
No
es el cólera, sino el COVID-19 el que nos tiene encerrades en
nuestras casas, sin embargo la propuesta de García Márquez sirvió
para dar pie a una charla virtual en la que participaron Fernando
Cabrera del Observatorio Petrolero Sur, María Teresa Cañas de las
Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, Lefxaru Nawel de la Zonal
Xawvn Ko de la Confederación Mapuche y la socióloga e investigadora
del Conicet Gabriela Wyczykier.
Mientras
en el mundo se vive la baja estrepitosa del precio del barril de
petróleo, en Argentina se ven los primeros efectos del coronavirus
con la abrupta caída del consumo de combustible, y se espera que
Vaca Muerta profundice su crisis debido a la pérdida de
rentabilidad. Fernando Cabrera explica que “la situación
internacional, la deuda, la pandemia, la caída del precio del
petróleo, generó que se detengan las inversiones sobre Vaca Muerta.
El coronavirus frena el consumo de energía y las compañías tienen
combustible que no pueden vender. El gobierno de Alberto Fernández
aún no dejó claro qué política va a tomar. En este contexto, las
compañías y los Estados provinciales empiezan a demandar mayores
beneficios: libertad para exportar, posibilidad de girar divisas al
exterior. Las provincias petroleras tienen atados sus presupuestos a
las regalías y muchas veces funcionan como voceras de las empresas”,
sostuvo.
La
investigadora Gabriela Wyczykier enfatizó la complejidad del
megaproyecto Vaca Muerta: “Articula procesos productivos, urbanos,
sociales, financieros, por eso es un megaproyecto. Concentra una
esperanza y expectativa pública: el autoabastecimiento energético y
un determinado esquema de negocios. Nuestra matriz energética
depende del petróleo y el gas, por eso la expectativa pública
puesta en Vaca Muerta. Además, hay un carácter subnacional: las
provincias se ven beneficiadas por la explotación de hidrocarburos”,
aclaró. Para la socióloga, hay un consenso que continúa gobierno
tras gobierno respecto de la explotación de Vaca Muerta, y lo
ejemplificó citando a Alberto Fernández en la apertura de sesiones
legislativas, cuando destacó la importancia de los hidrocarburos.
“Para la minería y el litio, Fernández hizo la salvedad de
estándares ambientales. Sin embargo, los hidrocarburos parecen no
generar dudas, se dice que los riesgos son acotados, no se advierte
sobre los efectos ambientales y territoriales de la extracción de
hidrocarburos no convencionales”, planteó Wyczykier. La
investigadora considera que está en duda la viabilidad de Vaca
Muerta por factores sociales, ambientales y financieros, pero aclaró
que sólo se consideran los financieros a la hora cuestionar la
continuidad del megaproyecto.
La
asambleísta mendocina María Teresa Cañas contó cómo a partir de
la organización de las asambleas se consiguió en 2011 la sanción
de la ley 7722 que protege el agua de Mendoza. Esa ley estuvo a punto
de ser modificada a fin del año pasado, pero las masivas
movilizaciones en rechazo a la medida detuvieron el avance del lobby
empresario. Cañas explicó cómo, en 2015, se obtuvo la
constitucionalidad y plena vigencia de la ley. Relató, además, cómo
fue la llegada del fracking a su provincia: “La empresa El Trébol,
asociada a Daniel Vila y José Luis Manzano, hizo la primera
perforación sin ningún permiso legal ni regulación en 2017. Recién
a fines de ese año, el gobierno llamó a una audiencia pública para
hablar sobre la reglamentación de Vaca Muerta. En marzo de 2018, a
través de un decreto, el gobierno dio el ok para hacer fracking sin
medir el impacto ambiental, sólo con una planificación de proyecto.
Por eso a la lucha por la protección del agua en Mendoza se suma la
lucha contra el fracking“, agregó Cañas. “Queremos una Mendoza
libre de megaminería y de fracking. Redoblaremos nuestros esfuerzos
para que haya áreas naturales protegidas y que se proteja la cuenca
del Río Mendoza. También luchamos contra el agronegocio”, planteó
y destacó las redes de solidaridad de las distintas asambleas en la
provincia, a nivel nacional y con organizaciones campesinas,
indígenas, sindicales y de derechos humanos.
Por
su parte Lefxaru Nawel, integrante de la Confederación Mapuche,
planteó la preocupación por la situación de la pandemia COVID-19
pero agregó que también están en peligro por la contaminación y
que son más de 30 las comunidades afectadas por la explotación de
Vaca Muerta. “La etapa anterior al fracking fueron décadas de
extracción de petróleo convencional con Estados que no controlaron,
sólo dieron los permisos. En el 2008 hicieron los primeros pozos de
fracking. Nuestra Lonko Cristina Linkopan falleció a causa de la
contaminación”, lamentó Nawel y agregó que sufren la
criminalización por parte de las Fuerzas de Seguridad, intensificada
a partir de la gestión macrista con el refuerzo de la Gendarmería
en la zona. Además, detalló algunos de los efectos del fracking:
“Quisiéramos no tener razón en las denuncias que hacemos desde el
comienzo del fracking. Se incrementó la población pero no los
derechos básicos, se deteriora la calidad de vida, hoy los sismos
son una realidad cotidiana en la zona de explotación de Tecpetrol”,
explicó Newel, haciendo referencia a la petrolera de Paolo Rocca,
dueño de la empresa Techint, que durante la cuarentena despidió a
1500 trabajadores. En este sentido, Newel aseguró que la industria
petrolera tiene poder para presionar a los gobiernos provinciales y
exigirles que actúen como sus voceros.
Al
cierre de la conversación, se anunció que se realizará otro
encuentro virtual en dos semanas, el 16 de abril, para profundizar la
reflexión hacia posibles alternativas de transición energética.
Fuentes:
Vaca Muerta en los tiempos del cólera, 2 abril 2020, Observatorio Petrolero Sur.
Dibujo Chelo Candia.
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