La muerte de un río amazónico asfixiado por las hidroeléctricas y la minería

Los peces mueren por toneladas en el Teles Pires, que recorre el estado brasileño de Mato Grosso, contaminado por mercurio de las extracciones ilegales. Las poblaciones indígenas ven sus lugares sagrados destruidos por una planta eléctrica.

por Luna Gámez

“Los ríos son como las venas del cuerpo, dañas una punta y los efectos se sienten en todo su curso”, alega Kurap Mug’um de la etnia Munduruku, uno de los pueblos indígenas que más está sufriendo las consecuencias de la asfixia y de la contaminación del río Teles Pires. “Los peces nadaban libres, pero se están muriendo prisioneros, ahogados o contaminados por las actividades de 'los blancos' que inventaron esa idea de ponerle barreras a los ríos”, denuncia esta líder indígena, indignada por las múltiples represas que atraviesan uno de los ríos más importantes de la cuenca amazónica.

El 16 de marzo aparecieron flotando en las aguas amazónicas del río Teles Pires, que recorre el estado brasileño de Mato Grosso, seis toneladas de peces muertos. Con todas las atenciones puestas en el anuncio del confinamiento para controlar la propagación del coronavirus que llegaba a Brasil, ninguna institución se ocupó de retirar los cadáveres de los animales que comenzaban a descomponerse bajo el sol.

La Secretaría de Medio Ambiente del estado (SEMA) multó al conglomerado empresarial responsable, Sinop Energía, por haber activado las turbinas con animales dentro y les solicitó instalar en el plazo de un año un sistema electromagnético de barrera. Las poblaciones locales ya habían presenciado otro trágico escenario a principios de 2019, con la muerte de 13 toneladas más de peces. En aquel momento no había ninguna pandemia urgente que atender e, incluso así, las implicaciones medioambientales de la catástrofe también fueron menospreciadas por el Gobierno y por el consorcio empresarial que retomó pocos meses después sus actividades.

La primera muerte masiva de peces ocurrió en febrero de 2019, justo una semana después de que la hidroeléctrica de de Sinop abriese sus compuertas. El conglomerado de empresas responsable de la central y compuesto en un 51% por la empresa Electricité de France (EDF), que cuenta con un 83,6 % de capital público francés, recogió menos de la mitad de los peces muertos; el resto fueron enterrados por las poblaciones locales. El Ministerio Público del estado de Mato Grosso (MP-MT) interpuso una denuncia contra el consorcio empresarial, sus dirigentes acusados de crímenes medioambientales estuvieron controlados electrónicamente e impedidos de salir del país; los fiscales afirmaron que las inspecciones constatan que los hechos eran "realmente graves" y que "todas las previsiones de desastres ambientales anunciadas (...) se están cumpliendo”.

El caso se consolidó con la sentencia de una multa de 8,2 millones de euros (50 millones de reales) y con el cese de las operaciones. No obstante, Sinop Energía esquivó esta última medida y propuso un proyecto de inversiones de recuperación ambiental de 660.000 euros (cuatro millones de reales) para poder, en contrapartida, retomar el funcionamiento. Si bien la sentencia declaró que la causa de la masiva muerte de peces fue la carga de sedimentos en el agua que salió del embalse, según un estudio del Ministerio Público elaborado por Philip Fearnside, biólogo estadounidense especialista de la Amazonia y ganador del premio Nobel da Paz de 2007, el problema fue que el agua soltada al río carecía de oxígeno suficiente para la respiración de la fauna marina.

Un laboratorio a cielo abierto

La ley brasileña estipula que es obligatoria la tala completa y la evacuación de la vegetación del suelo donde se proyecta instalar un embalse o lago artificial. En el caso de la hidroeléctrica de Sinop, solo se retiró un 30 % de la cobertura vegetal de los más de 200 kilómetros cuadrados de territorio inundado. La vegetación que permanece en los embalses comienza a descomponerse tras ser inundada. Este proceso químico consume el oxígeno de las aguas más profundas, que se transforma en dióxido de carbono (CO2) y, cuando no queda más oxígeno, el CO2 comienza la conversión química a metano. El agua muerta y cargada de gases de efecto invernadero permanece en la capa inferior, estancada e impedida de ascender por los cambios de temperatura de las tres capas superiores. No obstante, cuando la represa abre sus compuertas para accionar las turbinas el agua más profunda, ese agua muerte se libera y se desprenden a la atmósfera el dióxido de carbono y el metano.

“Las hidroeléctricas en los trópicos son especialmente perjudiciales para los esfuerzos que se están realizando por controlar el calentamiento global”, afirma Fearnside en su estudio. “Las centrales de la selva amazónica pueden emitir cantidades muy grandes de gases efecto invernadero, principalmente en los primeros años tras la inundación de los embalses”, añade este biólogo, que demostró que la hidrelectricidad no es tan limpia ni verde como se vende. Balbina es otra represa amazónica que no retiró la vegetación del embalse y sus estudios muestran que emite 11 veces más gases que una termoeléctrica con la misma capacidad energética. Otra de las centrales tropicales que dan muestra de esta combinación climáticamente explosiva es la central Petit Saut de la Guayana Francesa, que inundó 370 kilómetros cuadrados de selva para producir 116 MW y que también está gestionada por la empresa francesa EDF.

“EDF invade nuestros territorios, destruye nuestros ríos y lugares sagrados. Cuando venimos hasta aquí para entregarles una carta, nos bloquean”, explica Kurap, que el 14 de mayo de 2019 fue hasta la sede de la empresa francesa en París con el objetivo frustrado de entregarles el reclamo de los pueblos que viven en las inmediaciones del río Teles Pires.

El río y los ribereños sufren la acumulación de represas

El Teles Pires juega un papel clave en el sistema fluvial amazónico: es afluente del Tapajós, que a su vez desemboca en el gran río Amazonas. No obstante, está perdiendo su forma vital original y se está transformando en un gran lago. A día de hoy es el río con mayor número de grandes emprendimientos hidroeléctricos consecutivos: Sinop, con una capacidad de generación instalada de (462 MW/h), Colíder (342 MW/h), Teles Pires (1.800 MW/H) y São Manoel (746 MW/h). Esta última central fue construida en el límite de la tierra indígena de la etnia kayabi sin respetar el requisito de consulta previa, libre e informada al pueblo originario afectado, tal y como estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La región del Teles Pires está amenazada por los impactos sinérgicos derivados de la acumulación de estas cuatro represas, por lo que el Ministerio Público estatal emprendió una investigación para determinar los efectos acumulados de estas obras. En toda la cuenca hidrográfica del río Tapajós están previstas otras 29 grandes hidroeléctricas más y 80 centrales de menor porte. La organización ambientalista brasileña Instituto Centro de Vida, junto con el Fórum Teles Pires, realizaron un estudio en el que anuncian que las poblaciones cercanas a los canteros de obras de estas hidroeléctricas sufren, entre otros efectos, el aumento de las tasas de violencia urbana con la llegada de los trabajadores externos. Situaciones de las que se derivan también comercios de drogas y de prostitución que irradian desde los centros urbanos hasta la zona rural, incluyendo las comunidades indígenas. “Queremos que castiguen a las personas que están entrando en nuestras tierras, están violando a las mujeres, prostituyendo a nuestros niños y niñas, introduciendo drogas en nuestras aldeas”, reclama esta líder indígena.

Las consecuencias de la instalación de la central de Sinop van más allá de los impactos medioambientales. Más de 1.000 familias de pequeños agricultores que vivían en la ribera se vieron afectadas por la construcción del embalse, de acuerdo con el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB). No llegó a la centena el número de desplazados, pero muchos de los que permanecieron se quedaron sin agua para regar o darle de beber a su ganado porque el curso del río fue desviado y se secaron algunas fuentes naturales. La renta también disminuyó para los pescadores y varias comunidades indígenas sufren los efectos de las aguas muertas: dependen del río para cocinar, beber, lavar e incluso para realizar los rituales que mantienen viva su cosmología. Una decena de pueblos originarios diferentes viven en las inmediaciones del Teles Pires, un curso de agua que poseía diversas cascadas, saltos y pozos donde se ubicaban algunos de los lugares sagrados para la cosmología de estas etnias. Uno de ellos, la cascada de las Siete Caídas (Sete Quedas, en portugués), ya fue destruida por otra hidroeléctrica.

Los indígenas portan en sus cuerpos el mercurio residual de la minería

“Lo más horrible es ver cómo están contaminando el río y no poder hacer nada”, declara Kurap. Existen canteros ilegales de extracción mineral ilegal identificados en varios puntos del curso del Teles Pires, principalmente en las inmediaciones de la tierra indígena kayabi. El agua turbia circula cargada con los residuos de mercurio y otros productos químicos utilizados en la extracción de oro que atrae a buscadores clandestinos desde la década de los setenta. “Las comunidades ribereñas están expuestas al mercurio debido a que su dieta se compone de pescado”, relata el estudio de la institución de Salud Pública Sergio Arouca, publicado en la revista científica Ciencia y Salud colectiva. Tras la investigación publicada en 2018, los expertos constataron que el mercurio se encontraba inclusive en los cabellos de varias poblaciones rurales e indígenas que viven en las proximidades del río.

En diciembre de 2019, Kurap fue hasta Brasilia para exigir que el Gobierno se responsabilizara y tomara medidas por el agua contaminada con mercurio proveniente de la minería ilegal en los ríos que bañan sus tierras. “Este agua sucia -relataba ella en un encuentro académico en la capital mientras levantaba una botella de plástico con agua turbia- está trayendo muertes y enfermedades a nuestro pueblo, nuestros peces están llenos de mercurio”. El Gobierno no solo ignoró la demanda, sino que en febrero el presidente, Jair Bolsonaro, firmó un proyecto de la ley, que todavía aguarda votación de diputados y senadores, para autorizar la minería en suelo indígena, así como la instalación de hidroeléctricas y otros proyectos extractivos que deberían ser consultados con los afectados. “El indio no puede continuar siendo pobre encima de tierra rica”, afirmó Bolsonaro en su discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el 24 abril de 2019. A lo que muchos pueblos originarios respondieron: “no somos pobres y no queremos minería”. Kurap, desolada, continúa repitiendo: “nosotros sufrimos viendo el río morir”.

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Fuente:

Luna Gámez, La muerte de un río amazónico asfixiado por las hidroeléctricas y la minería, 3 junio 2020, El País.