Las políticas construidas en torno a las falsas narrativas de minería “sostenible y responsable”, o “más pero mejor” minería, son intentos de teñirla de ecologista que no serán eficaces para solucionar los problemas.

Hace poco, la Comisión Europea señaló que: “Los esfuerzos de reducción de recursos son más bien un enfoque a largo plazo y, en el corto y mediano plazo, se deben implementar políticas que permitan la economía circular, la resiliencia y la neutralidad climática” [53]. Esta no es una vía que nos conducirá hacia una verdadera justicia ambiental y social. La descarbonización y la desmaterialización están intrínsecamente vinculadas y las acciones destinadas a reducir el consumo, a ser más circulares y a descarbonizar deben llevarse a cabo en paralelo.

De hecho, la Agencia Europea de Medio Ambiente ahora está promoviendo este mensaje. Afirman que “necesitamos transformaciones fundamentales para lograr un tipo diferente de economía y sociedad en lugar de ganancias de eficiencia incrementales dentro de los sistemas de producción y consumo establecidos” y que “se requiere creatividad real: ¿cómo puede la sociedad desarrollarse y crecer en calidad (p. ej., propósito, solidaridad, empatía), en lugar de en cantidad (p. ej., nivel material de vida), de una manera más equitativa?” [54].

Las exigencias para los responsables de la toma de decisiones de la UE que se enumeran en el presente están destinadas a contribuir a esta “creatividad real”.

1. Reconocer legalmente el derecho de las comunidades locales al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), incluido el Derecho a decir no a la minería.

El consentimiento libre, previo e informado se describe y consagra, tanto en el derecho internacional (p. ej., el artículo 6 (1) de la OIT 169), como en los tratados de la ONU (p. ej., el artículo 19 de la DNUDPI), orientando en torno la necesidad y el propósito de contar con procedimientos significativos que permitan a las comunidades otorgar o negar su consentimiento para proyectos que las afecten.

Desarrollar protocolos de CLPI legalmente vinculantes para Europa que protejan específicamente el Derecho de las comunidades a decir no a los proyectos que consideran inaceptables constituye una forma importante de abordar el actual desequilibrio de poder entre las empresas mineras, los Estados miembros y las comunidades. Creemos firmemente que se debe escuchar y tomar en serio a todas las comunidades amenazadas por la minería. Sus hogares, tierras y aguas no deben tratarse como zonas a sacrificar por un modelo económico.

El derecho al CLPI debería volverse legalmente vinculante en la próxima legislación de diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y el medioambiente de la UE, prevista para 2021.

2. Reducir el consumo de recursos de la UE de acuerdo con los límites planetarios y el consumo equitativo.

Para consumir dentro de los límites ecológicos, la mejor investigación disponible señala que la UE debe apuntar a reducir su huella material [55] hasta en un 70 % (aproximadamente 4,4 toneladas per cápita) respecto a los niveles actuales [56]. Dentro de este gran objetivo legalmente vinculante, se deben establecer metas submateriales y subsectoriales, y se requieren planes detallados para mostrar cómo serán logradas. Los indicadores y las metas respecto de las huellas del uso del agua y la tierra también deben desarrollarse en su totalidad para brindar una imagen completa del uso total de los recursos. En la práctica, reducir el uso absoluto de los recursos significa implementar estrategias de decrecimiento social y ecológicamente justas en Europa [57].

Por ejemplo, políticas que reduzcan la dependencia de los viajes en automóvil, la cantidad de automóviles en la carretera y, al mismo tiempo, promuevan un transporte público de alta calidad accesible para todos, así como los desplazamientos activos (en bicicleta y a pie).

Reducir la huella total del uso de materiales por peso es una buena manera de garantizar que el daño ambiental de la minería se reduzca drásticamente [58]. Sin embargo, la UE también debería investigar el establecimiento de planes para reducir la huella de consumo de la UE, que analiza los impactos del consumo (incluida la ecotoxicidad, el cambio climático, la eutrofización) mediante herramientas de análisis del ciclo de vida [59].

El desacoplamiento debe abandonarse como objetivo. A nivel mundial, el crecimiento económico no se ha desacoplado del consumo de recursos y las presiones ambientales y no es probable que suceda [60] [61].

3. Hacer cumplir y fortalecer los reglamentos de la UE en materia de derechos humanos y medioambiente.

Las directivas de la UE relativas al agua, la biodiversidad, entre otras, deben aplicarse en toda su extensión mediante la reglamentación activa de las operaciones mineras existentes en la UE.

Las comunidades locales y las ONG deben considerarse aliados fundamentales para respaldar el rol de la Comisión como “salvaguarda de los Tratados”, contribuyendo al cumplimiento de las leyes medioambientales de la UE en la práctica.

Además de hacer cumplir las directivas existentes, los sitios Natura 2000 y Ramsar, otras áreas de preservación a nivel nacional y supranacional (p. ej., los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO), las áreas de preservación indígena y comunitaria (ICCA), así como las profundidades del mar y el Ártico, deben ser estrictamente protegidos como áreas prohibidas para las industrias extractivas.

La UE debe realizar evaluaciones espaciales para evaluar y abordar los riesgos superpuestos de la minería en términos del riesgo que representa para la biodiversidad, las aguas subterráneas y las reservas de agua dulce. Al hacerlo, debe demostrar que ha medido hasta qué punto las posibles superposiciones podrían amenazar los hábitats y la biodiversidad, la producción agrícola, la seguridad alimentaria, el suministro de agua potable y la seguridad regional en general. Estas evaluaciones deben estar disponibles al público para consulta.

La UE también debe desarrollar mecanismos significativos y aplicables para garantizar que los gobiernos anfitriones evalúen las consecuencias espacialmente explícitas (no solo las amenazas) que la minería tiene en la biodiversidad antes de otorgar licencias, incluidas las que se producen en los ecosistemas marinos y a diferentes distancias de los sitios mineros.

Además, el Reglamento sobre Minerales en Conflicto de la UE debe ampliarse para incluir a las empresas transformadoras que utilizan los minerales en conflicto, y a todas las materias primas. Actualmente, solo está reglamentado el abastecimiento de estaño, tántalo, tungsteno y oro, así como las importaciones de metales en su etapa relativamente bruta (sin transformaciones), en lugar de que también lo esté para los productos finales. Se deben imponer sanciones y penalizaciones a las empresas que se determine que han infringido dichas reglas de debida diligencia.

4. Poner fin a la explotación de los denominados países del Tercer Mundo.

Además de las medidas ya mencionadas, se deben tomar acciones adicionales para garantizar que la demanda de materias primas de la UE no afecte a las comunidades y ecosistemas en el Sur Global, así como para que también haya recursos disponibles cuando impactos e infracciones ocurran.

La ley de debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medioambiente de la UE debe imponer responsabilidad a las empresas por los daños cometidos al interior de la región o en el extranjero, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos, incluyendo refuerzos en cooperación para procesar a las empresas, ejecutivos y proveedores europeos responsables de violaciones de derechos humanos, delitos y destrucción ambiental en el exterior [62].

La UE debería participar de buena fe en las negociaciones para establecer un Tratado de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos.

Los acuerdos comerciales deben diseñarse con miras a mejorar la situación de los derechos humanos, en particular, garantizando los derechos de las comunidades al CLPI y el Derecho a decir no, así como tener en cuenta las consecuencias sociales y ambientales del comercio.

Los mecanismos de Resolución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS, del inglés Investor-State-Dispute Settlement) deben eliminarse de los acuerdos comerciales existentes de la UE y abandonarse en acuerdos futuros.

5. Priorizar y fortalecer las políticas de “economía circular”.

A pesar de que las prácticas de economía circular, tales como el rediseño, la reutilización y el reciclaje, tienen en sí mismas un potencial limitado para cambiar el rumbo de los aumentos masivos previstos en la demanda de metales y minerales en condiciones habituales, es vital que estas medidas se implementen como parte de las políticas de reducción global del consumo y la demanda.

Las medidas urgentes incluyen reglas estrictas obligatorias de diseño de productos para los requisitos mínimos de vida útil, durabilidad y capacidad de reparación; eliminación de productos de un solo uso cuando existen alternativas reutilizables; prohibición de la destrucción de mercancías no vendidas o devueltas; permitir el intercambio de servicios e infraestructura; promover un contenido mínimo de metales secundarios en los productos; eliminar barreras de propiedad a procesos de reutilización, reparación y restauración; innovación e inversión en minería urbana. Dichos requisitos deben aplicarse y adaptarse a todos los sectores, incluidos los sectores militar y aeroespacial, que a menudo están exonerados de las leyes de la UE, pero son responsables de impactos ambientales y sociales masivos [63]. Además, es necesario mejorar la supervisión del transporte internacional de desechos electrónicos y erradicar los vertidos ilegales entre los Estados miembros y hacia el Sur Global.

Si bien las políticas deben centrarse claramente en reducir drásticamente la flota de vehículos privados de Europa, la propuesta de Reglamento sobre baterías de la UE [64] debe reforzarse mediante la exigencia de normas estrictas de diseño ecológico con el fin garantizar el buen rendimiento y la durabilidad, así como el contenido reciclado, la capacidad de remoción no destructiva, el desmontaje, la capacidad de reparación, la interoperabilidad y la reutilización. Es decir, esta debe permitir la reutilización después de la primera vida útil de cada batería de un vehículo eléctrico; exigir un sistema de devolución a los depósitos para todas las baterías portátiles con el fin de aumentar los objetivos de recolección de baterías e introducir una prohibición o gravámenes obligatorios para las baterías de un solo uso.

6. Recursos para responsabilidades por desechos mineros.

Las amenazas de los nuevos proyectos mineros se ven agravadas por la gran cantidad de proyectos mineros abandonados en Europa que no se han restaurado adecuadamente y continúan contaminando y perjudicando a las comunidades y su medio ambiente. Por lo tanto, estos antiguos yacimientos mineros deben limpiarse.

Es necesario establecer cantidades de “máximos bajos”, específicas para las concentraciones de azufre y metales pesados permitidas en las instalaciones de desechos con el fin de, por un lado, promover la recuperación de metales valiosos de los desechos de extracción hacia dinámicas de economía circular y, por otro lado, evitar futuros drenajes de ácidos de las minas y contaminación por metales pesados. Las empresas deben aplicar las mejores tecnologías disponibles a los relaves nuevos que se generan en la actualidad para que se motiven a limpiar sus relaves antes del cierre de las operaciones.

La Comisión Europea debe implementar un mecanismo europeo estandarizado y una base de datos compartida para contabilizar las instalaciones de desechos mineros y metalúrgicos, así como también registrar las concentraciones de estos contenidos en una base de datos compartida con el público. Así los ciudadanos serían conscientes de la naturaleza de los peligros, y las instituciones de investigación podrían tener datos reales para desarrollar mejores tecnologías de recuperación con el fin de limpiar y eliminar los relaves existentes. Otras formas de eliminación de desechos, como la colocación de relaves en minas submarinas y en la profundidad del mar, son prácticas que la UE no debe permitir.

En este sentido, la Comisión Europea debe implementar con urgencia las exigencias del Parlamento Europeo tras su resolución sobre la implementación de la Directiva sobre desechos mineros [65], la cual contiene muchas de las recomendaciones anteriores.

7. Poner fin a las subvenciones para la exploración y extracción minera de minerales y metales.

Con el fin de frenar los peligros de la manipulación de las subvenciones y el extractivismo financiero en el sector minero europeo, la UE debería dejar de otorgar subvenciones públicas a las empresas de exploración y explotación minera a través de programas como Horizon Europe, NextGenerationEU, Interreg, Fondo Europeo de Desarrollo Regional y otros. En cambio, los esfuerzos de financiamiento público deben priorizar el apoyo a las economías de subsistencia rurales y sostenibles, al reciclaje avanzado, a la minería urbana, a la rehabilitación de minas, a la recuperación del suelo y a otros usos circulares de los desechos y minerales de la minería.

8. Poner fin a las alianzas industriales poco democráticas.

Las alianzas que otorgan poder e influencia indebidos a las empresas con un interés financiero en la expansión continua de la minería no pueden tener lugar en una UE democrática y transparente, por lo que deberían disolverse.

9. Tratar a los minerales y metales como bienes públicos comunes.

En lugar de abordar, reglamentar y crear políticas sobre minerales y metales como si fueran simplemente fuentes de capital para extraer, mercantilizar y vender, las políticas y los reglamentos de la UE deberían tratarlos como bienes públicos comunes que son de mayor valor si se dejan in situ, como parte de los ecosistemas que ayudan a constituir dentro y fuera de Europa.

Referencias