Vaca
Muerta comienza a convertirse otra vez en el epicentro de las miradas
petroleras del país, tal como sucedió con el kirchnerismo en 2012 y
el macrismo en 2016. El gobierno de Alberto Fernández impulsará una
nueva Ley de Hidrocarburos, implementará subsidios a las petroleras
y buscará reactivar la explotación de los hidrocarburos no
convencionales neuquinos como epicentro productivo del país.
La
política energética nacional basada en subsidios estatales y el
fomento a la exportación gasífera se ha demostrado como un fracaso
reiterado en el intento de resolver los grandes problemas que tiene
el país. Tres claves para entender los tropiezos constantes y las
perspectivas diferentes a transitar.
La
impronta albertista muestra otra vez que en Vaca Muerta no aflora la
grieta política y el país se encamina nuevamente a tropezar con la
misma piedra imantada que atrajo a la clase dirigente a lo largo de
la última década.
A
poco de asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández
expresó en enero pasado que "Argentina se enamoró de Vaca
Muerta" y cuestionó que "se desincentivó el resto de la
producción convencional" de hidrocarburos.
Parecía
que iba a producirse en cambio brusco de timón con respecto a los no
convencionales, pero a poco de andar comenzaron a surgir las
versiones de un proyecto de ley para los hidrocarburos que podrían
nuevamente en la escena principal a Vaca Muerta; donde habría
subsidios y amplios beneficios impositivos para las petroleras que
operan en esos yacimientos de la Cuenca Neuquina (ver el artículo
https://www.elextremosur.com/nota/22147).
En
su visita a Neuquén de principios de junio, Fernández se reunió
con el gobernador Omar Gutiérrez y manifestó que el desarrollo de
Vaca Muerta "ocupa un rol central" para el país.
La
vuelta al tapete del gran yacimiento de no convencionales disparó la
reaparición del proyecto de ley para impulsar el sector, incluyendo
el pago de subsidios atrasados a las petroleras y un nuevo Plan Gas
4, por lo que varios funcionarios nacionales comenzaron a poner otra
vez a Vaca Muerta en el epicentro de la política energética
nacional.
Debates
ambientales y sociales: 10 millones de argentinos sin gas
Si
bien hay un debate de fondo y mucho más profundo sobre los recursos
hidrocarburíferos no convencionales -que implica tener en cuenta la
cuestión ambiental y sus impactos sociales sobre las comunidades
afectadas- se debe tratar de responder una pregunta esencial que se
adentra en determinar si son necesarios para el país pagar esos
altísimos costos.
En
paralelo surge como otro punto de discusión que implica definir cuál
debe ser la matriz productiva de Argentina. Si se incorporará valor
agregado a las materias primas generadas o si solamente seguirá
siendo un país exportador de commodities.
Avanzando
más al fondo de la problemática social vale preguntarse si se debe
pensar en una nación exportadora de gas cuando por lo menos 10
millones de personas no tiene acceso al gas natural por redes
domiciliarias.
Según
el INDEC, hasta el segundo semestre del 2019, en los 31 aglomerados
urbanos del país un 35,3 % de las personas y el 29,6 % de los
hogares no tenían acceso a la red de gas natural. Esos porcentajes
se traducen en 9,8 millones de personas sin acceso al gas natural por
redes sobre un total de 28 millones de habitantes localizados en
dichos centros urbanos; todo en el marco general que la mitad de la
población en cuestión no tiene acceso a alguno de los servicios
esenciales como el agua, cloacas y el gas natural.
A
principios de los años '90 solamente el 52 % de los hogares
nacionales tenía acceso al gas natural por redes. Hoy en día, a más
de 25 años, un tercio de los hogares del país sigue sin poder
contar con una conexión domiciliaria al vital fluido para
calefaccionarse y cocinar.
Dilucidar
una nueva estrategia petrolera y energética basada otra vez Vaca
Muerta puede llevar al país a tropezar por tercera vez consecutiva
con la misma roca madre, y de allí la importancia de comprender
algunas de claves principales que ponen en superficie la
inconsistencia de un plan petrolero que busca volver a poner en el
centro del desarrollo a los yacimientos no convencionales del país.
Claves
para entender los constantes tropiezos con Vaca Muerta
Clave
1: Pila de subsidios estatales a petroleras privadas
Los
altos costos de producción que insume la técnica del fracking
(fractura hidráulica de la roca madre) sólo podrían ser soportados
por la industria petrolera con altos precios del crudo internacional,
algo que no está sucediendo en la actualidad y por ende debe
suponerse que el Gobierno nacional avanzará nuevamente en un esquema
subsidiado para la explotación de los yacimientos convencionales.
Ese
esquema de subsidios estatales a la industria privada no solamente se
direccionó a Vaca Muerta en los últimos años ni fue patrimonio
exclusivo de los cuatro años de gobierno del macrismo, sino que
arrancó en 2008 durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
Los
incentivos estatales fueron en un primer momento a la producción de
petróleo y luego fueron virando a la de gas focalizándose en Vaca
Muerta desde 2013, para alcanzar sus puntos más elevados en 2016 y
2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
Si
se toman los últimos 11 años de subsidios a las compañías
petroleras, el total de los montos transferidos para incentivar la
actividad privada (para el petróleo y gas, tanto convencional como
no convencional) ronda los 24.000 millones de dólares.
Estos
datos surgen de las elaboraciones propias en base a los informes de
ASAP y el minucioso trabajo elaborado por Ejes - Enlace por la
Justicia Energética y Socioambiental ("El Estado, ¿rehén o
planificador?: Transferencias económicas al sector
hidrocarburífero", de diciembre de 2016).
Según
los datos difundidos por la Asociación Argentina de Presupuesto,
hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado nacional transfirió a las
petroleras subsidios para la explotación gasífera que ascendieron a
un total de 27.647 millones de pesos.
De
ese total, 24.967 millones de pesos correspondieron a subsidios del
Plan Gas no convencional (Resolución 46/2017) focalizado
esencialmente en Vaca Muerta y que representaron un 295% de los
entregados en el 2018. Mientas que el por el ex Plan Gas la suma fue
de 2.680 millones de pesos, un 23,6% menos que en el año anterior.
En
tanto que hasta el 30 de abril el Estado liquidó 66,9 millones de
pesos por el Plan Gas no convencional (-98,3%).
En
plena pandemia, según publicó el portal EconoJournal, el actual
gobierno de Fernández pagó a las petroleras 18.500 millones de
pesos en subsidios a la explotación de gas no convencional adeudados
de gestiones anteriores.
"El
Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja contrarreloj: quiere
presentar oficialmente el Plan Gas 4.0 el 1 de agosto para reactivar
la perforación durante el último cuatrimestre de 2020. Para eso
debe reconstruir la reputación del Estado, que desde 2008 incumplió
-al menos parcialmente- los plazos de pago de los subsidios
involucrados en los diferentes planes de incentivo que se pusieron en
marcha a partir de ese año (el primero fue el Gas Plus). Con ese
antecedente, la primera variable que el Ejecutivo debe despejar es de
confianza", dio a conocer el sitio especializado en
hidrocarburos y energía.
Desde
hace más 10 años la industria petrolera que extrae crudo en
yacimientos concesionados por los Estados provinciales viene
recibiendo subsidios estatales para mejorar o desarrollar los niveles
de extracción de petróleo y gas.
Esa
situación se ha profundizado en los últimos años y deja más
beneficios para el capital privado que para los verdaderos
propietarios de las concesiones, en lo que debe denominarse como un
rotundo fracaso de las políticas privatistas de los años '90 cuando
se desguazó la YPF estatal y se dejó al sector en manos del
mercado.
Clave
2: Producir hidrocarburos para el mercado interno o para exportar y
pagar la deuda
El
gobierno nacional de Alberto Fernández da muestras de encaminarse en
la misma dirección e inclusive profundizar lo acontecido desde 2016
con el macrismo poniendo el epicentro nuevamente en Vaca Muerta.
"Vamos
a lanzar la Ley de Hidrocarburos a la salida de la pandemia",
afirmó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a
mediados de junio; con la mira puesta en darle prioritariamente
garantías y horizontes a los inversores privados nacionales e
internacionales del sector petrolero.
"Seguimos
viendo el mismo potencial en Vaca Muerta, lo mismo que para todo el
sector hidrocarburífero de Argentina. Está en condiciones de ser
una palanca para el desarrollo para la próxima década", dijo
Kulfas hace tres semanas atrás ante un grupo de empresarios reunidos
vía Zoom por la Fundación Mediterránea.
"Seguramente
una de las tareas que vamos a emprender a la salida de la crisis es
el envío al Parlamento de una ley de inversiones hidrocarburíferas
para estimular un salto productivo en Vaca Muerta y en otros
proyectos productivos", insistió el ministro Kulfas y explicó
que desde el gobierno ven el recurso natural como "una palanca
para el desarrollo del entramado productivos industriales,
tecnológicos, integrado por cientos de pymes en todo el país".
De
ahí que se instale la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos y
que el flamante CEO de YPF, Sergio Affronti, haya asegurado en las
últimas horas que la compañía "va a liderar la
industrialización de Vaca Muerta, agregándole mayor valor al crudo
y el gas no convencional".
Con
una caída significativa del consumo de hidrocarburos y derivados,
tanto a nivel mundial como nacional producto de la cuarentena que
originó la pandemia; surgen interrogantes sobre cuáles debieran ser
los objetivos centrales del desarrollo hidrocarburífero nacional.
Por
un lado, no es posible obviar a esos 10 millones de argentinos
localizados en centros urbanos que no tienen acceso al gas natural
por redes y que por ahora no parecen tener prioridad de conexión
para el gobierno nacional. En paralelo Argentina tendría que
plantearse qué tipo de industria quiere desarrollar y en qué tipo
de condiciones sociales y económicas.
En
la etapa post pandemia, que por ahora parece lejana producto de la
trepada constante de la curva de contagios de Coronavirus
especialmente en el AMBA, el país se encontrará ante el desafío de
hacer avanzar sus industrias, reconstruir el mercado interno y
ampliar el tejido social inclusivo. Todas tareas enormes y no
concluidas desde hace muchas décadas.
Conseguir
la recuperación económica y productiva no será simple, pero
tampoco imposible. En una misma dimensión debería repensarse cuál
tendría que ser la estrategia hidrocarburífera, apostando al
autoabastecimiento perdido, la incorporación de valor agregado sobre
ese tipo de recursos naturales y a la vez una mejora redistributiva
de los ingresos que se traduzcan en la calidad de vida de los
argentinos.
Desechando
buena parte de estas premisas, la otra lógica que se ha impuesto en
los últimos años es la de desarrollar los yacimientos no
convencionales de Vaca Muerta para así conseguir un mecanismo de
producción, exportación y captación de dólares que servirían
para pagar la enorme deuda externa que padece desde hace años
Argentina.
Lo
que dejó entrever el ministro Kulfas es que la implementación del
Plan Gas 4 buscará brindar certezas en los precios del gas natural
extraído esencialmente en Vaca Muerta para así obtener dólares a
través de la exportación.
Por
eso que manifestó que "la idea es poder encontrar un mecanismo
para contractualizar a largo plazo la demanda de gas a los
productores a un precio razonable y que pueda garantizar la
rentabilidad del sector como el desarrollo de inversiones".
Vale
mencionar que para desplegar ese mecanismo productivo y exportador,
Vaca Muerta se encuentra en una situación compleja de
infraestructura que ni el macrismo con sus millonarios subsidios e
inversiones estatales en infraestructura pudo solucionar en cuatro
años. Quedaron pendientes e inconclusos proyectos de gasoductos
troncales, el tren Neuquén a Bahía Blanca y sin avances
significativos en la planta de GNL en el puerto de la costa
bonaerense (ver el artículo de 2018
https://www.elextremosur.com/nota/vaca-muerta-produce-mas-pero-corre-riesgo-de-estancarse-por-falta-de-inversion-en-produccion-e-infraestructura-social/).
Con
las caídas pronunciadas de la demanda mundial de hidrocarburos y los
bajos precios internacionales, a lo que se le debe sumar la
contracción económica inversora planetaria producto de la pandemia,
conseguir hacer realidad ese proyecto productivo y exportador parece
poco probable o cuanto menos ilusorio en el futuro cercano.
Clave
3: La lógica de rentabilidad privada frente al beneficio social
común
Desde
1992 cuando se privatizó YPF y durante casi 30 años Argentina ha
retrocedido en materia de hidrocarburos dejando en manos del capital
privado la liberalización del mercado, perdiendo reservas de crudo y
gas, achicando hasta casi su extinción el rol estatal y perdiendo el
autoabastecimiento.
Nada
bueno sucedió a lo largo de tres décadas. Por momentos el país que
abastecerse a través de las importaciones de gas a costos elevados.
Tampoco se revirtió significativamente la problemática con los
procesos de "argentinización" o expropiación parcial de
YPF.
Si
bien es cierto que con la expropiación del 51% de las acciones de
Repsol en YPF la compañía cambió su postura frente al esquema
productivo en los yacimientos convencionales, eso no fue suficiente
para modificar sustancialmente el rol de la empresa insignia que supo
tener el Estado nacional. Desde la expropiación en 2012, la nueva
YPF no le ha dado grandes beneficios al país y se manejó como una
empresa privada más en el mercado.
Además
de haber en este nuevo siglo 10 millones de argentinos sin gas
natural, los precios de los combustibles son elevados y se rigen en
el país por la ley de la oferta y la demanda. Siguen respondiendo a
variables el como valor internacional del crudo o la cotización del
dólar, sin retroceder cuando alguno de los ítems decrecen.
Nada
diferente ha sido ese mecanismo trasladado a los servicios públicos
de gas y luz, primero subsidiados por el Estado y ahora dolarizados
en favor de las ganancias de las distribuidoras y generadoras
energéticas.
A
ese panorama se suma el uso de los fondos estatales subsidiando al
capital privado hidrocarburífero o inclusive llevando a cabo las
mayores inversiones en infraestructura o desarrollos productivos y
exploratorios en yacimientos convencionales o no convencionales.
El
rol de la actual YPF está lejos de la comandada por Repsol desde las
oficinas corporativas en Madrid, pero más distante se encuentra aún
de la visión estratégica y social que desempeñaba la YPF estatal
antes del desguace menemista.
Embarcar,
como ha sucedido hasta ahora, a YPF como punta de lanza en Vaca
Muerta no ha demostrado ser la estrategia más fructífera para la
compañía ni tampoco para el país. Hasta el momento la hipótesis
de que con el desarrollo de los no convencionales se posibilitaría
fomentar la industria nacional o conseguir los dólares para el pago
de la deuda no está demostrada en lo más mínimo.
El
propio Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, remarcó
que es inviable la idea de avanzar con "el fenómeno Vaca Muerta
asociado a una salida en donde la Argentina fuera exportadora de gas
no convencional y que esto permitiera un salto importante en el
ingreso de dólares".
Se
debe considerar que en Vaca Muerta se viene llevando a cabo el máximo
experimento empresario privado para la obtención de ganancias y
maximización de la rentabilidad.
Es
allí donde se modificaron los convenios colectivos de trabajo para
flexibilizar a los obreros petroleros y reducir los costos laborales,
con la consiguiente derivación altísimos costos en vidas de
trabajadores que en menos de un año y medio se tradujeron en 8
obreros fallecidos en los yacimientos neuquinos (ver el artículo
https://www.elextremosur.com/nota/20198). En los últimos 20 años
murieron trabajando nada más y nada menos que 100 petroleros en todo
el país.
Una
cuota importante de responsabilidad tiene frente a este panorama la
dirigencia sindical del sector, que permite que estos "accidentes"
cuesten vidas humanas y en muchas oportunidades luchan solo por
conquistas salariales -para nada menores o despreciables- pero que en
tiempos de crisis funcionan con la lógica empresarial y con la
excusa de defender los puestos de trabajo terminan reduciendo
salarios o entregando conquistas laborales históricas.
Estas
problemáticas no parecen ser tenidas en cuenta por la administración
de Alberto Fernández, ni estarían incluidas en el proyecto de nueva
ley o de desarrollo productivo de los hidrocarburos en el país.
Por
ahora no aparecen explicitados como objetivos del gobierno nacional
-es cierto, ahogado por la pandemia y la deuda externa- lograr un
país autoabastecido con hidrocarburos, sin muertes por súper
explotación laboral en los yacimientos, con tarifas y combustibles
accesibles para el conjunto de la población, con gas por redes para
todos los habitantes del país. Aparece lejano un nuevo Estado que no
solamente intervenga en el mercado como un jugador más entre
privados sino como un organizador, generador del empleo y
desarrollador de PyMES locales, además de definir las políticas
energéticas estratégicas.
Fuentes:
Marcelo García, El gobierno reflota la ilusión de Vaca Muerta: claves para entender el tropiezo que viene, 21 junio 2020, El Extremo Sur de la Patagonia. Consultado 24 junio 2020.
Dibujo Chelo Candia.
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