jueves, 3 de diciembre de 2020

Chubut, totalitarismo y democracia

por Pablo Quintana

Hablar sobre desaparecidos en nuestro país, es abrir el telón de la tragedia que hemos vivido. Sostener la palabra, los ideales y los sueños a una generación le valió su propio destino en esa resistencia durante los años más oscuros que haya vivido Argentina bajo una dictadura cívico-militar.

Esas atrocidades suponen que estuvieron contempladas fuera de cualquier orden normal o democrático. Aunque, a esta altura de los tiempos, ese orden institucional que supimos conseguir se fue deshilachando con el correr de los años y lejos de esa fuerza que parecía cobrar, una vez retirada la dictadura, hoy ese mandato democrático representativo se ha vuelto un sistema delegativo que cada vez está más lejos de satisfacer nuestros propios intereses.

Si bien el sistema republicano en un juego de contraste y de oposición con ese pasado, persiste como la mejor opción, las barbaries siguen ocurriendo, aunque de manera más sesgada.

Soslayar e invisibilizar un proyecto de ley que cuenta con el acompañamiento de más de 30 mil firmas, es desaparecerlo. El dictador Rafael Videla disparó allá en 1979: "Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad". Así pareciera estar hoy la IP en el seno de la legislatura que dice albergar a quienes representan a la comunidad.

De aquel escenario de represión ilegal, asesinato, torturas atroces pasando por esa imagen apocalíptica del desaparecido que se vivieron en los años de plomo de la Argentina de los ‘70/'80 pasamos a construir lo que creíamos un Estado pleno de Derecho. Pero, al menos en Chubut pareciera que estamos lejos de vivir en esa etapa. Si entendemos ese Estado como una sociedad más abierta, en busca de un mayor pluralismo y sometiendo a una libre y verdadera discusión todos los temas que interesan a la sociedad.

Chubut desde hace algunos años se asemeja más a un Estado totalitario si comprendemos a este como la construcción de una sociedad cerrada, sojuzgada, asfixiada por el discurso oficial que no escucha y que los medios comerciales repiten con gacetillas de prensa. Un gobierno que evapora todo reclamo popular o de la clase trabajadora. Es cierto que el Estado totalitario de los años '70, como señalamos, reprimía, torturaba y desaparecía. Pero hoy, el presunto Estado de Derecho chubutense, reprime y subestima cualquier expresión o pensamiento que se manifieste por propia conciencia, con análisis crítico y autodeterminación.

En el pasado, el Estado en mano de los genocidas, redujo a sus víctimas lo encapuchó, los asesinó y, entre otras bestialidades, los arrojó al vacío desde aviones. En este presente de la provincia patagónica los sometió a un empobrecimiento atroz, instrumenta medidas de represión y pretende desaparecer una Iniciativa Popular con más de 30 mil firmas, intentado llevar toda la discusión por la megaminería en torno a la pretendida zonificación.

Suele escucharse con frecuencia en los últimos días a políticos lamentar las manifestaciones que en sus viviendas particulares tuvieron que soportar. Hablan de escraches, intolerancia o expresiones tales como: "pareciera que no estamos en democracia". Hace tiempo que viejas estructuras como los partidos políticos, que alguna vez intentaron cimentar esta forma de organización social, en el que se supone el poder lo tiene el conjunto de la ciudadanía, no funcionan. Las demandas empiezan a ser en términos personales, porque los costos políticos ya no tienen cabida.

Con la minería a gran escala instalada en los territorios los niveles democráticos disminuyen, así lo advierte el abogado ambientalista Enrique Viale. Chubut padece algo similar a pesar que el modelo no se puso en marcha todavía. Pan American Silver Corporation, desde que le compró a Aquiline Resources los derechos para explotar el proyecto Navidad, actúa como un estado paralelo desde hace diez años en la meseta con el visto de bueno del Estado. La compra de voluntades suele ser una moneda corriente en estos conflictos.

Desde que en este país tuvimos un presidente que en un acto público nos habló de ir hasta la estratosfera y de ahí a Japón, está permitido decir y prometer cualquier barbaridad en la función pública. Sin que eso implique la imposibilidad de seguir cumpliendo funciones en cargos públicos (hoy es senador). Vivimos en una provincia donde el actual gobernador acordó aumentos salariales en paritarias. Una instancia que tiene un largo historial en términos de conquista de derechos de negociación colectiva. Pero Mariano Arcioni la incumplió. Se pronunció en contra del extractivismo hace sólo tres años y hoy hace hasta lo imposible por desarrollar la minería a gran escala. Una forma de violentar que tiene el Estado por estos tiempos.

La desaparición forzada de personas es un destino que aún pesa sobre nuestras espaldas. Una sociedad que aún busca entre sus escombros del pasado el reencuentro. Quizás nos explique también porque nos cuesta tanto construir un mejor lugar donde vivir, teniendo en cuenta que no contamos con casi toda una generación que no está entre nosotros.

El ensayista Alejandro Kaufman sostiene que la desaparición es imperdonable, "porque suspende el tiempo. Sus efectos son prolongados y se destinaron a mantener lo irreparable de la pérdida". Por lo tanto, así como ese crimen de la desaparición es imperdonable, inexcusable será para quienes permitan que las futuras generaciones sobrelleven los impactos ambientales que generará el proceso de explotación de minerales.

"En el acto de producción está implicada una permanencia irreversible. Esta es la especificidad del crimen de la desaparición", agrega Kaufman y, podríamos parafrasear, el impacto inalterable que generan diques de cola, drenajes ácidos y químicos utilizados en la meseta chubutense (para luego expandirse por todo el territorio provincial) serán ese crimen perfecto para nuestros hijos y nietos.

"La inmensa operación, sutil y refinadamente perversa de las desapariciones es imperdonable, diríamos, ontológicamente, porque fue concebida para hacerse imperdonable", finaliza el crítico cultural. De la misma manera, podríamos decir que los negociados que teje el poder económico junto al político sólo son concebidos por la avaricia y la ambición. Por ello el voto en favor de la zonificación minera será imperdonable.


Entradas relacionadas:

Panamerican Silver gastó 6 millones de dólares en 2019 en Chubut, pero no saben en qué

Nueva movilización de vecinos en Trelew en contra de la megaminería

Pusieron el sello del Conicet para garantizar una mentira”

Fuente:

Pablo Quintana, Chubut, totalitarismo y democracia, 2 diciembre 2020, El Extremo Sur de la Patagonia. Consultado 3 diciembre 2020.

No hay comentarios:

Publicar un comentario