Ya
son 72 contagios de Covid-19 en la multinacional Exar S.A. y las
comunidades indígenas atacamas denunciaron que la empresa y el
gobierno niegan información a las mismas y no dan respuestas a sus
planteos, poniendo en riesgo no sólo a obreros, sino a las familias
y a los pueblos que viven en esos territorios. Solicitan el cierre de
la empresa ante la pandemia.
por
Natalia Morales
La
multinacional de capitales chinos (Ganfeng Lithium) y canadienses
(Lithium Americas Corp), está ubicada en el salar Olaroz-Cauchari,
departamento de Susques. Funcionó durante la cuarentena ya que la
actividad minera es considerada esencial por el gobierno nacional de
Fernández y Morales, promoviendo más extractivismo en el país
durante la pandemia y afectando derechos de los pueblos originarios.
La
situación de Exar es particular ya que se encuentra en fase de
construcción y recién a mediados del 2021 avanzaría en la
producción y exportación de carbonato de litio para baterías. Sin
embargo, son más de 600 personas, entre ellas integrantes de 6
comunidades atacamas, quienes realizaron su trabajo con la empresa y
a través de contratistas en estos meses en actividades vinculadas a
la perforación de los pozos de salmuera, laboratorio, mantenimiento,
limpieza, catering, y el área eléctrica.
Cuando
se dieron los primeros 2 casos de coronavirus, el directorio de la
multinacional minimizó la situación, la empresa siguió
funcionando, sin alertar a las autoridades indígenas partiendo que
varios obreros volvían a sus comunidades. Varios días después
cuando confirma 58 contagios anuncia la suspensión de las actividades “salvo las esenciales”. El domingo 12/07 el gobierno
reconoció que ya son 72 los casos que representa por lo menos el 14
% de los contagios en Jujuy.
La
actuación de la empresa desde los primeros casos, como también la
del gobierno, ha generado no sólo el cuestionamiento de obreros,
sino también de referentes de las comunidades que nuevamente dan
cuenta del trato discriminatorio para con ellos, como si sus vidas y
la salud de las comunidades no importase nada.
Esta
situación no es la única. Recientemente un estudio firmado por más
de cien investigadores del Conicet dan cuenta que “la pandemia trajo más racismo y desigualdad para los pueblos originarios”,
donde se expresan situaciones represivas, de vulneración de
derechos, y donde el covid no afecta de la misma manera a las
comunidades indígenas. Las mismas viven en condiciones sanitarias y
sociales críticas, potenciadas aún más por el extractivismo, la
megaminería, y el agronegocio en territorio indígena.
“A
nosotros nunca nos trataron como autoridades para tomar decisiones
como corresponde”
En
una entrevista realizada por FM Región el viernes 10, Estela Cruz,
presidente de la comunidad de Huancar en Susques describió cómo la
empresa así cómo el Gobierno no sólo que no tomaron las medidas
necesarias ante la Emergencia Sanitaria y los casos de coronavirus
tanto dentro y fuera de la empresa, sino que ningunearon a las
autoridades comunitarias y los planteos realizados ante el temor de
que se expandan los contagios y afectasen no sólo a obreros sino
también a las comunidades que tienen vinculación con la empresa.
Fueron
las comunidades que al enterarse de los primeros contagios hicieron
el trabajo de identificar y aislar a obreros que habían vuelto a sus
casas. “Desde ese momento empezamos a agilizar y solicitar los test
para la gente [que trabaja en la mina] y que está en las
comunidades. Nosotros lo consideramos contactos estrechos porque hay
personal de limpieza, de gente cercana a otras que dieron
positivo...”.
Enfatiza
que han solicitado “el cierre de la mina y que urgentemente se
trasladen a las personas que dieron a los test negativo ya que están
expuestos allí... Solicitamos que los trasladen a hoteles y que
ellos [la empresa] se hagan cargo, pero nos dicen que no tienen
capacidad... Pedimos respuestas a ellos y nos dicen que la
responsabilidad es del COE (Comité Operativo de Emergencia del
gobierno provincial ante el Covid-19), y el COE plantea que no pueden
intervenir ante una empresa privada…”.
En
lo que respecta al reconocimiento de las autoridades comunales Estela
afirma que “a nosotros nunca nos trataron como autoridades para
tomar decisiones como corresponde. Desde marzo que habíamos hecho el
pedido para minimizar guardias y nos dijeron que no tenemos
autoridad. y ahora cuando está esta situación nos tratan como
autoridades para que nos hagamos cargo…”.
Las
vidas trabajadoras y de las comunidades indígenas importan
La
instalación de multinacionales mineras del litio como Exar S.A. o
Sales de Jujuy tiene el aval del Estado provincial (que es socio del
8.5 % a través del JEMSE), y de los gobiernos de turno, ha generado y genera múltiples conflictividades con las mismas comunidades en territorio atacama, resistido por productores como el Colectivo Apacheta de Pueblo Atakama que denunció que se estaba violando el
derecho del consentimiento previo, libre e informado. También por
comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
A
las mismas se les niegan derechos preexistentes, y no se respeta su
organización y autoridades. Tampoco el derecho a poder decidir cómo
y de qué vivir, y qué emprendimientos realizar en sus territorios.
Pero además, los obreros integrantes de las comunidades de Susques,
Pastos Chicos, Huancar, Puesto Sey, Olaroz y Catua, ante la pobreza,
la falta de trabajo y de poder vivir de sus actividades productivas,
son la mano de obra barata que realizan tareas de limpieza y
catering, que hoy necesita la multinacional Exar para erigirse en sus
propios territorios para saquear los bienes naturales como el litio y
el agua.
La
denuncia actual de las autoridades de algunas comunidades atacamas
que tienen vinculación con la empresa, expresa también esos
derechos avasallados, y que el Gobierno de Fernández y Morales los
refuerzan, no sólo entregando los territorios para el saqueo, sino
también a los mismos obreros que ponen en riesgos sus vidas, en este
caso ante el covid-19.
Saqueo
y pobreza
Las
comunidades atacamas de la puna jujeña viven en condiciones
estructurales de pobreza. Si hablamos a lo que se refiere en materia
de salud, no sólo que no se garantiza el derecho a la salud
intercultural y bilingüe sino que ni siquiera el se garantiza la
atención sanitaria de manera integral.
En
las comunidades sólo hay agentes sanitarios y enfermeros. Un
trabajador del hospital nos comenta que el Hospital Susques tiene 10
camas de internación, 1 ambulancia de SAME que funciona y otra que
está en reparación. El quirófano está desarmado y no funciona. Un
sólo respirador que lo llevaron al hospital de campaña en la
capital jujeña cuando comenzó la pandemia.
Hay
2 médicos, 17 enfermeros, 20 agentes sanitarios, 2 odontólogos,1
psicóloga, 1 trabajadora social, 1 nutricionista, 1 educador
sanitario, 1 fisioterapeuta, para atender a 3.800 personas
aproximadamente en más de 10 comunidades de Susques y alrededores.
Mientras
el Gobierno permite que las multinacionales se lleven todo, la
situación de las comunidades es más que preocupante. A los
problemas históricos como el saqueo, el extractivismo, la pobreza,
el no reconocimiento de su organización y autoridades, se le suma
los problemas vinculados a la pandemia del coronavirus en sus
territorios que se expresan con las multinacionales y el Estado.
Como
todos sabemos el virus se propaga con mayor rapidez y gravedad donde
reinan la desigualdad y la pobreza, aspectos que hacen al pasado y
presente de los pueblos originarios.
Natalia Morales, diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales
Fuente:
Natalia Morales, Contagios y discriminación a comunidades indígenas en la minera de litio Exar, 13 julio 2020, La Izquierda Diario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario