viernes, 7 de febrero de 2020

Los países de la UE progresan lentamente en el control de plaguicidas

Madrid (EFEverde).- Los estados miembros de la Unión Europea han hecho “limitados progresos” para medir y reducir los riesgos derivados del uso de plaguicidas, una cuestión a resolver en 2021 con la entrada en vigor de la nueva PAC, según un informe del Tribunal de Cuentas europeo.

La Comisión Europea hasta ahora no ha podido reducir y controlar sustancialmente los riesgos asociados al uso de los plaguicidas por los agricultores”, ha asegurado el responsable del informe y miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, el esloveno Samo Jereb.

Jereb ha aseverado que la “nueva Política Agraria Común (PAC) -cuya entrada en vigor está prevista para 2021- ofrece una oportunidad para abordar esta cuestión de manera adecuada, que lamentablemente se ha desaprovechado”.

Los auditores que realizaron el estudio hecho público este miércoles denuncian que muchos estados miembros se han retrasado en la incorporación de la Directiva aprobada en 2009 sobre el uso sostenible de pesticidas y los incentivos para que los agricultores adopten métodos alternativos son escasos. Señalan además que la Comisión Europea no puede supervisar con precisión los efectos de los riesgos derivados del uso de plaguicidas.

Control de plaguicidas

Desde 1991 la UE ha tenido normas comunes sobre la autorización y el uso de productos fitosanitarios («plaguicidas») que se utilizan para “proteger los cultivos” contra organismos nocivos, plagas y enfermedades.

Esos productos incluyen insecticidas, fungicidas y herbicidas, que pueden afectar al medio ambiente y plantear riesgos para la salud humana.

Dieciocho años despúes (2009) la UE aprobó la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas y los auditores han evaluado si la acción de la UE en este ámbito ha sido satisfactoria.

Incumplimiento en imposición de sanciones

Las conclusiones del estudio recogen el incumplimiento de la adaptación de la Directiva y la imposición de sanciones a partir de 2012, es decir tres años después que es el plazo legal que da la UE para realizar la incorporación de las normas europeas a la legislación local de cada país.

La auditoría también constató que la Comisión Europea no ha verificado adecuadamente la integridad y exactitud de la transposición de la Directiva, porque no existen criterios claros ni requisitos específicos que sirvan para garantizar la aplicación y evaluar el cumplimiento de la misma.

En ese sentido, los auditores constataron que no todos los Estados miembros incorporaron a su legislación el requisito de que los agricultores aplicaran la gestión integrada de plagas, es decir utilización de una serie de técnicas biológicas, biotecnológicas y de selección de vegetales, entre otras, para reducir al mínimo el uso de fitosanitarios.

No obstante, reconocen que desde 2016 la Comisión ha tomado más medidas para hacer aplicar la Directiva sobre “el uso sostenible de plaguicidas”.

Con ese propósito se ha creado una categoría de «productos fitosanitarios de bajo riesgo», sin embargo hasta la fecha, solo se han enumerado 16 de las 487 sustancias, es decir, el 3 %, lo cual es insuficiente, según los auditores.
Reducir la dependencia de los plaguicidas

Otro dato relevante es que, según los expertos, los agricultores no tienen incentivos para reducir la dependencia de los plaguicidas para sus cultivos.

En concreto, subrayan los auditores, la aplicación de la gestión integrada de plagas no constituye una condición para poder recibir los pagos de la Política Agraria Común (PAC).

Los auditores constataron asimismo que las estadísticas sobre sustancias activas y su utilización publicadas por la CE en Eurostat no son lo suficientemente detalladas para resaltar datos útiles y los Estados miembros tampoco tienen “suficientemente armonizadas y actualizadas las cifras”.

Esa falta de datos no ha permitido elaborar un indicador global europeo para medir riesgos e impactos de los plaguicidas a pesar de que algunos Estados tengan indicadores locales.

Solo hace tres meses, en noviembre de 2019, y diez años después de la aprobación de la Directiva se han publicado dos indicadores a escala europea, pero ninguno tuvo en cuenta cómo, dónde y cuándo se utilizan los plaguicidas.

Por ello, los auditores concluyen que la Comisión hoy en día “carece de una base de pruebas sólida para evaluar si la Directiva ha logrado el objetivo de la UE de que el uso de los plaguicidas sea sostenible”.

En un momento de creciente preocupación pública y parlamentaria y cuando la Comisión evalúa la legislación de este ámbito político, los auditores recomiendan a los Estados miembros verificar la gestión integrada de las plagas en las explotaciones.

Asimismo, exigir que la gestión integrada de las plagas se vincule a los pagos en el marco de la nueva PAC, actualizar y mejorar las estadísticas sobre los productos fitosanitarios y elaborar indicadores de riesgo más exactos.

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