por
Miguel Muñiz
El
10 de octubre de 2019 Pascual Serrano, periodista de investigación y
activista social, publicó en el digital Cuarto Poder el artículo
¿Qué quedará de las movilizaciones por el clima?, que analizaba el
contraste entre las movilizaciones de miles de activistas y
centenares de miles de participantes en el movimiento altermundista y
la ausencia de resultados: ni objetivos concretos conseguidos, ni
creación de estructuras organizativas estables, ni en el Encuentro
por la Humanidad y contra el Neoliberalismo (1996), los foros
sociales mundiales (FSM, Porto Alegre, 2001), ni en el 15M (2011).
El
artículo se publicó días después de la llamada “Huelga Mundial
por el Clima”, tan ruidosa a nivel mediático como nula en
consecuencias. En el texto destacaba un interrogante: “¿Muchas
personas en las calles convocadas por internet sin otro elemento
organizativo estable supone mayor músculo para una lucha social?”.
Analicemos posibles respuestas desde la base.
Las
COP
El
15 de diciembre, con casi dos días de retraso respecto al calendario
oficial, se clausuró en Madrid la 25 edición de la Conferencia de
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP25). Su desarrollo (retraso final incluido)
siguió el guion, sobradamente analizado, de las COP precedentes. La
realidad es que desde 2001 no existe relación entre cambio climático
y COP. El cambio climático es un proceso irreversible sobre el que
no se puede incidir, que está provocando devastación social y
degradación o cambios ambientales acelerados; las COP, por su parte,
son reuniones puramente discursivas y acciones de propaganda sin
contacto con lo que está sucediendo. La mejor crónica de la COP25
es el artículo de Antonio Turiel enlazado en la sección “de otras
fuentes” de este mismo boletín.
Las
claves para interpretar lo que son las COP están expuestas en el
libro Esto lo cambia todo (Naomi Klein, 2014); en resumen, de una
parte tenemos las decisiones políticas de los que mandan y tienen
poder para actuar (incluidos unos pocos con aparente sensibilidad
ambiental), que se organizan y toman decisiones en el marco de la
Organización Mundial de Comercio (o así era en la época analizada
por Naomí Klein), sin que el cambio climático cuente para nada; de
otra parte tenemos las reuniones fruto de la Cumbre de Río (1992),
sobre todo las COP, donde se aprueban miles de documentos e informes
sobre el cambio climático, que no influyen en nada de lo decidido
por la primera parte.
Un
ejemplo de ello son esos inacabables debates sobre el comercio de
derechos de emisión (CDE) que se desarrollan desde hace años en las
COP, lo único que queda de los mecanismos originales del Protocolo
de Kioto. En teoría, se trata de reducir la concentración
atmosférica de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) mediante un
sistema de compraventa de gases. Pero el CDE, sólo se ha aplicado en
la Unión Europea (desde 2005) y ni tan siquiera ha conseguido reducir las emisiones de GEIs en su área de aplicación. Su eficacia
es muy discutible. Es uno de los puntos de la COP25 en que hay
coincidencia decepcionante.
Porque
la información que los medios difunden sobre las COP en general (y
la COP25 no ha sido una excepción) está formada por indirectas, alusiones, y metáforas, lo que contrasta con las crudas realidades
que explican sobre territorios afectados por el cambio climático, en
una calculada estrategia propagandística. Un ejemplo, entre cientos,
sería el caso de Somalia.
La
situación de Somalia es, en su mayor parte, consecuencia de años de
sequías encadenadas, fenómeno amplificado por el cambio climático
[1]. Las sequías han destruido gran parte del sistema productivo del
país lo que, junto a un estado de violencia continuada, han llevado
a unos 5,4 millones de personas, de un total de población estimado
de 14,7, (las estadísticas son menos fiables en el Sur global que en
el Norte) a ser dependientes absolutos de la ayuda humanitaria internacional. Somalia ocupa el último lugar (181) en el indice ND Gain (Notre Dame Global Adaptation Initiative) que clasifica los
países por vulnerabilidad (incapacidad de adaptación) ante el
cambio climático; dicho índice se elabora en la Universidad de
Notre Dame (Estados Unidos), una institución con fuertes vínculos
religiosos.
En
la geopolítica actual, Somalia está etiquetado como estado fallido,
lo que quiere decir un estado objeto de una política deliberada de
destrucción violenta de sus estructuras. Así, empresas
transnacionales y grupos armados financiados por éstas, imponen su
ley para obtener beneficios.
Contrastemos
esta brutal realidad con el siguiente texto:
Vivimos tiempos convulsos de auténtica emergencia ecológica, climática y social. El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables: las personas racializadas, las personas indígenas, el campesinado, las personas empobrecidas, las personas migrantes, las personas LGBTI y queer, las comunidades de vanguardia en resistencia… Y se produce también a costa de nuestro entorno, las demás especies y los ecosistemas. Las mujeres, que forman parte de todos estos colectivos, se ven afectadas diferencialmente y son víctimas de las peores consecuencias del modelo capitalista cisheteropatriarcal.
(…) Creemos en la justicia climática como el eje vertebrador de la lucha social de nuestro tiempo: porque la sostenibilidad es imposible sin justicia social, y la justicia no existe sin un respeto a todos los seres que viven en el planeta. La justicia climática es el paraguas más amplio que existe para proteger bajo su esfera toda la diversidad de luchas por otro mundo posible: ecologismo, activismo climático, feminismo, LGBTIQ+, sindicalismo, antirracismo, antifascismo, antimilitarismo, movimientos decoloniales, movimiento indígena, movimiento campesino, movimiento rural… Promovemos la justicia climática como un movimiento de movimientos en el que quepan muchos mundos diversos.
(…) Nos solidarizamos con quienes más sufren, con las personas trabajadoras y con las comunidades que están en primera línea de resistencia en todos los continentes. También nos solidarizamos con quienes menos han participado en alimentar la crisis climática y más acusan sus impactos. Apoyamos a todas las personas de cualquier género, origen, lengua, raza, etnia, capacidad física, orientación sexual, experiencia, edad y creencia”.
Este
texto es parte del llamamiento a participar en la Cumbre Social
Alternativa de la COP25. Sus tres características definitorias: no
presenta reivindicaciones concretas, utiliza un lenguaje ajeno y
extraño al de la mayoría de la sociedad, y el único referente
activo mencionado son individualidades pertenecientes a movimientos
basados en identidades, tan sólo uno, los campesinos, son un grupo
social heterogéneo, y relacionado con la producción material.
Se
trata del fenómeno descrito por Daniel Bernabé y analizado
teóricamente por Hèctor Xaubet. En el caso del cambio climático se
relaciona con la pregunta planteada en el artículo de Pascual
Serrano, y apunta una característica: la conversión de medios en
fines, que analizaremos más adelante. Las COP inciden en el cambio
climático, pero cumplen una función social clave: transmitir la
impresión de que se está haciendo algo.
La
Cumbre Social Alternativa a la COP25
Desde
que se supo que el gobierno de Chile dimitía de la celebración de
la COP25 por los conflictos derivados de las políticas neoliberales
impuestas, y que el gobierno de España se ofrecía a acogerla,
comenzó una frenética actividad en el mundillo de las ONG
ambientalistas y algunos movimientos sociales para organizar en
Madrid una Cumbre Social Alternativa (CSA). Se trataba de vincularla
con la CSA que organizaciones chilenas habían estado preparando en
su país y, lógicamente, realizar una manifestación. Lo que suponía
trabajar tres medios de incidencia, pero no se definían objetivos
concretos, fuera del propio trabajo.
La
CSA fue un éxito. Unas 70 entidades ambientalistas y sociales
organizaron una manifestación en que, según las fuentes,
participaron entre 15.000 y 500.000 personas. Asimismo, y durante
siete días, desarrollaron un amplio programa de más de 290
actividades en que se consiguió una presencia importante de personas
de Chile y América Latina, y también aprobaron un manifiesto común.
Los objetivos de trabajo conseguidos no excusan una pregunta: ¿las
más de 290 actividades tenían un objetivo común o eran una muestra
heterogénea de expresiones? Basta consultar el programa para
responderla. Un dato anecdótico pero significativo: el intenso
tráfico de mensajes en internet sobre reuniones, listas y foros de
participación, borradores de documentos, citas, llamamientos,
carteles en PDF, captación de fondos, etc., se detuvo en seco tras
la aprobación del manifiesto El mundo despertó ante la emergencia climática y la manifestación de la CSA del 6 de diciembre. Ni
valoración de resultados, ni proyectos de continuidad. Una vez
expresada la protesta, todas las ONG implicadas volvieron a sus
trabajos habituales.
Se
da la paradoja de que a medida que aumenta la intensidad, complejidad
y dureza de procesos ecológicos y conflictos sociales desencadenados
por el cambio climático, las reivindicaciones se han vuelto más y
más simples. La última versión son las muy divulgadas banalidades
de la adolescente sueca y del movimiento Fridays For Future: faltar a
clase los viernes para denunciar que los jóvenes son víctimas de la
inacción de los políticos, que a su generación les han robado el
futuro, y que hay que hacer algo. Todo así, genérico y sin mayores
precisiones. El manifiesto final de la CSA, El mundo despertó ante la emergencia climática, leído al término de la manifestación, se
sitúa en esa misma pauta desde el propio título: un mundo (¿todo
el mundo?), despierta (ahora ¿tras 27 años?) por la emergencia
climática (¿sólo climática?). El papel adjudicado a Greta
Thunberg es determinante.
Greta
Thunberg es la quintaesencia de portavoz políticamente correcta en
una globalización acomodada. Elevada por la propaganda a la categoría
de símbolo hasta el punto en que la peripecia viajera de la
adolescente ocupaba más espacio informativo que la propia COP25, su
discurso era más comentado que los contenidos de la reunión, y su
presencia parecía el mayor acicate para participar en la CSA; un
papel estelar que es parte de una estrategia planificada.
Se
trata de una estrategia difusa. Una interpretación de la misma se
puede encontrar en este análisis de Nazanín Armanian, vinculando el
fenómeno Greta con las pautas del capitalismo global. Sin seguir
ahora esa línea, que nos apartaría de la COP25, cabe hacerse una
preguntar: ¿por qué el cambio climático es objeto de seguimiento
global y atención específica?, ¿por qué un debate continuado que
ha ido evolucionando desde propuesta de medidas para combatirlo,
luego para frenarlo, y después para paliarlo y, finalmente, para
adaptarse?
El
cambio climático es sólo uno de los aspectos de un colapso global
que no se menciona como tal; algunas variables de ese colapso
aparecen puntualmente en los medios, otras se presentan como
problemas territoriales, o como parte de catástrofes humanitarias.
Ni pérdida de biodiversidad, sequías continuas, agotamiento de
recursos minerales y biológicos, acumulación de residuos (sobre
todo plásticos), contaminación radiactiva, química o
electromagnética; fin de las fuentes de energía no renovable
(petróleo, gas, carbón, uranio…), consumismo compulsivo,
explosión demográfica, urbanización global…; ninguna de esas
expresiones del colapso global goza del seguimiento informativo que
tiene el cambio climático.
Las
ONG
Nada
de todo lo anterior se entiende sin las ONG. Como vehículo del neoliberalismo para incidir en cuestiones sociales, las ONG cubren de
difusión de ideologías (religiosas incluidas) a elaboración de
investigaciones a la carta y, por supuesto, intervención social
directa. En 2013 la revista The Global Journal, con sede en Suiza,
publicó una clasificación que determinaba cuáles eran, a su juicio, las 100 ONG más importantes del mundo; lo significativo era
la muestra de partida que, sin ser exhaustiva, incorporó a 10
millones de ONG. Según la Wikipedia, en 2009 se calculaba que sólo en la India actuaban unos dos millones de ONG, lo que daba una ONG
por cada 600 habitantes.
Muchas
ONG se mantienen mediante fundaciones creadas por poderes
empresariales o financieros, otras por convenios con los estados en
que radican. Parte de las ONGs actúan en simbiosis con las Naciones
Unidas. Desde el final de la Guerra Fría, despojada de peso político
en beneficio de las instituciones del capitalismo global (FMI, BM), y
marginada en la dinámica de bloques geopolíticos enfrentados, la
ONU se ha convertido, en parte, en el paraguas institucional de la
actividad de las ONG. Se trata de un aspecto más de esa realidad
virtual paralela que elabora discursos sin conexión con las
políticas dictadas por los poderes económicos y financieros. En sus
análisis y debates sobre conflictos globales en que no pueden
incidir, las ONG necesitan crear marcos propios adaptados a su
actividad; lo más lógico es convertir los medios en fines
manufacturando problemáticas.
Convertir
medios en fines
El
acuerdo final de la COP25 ha sido calificado unánimemente de
decepcionante, porque en la sociedad civil, ese concepto tan
inconcreto, no sienta bien una palabra tan rotunda como fracaso. Las
ONG no pueden mostrar una carencia absoluta de resultados que
deslegitimaría su función, por ello hay que manufacturar una oferta
reivindicativa destinada a la sociedad civil. La denuncia de la
COP25, en un calculado equilibrio entre radicalismo y posibilismo,
debe combinarse con el enunciado de problemas en que se producen
avances, que actúen de marcos que generen discurso. La clave es
transformar los medios en fines en si mismos, con lo que cualquier
avance en los medios se valora como un avance en los fines, aunque no
sea así.
En
la COP25 los problemas más divulgados han sido el PLAN de ACCIÓN DE
GÉNERO EN TEMAS DE CAMBIO CLIMÁTICO (PAGCC), en las sesiones
oficiales, y la cuestión de la JUSTICIA CLIMÁTICA (JC) en la Cumbre
Social Alternativa.
El
PAGCC parte de una resolución de la COP23 (Bonn, 2017), fruto de una
iniciativa, el Women Gender Climate, lanzada en 2009 en los Estados Unidos. Se
trata, según su documento de presentación, de “asegurar que las
voces de las mujeres y sus derechos estén incrustados en todos los
procesos y resultados del marco de la CMNUCC, para un futuro
sostenible y justo, por lo que el género, la igualdad y los derechos
humanos de las mujeres son fundamentales para los debates en curso”.
En la COP25 el PAGCC estuvo a punto de no ser aprobado, aunque
finalmente, tras una serie de presiones de activistas vinculadas a
grupos feministas, se decidió incluirlo en los documentos de
compromiso de los países participantes.
El
PAGCC es parte de la dinámica de insertar problemas identitarios en
conflictos globales, la misma que inspira campañas como las de
género y energía (con lemas tan surrealistas como “la transición
energética será feminista o no será”). Esa dinámica sustituye
el debate sobre el núcleo del conflicto por el debate sobre un
problema relacionado indirectamente con el conflicto, debate en el
que se pueden obtener resultados en forma de documentos aprobados,
aunque tales documentos no incidan realmente en el núcleo del
conflicto que va por otro lado.
En
la COP25 la paradoja de la PAGCC salta a la vista: se aprueba la
presencia de género en los ámbitos en que se aborden las políticas
climáticas..., cuando aún no existen ámbitos en los que se estén
abordando realmente esas políticas, fuera de las propias reuniones
de las COP. Porque también en el caso del género, disponer de recursos para mantener funcionando las ONG implica dar publicidad a
avances, aunque éstos sean más virtuales que reales.
La
Justicia Climática (JC), el eje de la CSA, aparece desde el
llamamiento de la propia CSA, y apunta a la manufactura de otro
problema. Según documentos, la “Justicia climática es un término
utilizado para denominar al calentamiento global como un problema
ético y político, más allá de solo un problema ambiental o físico
en la naturaleza. Esto se hace relacionando los efectos del cambio
climático con conceptos de justicia, particularmente justicia
ambiental y justicia social, y examinando problemáticas tales como
igualdad, derechos humanos, derechos colectivos y la responsabilidad
histórica por el cambio climático.” Es un planteamiento más
ambicioso, y más ambiguo, que el del PAGCC. El documento de
referencia de la JC puede consultarse aquí.
La
reivindicación de Justicia Climática se remonta a la CSA de Bali
(2002), pero tras un inicio contundente y prometedor el concepto no
se desarrolló en las posteriores CSA. Su referencia en internet está bloqueada desde 2003. Probablemente, y a diferencia del PAGCC, la JC
no ha contado con el patrocinio de un grupo de presión importante.
En la actualidad el concepto es invocado por entidades que van desde
una multinacional de fabricación de helados hasta el ayuntamiento de Barcelona.
A
modo de conclusión
Recuperando
la pregunta inicial de Pascual Serrano, “¿Muchas personas en las
calles convocadas por internet sin otro elemento organizativo estable
supone mayor músculo para una lucha social?”, podemos contestar:
depende de lo que se entienda por lucha social.
Si
lucha social significa afrontar las causas de un conflicto,
identificar en detalle a sus responsables (empresas y gobiernos
implicados), exigir medidas concretas y aplicables para abordarlo,
organizar una estructura para afrontarlo, movilizar a la sociedad en
esa estructura, crear mecanismos que verifiquen el cumplimiento de
las medidas propuestas, y establecer un sistema de sanciones para
aquellos que no las cumplan, la respuesta es evidente: no.
Pero
si por lucha social se entiende, como hemos ido analizando, generar
movilizaciones de protesta ante un problema para exigir que los
actores implicados hagan algo para solucionarlo, emitir documentos
denunciando su inactividad, o valorar la idoneidad de dichas
actuaciones como punto de partida para nuevas movilizaciones, proceso
en el que se crean lazos y complicidades transversales dentro de la
diversidad. Lazos y complicidades que se transmiten de movilización
en movilización, la respuesta sería sí.
La
diferencia entre luchar y protestar es evidente; y no resulta difícil
saber en qué terreno se sitúan las reuniones de las COP y las CSA
que las acompañan. El cambio climático, como casi todos los ámbitos
relacionados con el colapso, está controlado por los medios, e
intervienen millones de personas profesionalmente implicadas en ONG
con intereses y vínculos con los poderes establecidos. Hay que tener
en cuenta, además, el papel adjudicado al cambio climático en la
justificación de políticas adaptativas, como el Green New Deal,
última versión popularizada del capitalismo verde.
Esta
realidad indica, sin lugar a dudas, que no existe margen para
planificar y proponer alternativas que permitan incidir de verdad. La
conclusión evidente es dejar de escribir y pasar a actuar, como reza
una referencia que no corresponde al conflicto del cambio climático:
“De lo que no se puede hablar, es mejor callarse”, un aforismo
del filósofo Ludwig Wittgenstein sobre la filosofía de las ciencias
aplicable, lógicamente, a las ciencias sociales.
Nota:
- La referencia es Harald Welzer, “Guerras climáticas. ¿Por qué mataremos y nos matarán en el siglo XXI?”. Katz Editores, 2010 (ed. original alemana de 2008). Reseñado aquí.
Miguel
Muñiz Gutiérrez mantiene la página de divulgación energética
http://www.sirenovablesnuclearno.org/
Fuente:
Miguel Muñiz, COP25: El show terminó, 4 enero 2020, Mientras Tanto. Consultado 4 enero 2020.
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