Viven
ahí desde hace 70 años. Desde el gobierno de la provincia ya se
inició un sumario dado que la destrucción de los montes se dio en
una zona que se considera de alta conservación.
por
Laura Urbano
Desde
diciembre pasado las seis familias que viven en la Comunidad Los
Flores, ubicada en la banda norte del Río Blanco, a unos 10
kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Orán, vieron que
algunos alambres habían sido dañados. Hace 15 días, no solo fue el
alambrado, sino el desmonte sobre un espacio que sería de cien
metros por cien metros, más un camino que desemboca en el mismo Río
Blanco. La intromisión que destruyó la vegetación fue impulsada
por una persona que dice ser dueña de las tierras. Los campesinos,
en tanto, sostuvieron que es la primera vez en todos estos años que
sufren un atropello como el acontecido.
En
diálogo con Salta/12 los campesinos contaron que en un espacio de
diez hectáreas viven las seis familias que siembran choclo, acelga,
lechuga, naranjas, limones, y cuya cosecha es vendida en las ferias
de la ciudad de Orán. Hace 15 días, parte de ese trabajo de siembra
fue destruido por las máquinas. En la denuncia que hicieron ante la
Policía culparon a Daniel Cornú, quien les dijo que era el dueño
de las tierras porque las había comprado. Sin embargo, no mostró
papel alguno de la supuesta propiedad o compra del lugar.
En
la Dirección General de Inmuebles la matrícula que sufrió los
daños se encuentra a nombre de la empresa Río Zenta SRL. En el
plano oficial, esa misma matrícula coincide con el lugar que la
Comunidad Los Flores señala como suyo.
En
una nota que presentaron a las autoridades de Orán, los campesinos
sostuvieron que la tierra se encuentra en su posesión desde hace más
de 70 años “avalada por la Ley 26.737 Régimen de Protección al
Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las
Tierras Rurales”.
Afirmaron
además que pese a querer dialogar con la persona que ingresó a sus
tierras, esta “no entra en razón”. Por el contrario, sostuvieron
que el objetivo de Cornú es “construir una cantera” que
“provocaría grandes daños y perjuicio a nuestra comunidad y al
resto de los pobladores de la zona, provocando inundaciones por
desborde del río, deforestación indiscriminada y otros daños
ambientales que desde hace décadas venimos cuidando”.
“De
algo sirvió la denuncia porque desde ese momento pararon los
desmontes”, dijo uno de los campesinos. Sin embargo, afirmó que
Cornú continúa yendo a las tierras “y entra caminando, diciendo
que eso es suyo y que no lo toquemos”.
Los
habitantes de la Comunidad temen la confrontación y no saben a quién
recurrir por ayuda. “La gente de la Comunidad es miedosa pero duele
tanta impotencia. Esta actitud psicológicamente los mató”, sobre
todo a los más ancianos, afirmó el vocero.
La
Ley Provincial 7658, de Regularización Dominial en tierras
trabajadas por agricultores familiares y pequeños productores,
prohíbe los desalojos de campesinos en el territorio de la
provincia. Sin embargo, en la Comunidad desconocen de esta normativa,
promulgada en 2010, y aseguran que nunca nadie se acercó en actitud
de relevar su situación para poder regularizar sus tierras.
Sumario
desde Ambiente
Aunque
el desmonte se frenó con la denuncia policial, este miércoles en el
sitio oficial del gobierno se informó que “de manera preventiva,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del
Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia,
ordenó la inmediata paralización de actividades de cambio de uso de
suelo en zona categorizada como de muy alto valor de conservación,
según lo previsto en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
Se llevaban adelante en inmediaciones a la comunidad Los Flores de
Río Blanco banda norte de la ciudad de Orán”, indica el parte
oficial.
La
actuación llegó desde la Dirección de Fiscalización y Control, a
raíz de una denuncia de pobladores de la zona. “Habiendo
constatado mediante el análisis de imágenes satelitales el inicio
del desmonte, tomó la determinación de tramitar el sumario
administrativo y paralizar preventivamente el desmonte, en el marco
del principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675”,
se informó oficialmente.
La
normativa establece que, en caso de que haya peligro de daño grave o
irreversible al ambiente “la ausencia de información o certeza
científica, no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para
impedir la degradación del medio ambiente”.
Fuente:
Laura Urbano, Campesinos de Orán denuncian atropellos y desmontes en sus tierras, 25 junio 2020, Página/12. Consultado 27 junio 2020.
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