por Alejandro
Horvat
En la Argentina se producen aproximadamente 927.000 toneladas de envases plásticos al año. De ese total el 26 % se recicla y el resto va a los rellenos sanitarios o basurales del país. Esto genera contaminación y, además, hace que la industria del reciclado funcione solo al 50 %, cuando podría representar una fuente de trabajo para miles de personas.
En
Europa esta problemática se solucionó con una Ley de
Responsabilidad Extendida al productor, que en el plano local
intentaron promulgarla bajo el nombre de Ley de Envases. Esta
reglamentación hace que los fabricantes de productos que usan
envases plásticos se hagan cargo de la gestión de esos residuos,
algo que en la Argentina aún está lejos de suceder ya que los
distintos proyectos de ley quedaron truncos. Como el Estado se hace
cargo de los residuos, para las empresas es más económico volver a
producirlos que armar un circuito de reciclado.
"Existen
varios motivos vinculados a la demora de más de 25 años por parte
de funcionarios del Poder Ejecutivo para impulsar la Ley de Envases.
Uno de ellos es la falta de sensibilidad de quienes ocupan los altos
cargos por los distintos problemas ambientales. Es habitual que las
políticas nacionales en esta materia la toman funcionarios con sede
en la ciudad de Buenos Aires, que poco conocen de la grave situación
en las provincias, donde hay basurales a cielo abierto en cada una de
ellas, y menos aún conocen lo que sucede en los municipios. Hay un
abandono generalizado en esta materia y esto involucra a todos los
partidos políticos", dijo Sergio Hilbrecht, gerente de la
Cámara Argentina de la Industria Plástica.
Hilbrecht
también apunta a la "permeabilidad" de los funcionarios
estatales a presiones por parte del sector envasador: "El poder
de lobby de este sector es enorme, constante y persistente en el
tiempo. Con distintas excusas recorren los pasillos del Poder
Ejecutivo alertando que una ley de esta naturaleza amenaza las
finanzas de sus compañías y que la economía informal quedará
fuera de la obligación de cumplir con el pago de la suma monetaria
que determine la ley. Todos estos son argumentos falsos y que nada
tienen que ver con la protección del medio ambiente".
Otro
aspecto que señala el funcionario es la falta de formación
profesional o antecedentes en la materia de quienes asumen en las
cartera de medio ambiente, aduce que, por lo general, son cargos que
se asignan políticamente como prenda de cambio de las distintas
coaliciones de gobierno de turno.
En
España, por ejemplo, la sanción de una Ley de Envases dio lugar a
Ecoembes, la entidad que asume los costos asociados a la recolección
y selección de los residuos de envases domiciliarios. Las cifras
muestran el colosal negocio y oportunidad para el mercado laboral que
representa un organismo de estas características. En 2018 Ecoembes
facturó 494 millones de euros, reciclaron el 80 % de los envases de
cartón y papel y el 75.8 % de los envases de plástico y se
generaron 42.600 trabajos formales relacionados la actividad del
reciclado.
En
la Argentina, por la falta de una ley, las empresas que colocan este
tipo de envases en el mercado no se hacen cargo de ellos, como si
sucede en los países donde están ubicadas sus casas matrices.
"Saben que en otros países deben aportar para gestionar los
residuos y colaborar con los municipios, que son los responsables de
la basura. De hecho la ONU ya informó quienes son las empresas que
más contaminan en el mundo. Digo contaminan porque en el contexto de
una Ley de Envases (o Ley de Responsabilidad Extendida del
Productor), se ha establecido que ´quien contamina paga´. Esta
frase grafica claramente quien es el responsable de financiar y pagar
por recuperar del medio ambiente todos los envases de todos los
materiales una vez que el público consumió su contenido", dijo
Hilbrecht.
"En
países de Europa la solución fue el principio de responsabilidad
extendida al productor, vigente desde hace más de 20 años,
determina que las compañías envasadoras que distribuyen los envases
en el mercado deben hacerse cargo de los costos y de la gestión de
esos residuos. De esta forma, se ven, por un lado, estimulados a
producir menos cantidades de envases y, por el otro, obligados a
implementar sistemas de gestión de envases para su reutilización",
explicó Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas, una entidad
técnica que impulsa el desarrollo sustentable de la industria
plástica a través de la promoción del uso correcto y responsable
de sus productos.
"Nuestro
país tiene, sin dudas, una oportunidad única para implementar
políticas y a la vez fomentar su desarrollo. En este marco, la
posibilidad de una Ley de Responsabilidad Extendida del Productor,
debería aplicarse e interpretarse, entendiendo el deber de cada uno
de los envasadores de responsabilizarse objetivamente por la gestión
la integral y/o su financiamiento, respecto de los envases puestos
por ellos en el mercado local y sus respectivos residuos",
agregó Ramos.
Uno
de las empresas estatales que lidia con la enorme cantidad de
residuos plásticos que terminan en el Río de la Plata o el Paraná,
es Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Según Pablo Fernández,
director de agua de Aysa, los residuos plásticos que llegan a las
rejas por las que fluye el agua que luego es potabilizada, son
difíciles de introducir en el circuito de reciclado ya que se
encuentran muy sucios y mezclados con otros materiales. "Los
residuos son llevados por CEAMSE para su acondicionamiento y
disposición final. Es por eso que es muy importante tomar conciencia
de que el plástico que no se introduce inmediatamente en el circuito
de reciclado, luego es muy difícil o costoso de recuperar cuando
alcanza los ríos" expresó.
Según
Mariana Carriquiriborde, directora de sustentabilidad de AySA, la
cantidad de residuos que retienen las rejas ubicadas en el interior
de las plantas es de aproximadamente 15 toneladas mensuales. De esa
cantidad, se estima que una proporción del 20 % está formada por
componentes plásticos.
Fuente:
Alejandro Horvat, Ley de envases, una deuda pendiente para lidiar con los residuos plásticos, 27 diciembre 2019, La Nación. Consultado 7 enero 2020.
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