Ayer,
a las 10.30 hs. los vocales de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo, Leonardo Massimino y María M. Angelóz, realizaron
una inspección ocular en el predio pretendido por Cormecor para
instalar el tercer enterramiento sanitario más grande de Sudamérica.
La
inspección judicial sobre el campo ubicado entre las localidades de
Bouwer y Villa Parque Santa Ana, se desarrolló en un marco inusitado
de despliegue policial, que incluyó al ETER, gran cantidad de
policía en autos, motos y hasta un camión de traslado de detenidos.
La policía intentó impedir el ingreso al Acampe instalado en el
acceso al predio sobre ruta 36, de las personas de Villa Parque Santa
Ana y Bouwer que llegaron al lugar para manifestar su rechazo a la
instalación del basural.
De
la inspección ocular participaron los representantes legales y
peritos de control de Cormecor, la Municipalidad de Córdoba, el
Gobierno provincial y de los amparistas: la Municipalidad de Villa
Parque Santa Ana, la familia Gremo y representantes de los 450
vecinos.
Llamó
la atención la cantidad de funcionarios enviados por la provincia en
el mismo día de asunción de las autoridades de gobierno. También
el hecho que se hicieran presentes los representantes legales de la
gestión saliente de Mestre.
Los
vocales quisieron observar la ubicación de las fosas planificadas
por Cormecor, el punto más cercano entre el borde del predio y la
localidad de Villa Parqeu Santa Ana. El intendente de esta localidad,
José Luis Bécker, mostró la cercanía de su ejido y comentó que
en el loteo cercano una empresa desarrollista está comenzando a
construir un barrio. Desde el lugar podían observarse las casas más
cercanas.
Llamó
la atención que el campo expropiado por la justicia (100 ha sobre
500 hs que pretendían expropiar) se encuentra sembrado con soja y
maíz, y se han tapado las cárcavas provocadas por la inundación de
2017, para lo cual utilizaron parte del terraplén dañado por la
misma inundación. Hugo Pesci, director técnico de Cormecor y perito
de esa parte, no pudo responder por qué se está utilizando
comercialmente e interviniendo la topografía del campo inhibido por
una cautelar judicial.
En
cuanto a las preguntas del vocal Massimino sobre la inundabilidad del
lugar, los peritos de Cormecor insistieron en que se podría evitar
con obras hidráulicas. Lo que no supieron responder es cuál es el
costo de esas obras, ni cuánto se podría ahorrar del erario público
si se eligiera un terreno no inundable. Recordemos que las leyes que
regulan el tratamiento integral de residuos urbanos señalan que los
sitios de disposición final no deben instalarse en lugares
inundables.
Además,
el desvío de la escorrentía natural que pasa por el campo de
Cormecor, aportaría mayor caudal a la cuenca que atraviesa la Planta
de Taym.
En
varias oportunidades, peritos de parte de los vecinos pidieron al
juez que visitara la escuela Cornelio Saavedra, ubicada en Potrero
del Estado que -de instalarse el megabasural en el lugar pretendido
por Cormecor- quedaría dentro de la zona buffer (de impacto directo)
a tan sólo 3 km del enterramiento. Recordemos que la UNC recomendó
un apartamiento mínimo de cualquier población de 4km.
Esta
sería una de las últimas acciones judiciales antes de dictar el
fallo.
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