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| El subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, junto al presidente Mauricio Macri, en la Central Nuclear Embalse el 5 de junio de 2019. |
La empresa estatal tiene deudas con proveedores por 4000 millones de pesos. El subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, reconoció que la firma no puede cumplir con sus compromisos porque “no tiene arriba un señor Burns que gana mucho dinero”.
por
Fernando Krakowiak
En
una carta enviada el mes pasado a los trabajadores de la estatal
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), a la que accedió PáginaI12,
el subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano, aseguró que
“la empresa está atravesando una situación muy delicada”. Pese
a la fuerte suba que registró la tarifa eléctrica en los últimos
años, la compañía acumuló una deuda por más de 4000 millones de
pesos con sus proveedores y viene incumpliendo el Convenio Colectivo
de Trabajo. “Si todos quisieran cobrar todo al mismo tiempo y
rápido, el resultado sería simple y dramático: nadie cobraría,
porque la empresa no podría afrontar sus compromisos. Esta es una
empresa pública. No tiene arriba un ´señor Burns´ que gana mucho
dinero”, agrega Gadano en una insólita referencia al malvado
personaje Charles Montgomery Burns, que en la serie televisiva Los
Simpsons es el propietario de la planta de energía nuclear de
Springfield.
“Respecto
de nuestras finanzas: como ustedes saben, la empresa está
atravesando una situación muy delicada. (…) Eso es así porque nos
hicimos cargo con fondos propios de parte de la última etapa del PEV
(Proyecto de Extensión de Vida) de Embalse, y también porque Atucha
II generó en los últimos meses muchísimo menos de lo que
esperábamos”, aseguró Gadano, quien a su puesto de subsecretario
le sumó a fines de marzo el cargo de presidente de NA-SA, la empresa
responsable de administrar las tres centrales nucleares de potencia
que tiene Argentina.
Gadano
reconoce en la carta no solo deudas con los proveedores sino también
el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. “Después de
casi un semestre en déficit operativo hemos vuelto a generar más
recursos que los que necesitamos para funcionar, lo que significa
comenzar a reducir la deuda con proveedores y comenzar a pagar los
conceptos incluidos en el Convenio Colectivo para este año. Nos
gustaría saldar rápidamente la bonificación anual, pero la
situación no nos permite hacerlo”, sostiene. Ese atraso se produjo
porque a comienzos de este año la empresa reprogramó en seis
cuotas, sin actualización por inflación, el pago de la Bonificación
Anual 2018 que los trabajadores deberían haber cobrado en enero.
Además, esa bonificación se calcula con los salarios de diciembre y
el año pasado el aumento concedido en paritarias fue de 28 por
ciento frente a una inflación de 47,6 por ciento.
“Estamos
en deuda con proveedores que corren serios riesgos económicos, lo
que puede implicar situaciones muy complicadas incluso para los
trabajadores de esas empresas. Tenemos que honrar nuestras deudas y
hacerlo de una manera solidaria. Dicho esto, es importante que sepan
de nuestro compromiso para pagar la bonificación cuanto antes. Y es
lo que, de manera gradual, comenzamos a hacer desde este mes”,
sostiene el funcionario en su nota.
Luego
Gadano llama a “desterrar” de la empresa una serie de prácticas
como “el uso de los recursos para fines personales, el ocultamiento
de información a otras áreas con fines de beneficio personal o
sectorial, el trabajar en compartimientos estancos para no beneficiar
a otros sectores, el fraude laboral, el abuso de los beneficios
otorgados en los Convenios Colectivos, el abuso de poder y el
despilfarro de recursos”.
La
misiva de Gadano despertó un fuerte malestar entre los trabajadores
de la compañía. De hecho, la Asociación de Profesionales
Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (Apuaye), uno de los
sindicatos que representa a los empleados de NA-SA, le envió al
subsecretario una respuesta donde cuestiona en duros términos como
se viene gestionando la empresa. La crítica principal es por la
decisión de haber puesto fondos propios para terminar la extensión
de vida de la Central Nuclear Embalse.
“No
entendemos su visión empresaria. Resulta ponderable que NA-SA cuente
con tarifas retributivas que le permitan cumplir con su rol en forma
sustentable, logrando como empresa estatal no depender del Estado
Nacional para desarrollar sus objetivos. Pero consideramos equivocado
participar con fondos propios en el PEV de Embalse. La importancia de
la tarea ameritaba que el accionista -Estado Nacional- como en
cualquier empresa, completara el financiamiento de las inversiones
necesarias que realizó desde su comienzo”, dice el texto firmado
por el ingeniero Jorge Arias, presidente de Apuaye, y Héctor Coacci,
tesorero de la entidad.
La
asociación profesional sostiene que fue esa decisión, como el
propio Gadano también reconoce, la que sumergió a la empresa en una
situación financiera difícil. “Fueron derivados a otros fines
fondos que deben estar asignados con carácter prioritario a cubrir
en forma adecuada todos los gastos inherentes a la generación
nucleoeléctrica y a cumplir en tiempo y forma con las obligaciones
vigentes con el personal que representamos”, remarca Apuaye.
Con
respecto al supuesto abuso de los beneficios otorgados en los
Convenios Colectivos, Apuaye responde que “que los convenios
colectivos de trabajo vigentes en toda empresa no son impuestos por
las organizaciones sindicales sino que son producto de un acuerdo de
partes. Esto significa que no son consecuencia de la actitud de
algunos trasnochados sino de las máximas autoridades tanto de la
empresa como de los gremios, con la participación del Ministerio de
Trabajo de la Nación”.
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