por Darío Aranda
Primero fue el oro. También la plata y el estaño. Y más tarde el caucho. La madera, el petróleo y, más reciente, los transgénicos. Desde hace una década tomó fuerza un nuevo objeto de deseo, codicia y saqueo: el litio. “Recurso natural” lo llaman empresas y políticos. “Recurso estratégico” los académicos progresistas que convocan a “exprimirlo”. Pueblos indígenas resumen: “Litio para hoy, hambre para mañana”.
¿Oro blanco?
El litio es un
mineral esencial para las baterías de autos eléctricos,
computadoras y teléfonos que ascendió en uso y precio en las
últimas décadas. Las empresas tecnológicas y automotrices son sus
principales demandantes. Y las mineras, las encargadas de la
explotación.
A diferencia de
la megaminería de oro, plata y plomo, no requiere de enormes
agujeros en las montañas (los conocidos “open pit”) y
gigantescos dique de colas (basureros mineros de hasta cientos de
metros de profundidad y decenas de hectáreas de superficie). Pero
tiene el común el uso de enormes cantidades de agua y sustancias
químicas contaminantes. Otro punto en contra: el mercado está
dominado por grandes multinacionales del primer mundo y la
explotación, como siempre, se realiza en su mayoría en países
periféricos, dependientes.
El comienzo de la
minería de litio a gran escala en Argentina fue en 1998, con el
proyecto minero de litio Fénix, en el Salar del Hombre Muerto,
Antofagasta de la Sierra (Catamarca), en manos de la multinacional
FMC Lithium.
A partir de fines
de la década de 2000 comenzó una nueva etapa, con mayor llegada de
empresas internacionales y políticas activas del kirchnerismo (y los
gobiernos provinciales). La publicidad corporativa, y los gobiernos,
llaman “triángulo del litio” a la región de la puna de
Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más del 80 por ciento del
litio del mundo.
Jujuy cuenta con
dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a
nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía
y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre
(Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de
Minera Exar (de la canadiense Lithium Americas Corp, aunque parte de
sus acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en
Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de
comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta
libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos
indígenas. Ambos gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el
actual Gerardo Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores
lobistas de las mineras y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo
promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca,
afirmó que la provincia será “líder” en la producción de
litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
El 1º de marzo pasado, en su discurso en el Congreso Nacional,
celebró: “El mundo habla del litio y tenemos en Catamarca, Salta y
Jujuy enormes reservas”.
Pueblo Kolla
Uno de los
lugares donde se encuentra el litio es en los salares, esas extensas
planicies blancas que suelen ser también espacio de turistas.
Desde hace diez
años, los gobiernos de Jujuy y Salta ofrecen a todas las ferias
mineras la región de Salinas Grandes, lugar de trabajo, historia,
cultura y vida de los pueblos indígenas. Y, también desde hace
diez, comenzó la organización y lucha de los pueblos originarios
para rechazar la actividad.
Un logro
histórico fue la conformación de la Mesa de Pueblos Originarios de
la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, integrada por decenas de
comunidades. Exigen que se respete la Constitución Nacional, el
Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas (ONU)
sobre Pueblos Indígenas: para cualquier actividad que pueda
afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos originarios. Recurrieron a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para que se cumplan los derechos indígenas.
Pero el máximo tribunal dio la espalda a las comunidades y envió la
causa a los tribunales provinciales. La causa tramita en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El asedio de las
mineras tuvo una escalada con el gobernador Gerardo Morales. El 4 de
enero informó la licitación pública minera de áreas de Salinas
Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama, 35.000 hectáreas. “Se
busca incrementar la producción de litio en la provincia”, explicó
Carlos Oehler, presidente de la empresa estatal Jujuy Energía y
Minería (Jemse). Y advirtió: “Tener hecha una evaluación sobre
los yacimientos permitirá saber efectivamente si pueden
transformarse en áreas productoras. De concretarse, posicionaría a
esta provincia en un lugar privilegiado a nivel nacional”.
En los pliegos de
licitación, que violan los derechos indígenas por no haber
respetado la legislación nacional e internacional, figuran artículos
que se burlan de los afectados: “Jujuy exige una relación
altamente respetuosa con las comunidades originarias, y las empresas
deben tener la predisposición de integrarlos en el proyecto desde el
inicio”.
Organización y
acción
Las comunidades
indígenas de Jujuy se enteraron por los medios de comunicación de
la nueva avanzada minera. Muchas de ellas nucleadas en la
organización Mesa de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
Reunidas en asamblea, ratificaron el rechazo a la minería y
exigieron el respeto a los derechos indígenas.
A inicios de
febrero, el Pueblo Kolla se movilizó en los ingresos a las Salinas
Grandes, se mantuvieron en asamblea permanente y realizaron cortes
informativos en la Ruta Nacional 52. Llegaron hasta el área donde
exploraba la empresa Ekekos S.A.-AIS Resources Limited. Lograron que
los operarios de la minera se retiren del lugar y la compañía
paralice sus actividades. “Logro histórico del Pueblo Kolla. Que
sepa el gobierno de Gerardo Morales que vamos a impedir cualquier
otro proyecto de megaminería y/o de litio en la Cuenca de Salinas
Grandes, que es territorio sagrado de los pueblos originarios”,
alertaron las comunidades en un comunicado del 8 de febrero.
Denunciaron que
el gobierno provincial manipula el derecho a la consulta, presiona a
referentes indígenas y propone “mesas chicas” para “convencer”
dirigentes indígenas y lograr el visto bueno de la minería.El
comunicado finaliza: “La vida y el agua valen más que el litio”.
San Luis y
Córdoba
Las asambleas y
organizaciones sociales de San Luis lograron en 2008 una ley que que
prohíbe el uso de sustancias tóxicas en minería. Sin embargo, en
2011 y 2015 hubo intentos de empresas de radicarse y, paso posterior,
modificar la ley. Es lo mismo que sucedió este verano, cuando desde
la Red Ambiental y Social (que reúne a varias organizaciones de la
provincia) se enteraron de que las mineras Latin Resources (Canadá)
y Dark Horse Resources (Australia) están presentes en San Luis.
Cecilia
Sustersic, de la Red Ambiental y Social, precisó que la minera
canadiense publicita que cuenta con 120.000 hectáreas en la
provincia. Recordó que San Luis es una provincia semiárida, con
ecosistemas muy frágiles y las mineras utilizan enormes cantidades
de agua. “Las mineras ponen en riesgo la vida misma. No vamos a
permitirles a estas empresas que vengan a llevarse un mineral
estratégico que es para alimentar el consumo mundial que nos lleva
al abismo como humanidad”, afirmó Sustersic.
Durante enero
realizaron encuentros, movilizaciones y cortes de ruta informativos
en rechazo a la actividad.
En la localidad
de Las Tapias, en Córdoba, los vecinos se enteraron por casualidad
(nunca un gobierno que informe a la población) de la presencia de la
minera Dark Horse, para explorar en busca de litio. La provincia, que
acumula luchas contra la megaminería (en 2008 lograron una ley que
la prohíbe), contra las fumigaciones y en defensa del monte nativo,
de inmediato comenzó a movilizarse impulsada por el Foro Ambiental
de Traslasierra.
Asambleas,
marchas, jornadas informativas y cuestionamientos a los funcionarios
que abren la puerta a las mineras a espaldas de la población.
Lograron que el Concejo Deliberante de Las Tapias apruebe una
ordenanza que prohíbe la minería. Primer triunfo. Pero no se
quedaron con eso. “Es un un gran avance, pero no es suficiente”,
explicó Marc Bohl, del Foro Ambiental, que señaló la posibilidad
de que el intendente (actual o por venir) vete la ordenanza o que el
gobierno provincial o el Poder Judicial den luz verde a la minería.
Continúan con la
campaña informativa y recolección de firmas para interpelar al
gobernador Juan Schiaretti y a la Legislatura provincial. Exigen que
se cierren los expedientes de la empresa, que la ley explicite que
prohíbe toda minería metalífera y que se retire la empresa.
“Exprimir el
recurso”
Existen
intelectuales e investigadores que apoyan el modelo extractivo y no
reparan, minimizan o no les importan sus consecuencias. En la
explotación de litio tuvieron amplios espacios periodísticos
Victoria Flexer (química que impulsa el desarrollo de litio
financiada por YPF, el gobierno de Jujuy y el Conicet) y Ernesto
Calvo (de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y Conicet), que
difunde una técnica de extracción que sería menos perjudicial al
ambiente.
También existen
casos más solapados, y peligrosos, con un discurso de “desarrollo
nacional”, desde el progresismo y la izquierda. Uno de ellos es el
llamado “Grupo de estudios en geopolítica y bienes naturales”,
integrado por Bruno Fornillo, Florencia Puente, Ariel Slipak, Julián
Zícari, Melisa Argento, Gustavo Romeo, Santiago Urrutia Reveco,
Martina Gamba y Elaine Santos. Tienen diálogo con académicos
críticos, algunos de ellos visitan las comunidades en lucha y hasta
se presentan como “militantes” o “compañeros” de las
asambleas socioambientales. Se consideran a sí mismos, dentro del
mundillo académico, la “izquierda” del tema litio.
Publicaron en
2015 el libro “Geopolítica del litio”, como parte de la
“Colección Chico Mendes” de la Editorial El Colectivo. “Es
innegable que no se puede perder la oportunidad que se nos presenta:
lograr exprimir hasta sus últimas consecuencias un bien natural (el
litio) que es central para la sociedad del posdesarrollo que viene”,
afirma en la página 87 Bruno Fornillo, coordinador del libro y
referente del grupo.
Fornillo, porteño
que suele presentarse como “doctor en ciencias sociales por la UBA
y en geopolítica por la Universidad de París”, es también
historiador, pero no vincula el saqueo de recursos naturales (lo
llama “bienes comunes”) con la dependencia de cinco siglos de
América. En su artículo “Del salar a la batería” insiste una y
otra vez en lo importante del litio y plantea la ilusión de
“fabricar baterías” como camino al desarrollo de la Argentina.
Fornillo
reivindica el “desarrollo” de Ernesto Calvo para “extraer el
litio con una muy baja utilización de agua”. En dos apartados de
su libro remite al debate necesario de todos los “actores
involucrados”, pero nunca incluye a los pueblos indígenas, que
viven en los territorios que el académico propone “exprimir”.
En su artículo
no aparecen las palabras “indígenas” ni “pueblos originarios”.
Sí señala que el litio, y las baterías, posibilitarían “una
transición energética verde y limpia”.
Ariel Slipak es
uno de los coautores. También porteño, licenciado en economía,
becario del Conicet, avisa que se siente más cómodo como se
identifica en su cuenta de Twitter: militante de la organización
social Marabunta y secretario gremial de la Asociación Gremial
Docente (AGD-UBA).
El 21 de
septiembre de 2018 participó de la charla “¿Boom del litio?
Realidad y debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en
Buenos Aires, junto a Florencia Puente, del mismo grupo de
académicos. Slipak consideró que la falta de recursos económicos
lleva a las provincias, y también a las universidades, a buscar
dinero del sector privado, mirada que minimiza las responsabilidades
extractivas de gobiernos y universidades. “Desde políticas
neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con eso se hagan
políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”, lamentó
Slipak, y señaló a Chile, que de la mano de “los Chicago boys”,
tiene una “muy importante” apropiación de renta por parte del
Estado. Sobre todo, señaló como ejemplo a seguir “el modelo
boliviano”, donde, dijo, se estatizó “el recurso y se intervino
en toda la cadena de valor”. Afirmó que existe fiscalización para
que sea “menos contaminante” y también reivindicó al científico
de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, para poder explotar litio y
que “sea menos contaminante”.
Slipak también
compartió una entrevista en Radio Con Vos con el gerente de Toyota,
Eduardo Kronberg. En un diálogo muy ameno, destacaron la importancia
del litio y hubo escasos cuestionamientos al rol de las
multinacionales. Volvió a insistir con seguir el (supuesto) camino
de Bolivia: “(Se requiere) un modelo estatal con participación
popular”. Políticos y empresas suelen disparar contra asambleas
socioambientales por decir “no” al extractivismo. Y de forma
despectiva suelen llamarlos “fundamentalistas”. Slipak se hizo
eco de ese término y tomó postura: “No estoy diciendo ‘litio
no’ de manera fundamentalista”.
En Salinas
Grandes no conocían del tenor de los escritos de Fornillo y Slipak.
Pero no les sorprendió el discurso pro-explotación: están
acostumbrados a los académicos extractivos y de doble discurso.
Clemente Flores, dirigente del Pueblo Kolla en lucha contra las
mineras de litio, fue tajante: “Slipak nunca vino a las Salinas.
Fornillo solo una vez, hace años. Ya les dijimos que no queremos
mineras pero insisten. Los académicos que dicen que se puede extraer
litio que sepan que eso mata a las comunidades”.
Falacias y
discurso colonial
Horacio Machado
Aráoz forma parte del muy reducido grupo de académicos que vive en
los territorios afectados por el extractivismo (Catamarca), camina
junto a las asambleas socioambientales (forma parte del Colectivo
Sumak Kawsay) y no teoriza desde escritorios de la ciudad.
Investigador del Conicet, en su tesis doctoral “Naturaleza mineral.
Una ecología política del colonialismo moderno”, analizó los
peligros y riesgos de la minería.
Asegura que hay
una “fiebre del litio”, como en su momento fue del oro, que tiene
como motor “un discurso colonial-desarrollista” que promete
mejoras a partir de la explotación de recursos naturales. “La
minería de litio se enmarca dentro de la misma matriz neoliberal de
los ’90, que en nuestra provincia tiene como referencia a Minera
Alumbrera en explotación de cobre y oro, y que comprarte rasgos
coloniales y de rapiña que es propio de la fase neoliberal
extractiva”, afirma Machado Áraoz.
Y alerta sobre
rasgos aun más graves, sobre todo por el discurso ambiental que
impulsa la explotación del litio, de “transición energética” y
de supuesta industrialización local. Afirma que “hay toda una
lectura reduccionista y sesgada” de quienes dicen que el único
problema es el cambio climático, que se va a resolver con una
“transición energética” cambiando la matriz de hidrocarburos
por energías limpias y renovables, donde estaría el litio. “Esos
discursos son sumamente peligroso porque contiene falacias montados
sobre un elemento indiscutible que es el calentamiento global y la
quema de hidrocarburos”.
Horacio Machado
cuestiona que esos académicos y organizaciones pro-litio no aborden
la insustentabilidad e injusticia energética estructural del modelo,
y que tampoco cuestionan el nivel de consumo de los países
centrales, elemento central de la crisis climática. “Es una
simplificación y una falacia plantear que se puede dejar todo igual
y que con la extracciones del litio se avanza en una transición de
una matriz energética que deje de quemar combustibles fósiles y
pasar a energías supuestamente verdes”, remarca.
Alerta que detrás
de un discurso ecologista de “transición energética” lo que se
hace es profundizar viejas posiciones de dependencia respecto de los
países más poderosos e industrializados. “Con el ‘boom’ del
litio nosotros estamos poniendo los territorios que subsidian la
transición energética de otras sociedades”, explica. También
llamó “falacia” y “ficción industrialista” creer que, a
diferencia del cobre o el oro, el litio se puede industrializar en
los países donde se extrae y transformar en batería. Recordó que
hay un control oligopólico de empresas transnacionales que impide
que los países de la región cumplan esa función. Sumado a la
histórica y conocida “división internacional del trabajo”, con
países dependientes-subordinados (proveedores de materias primas) y
países desarrollados que industrializan y agregan valor.
Chile y Bolivia
El Centro de
Documentación e Información de Bolivia (Cedib) tiene su sede en
Cochabamba y desde 1970 trabaja en problemáticas sociales y
ambientales. Jorge Campanini y Marco Antonio Gandarillas enviaron a
MU un detallado informe que aleja a Bolivia de ser un ejemplo a
seguir:
No existe información respecto a que el gobierno de Bolivia haya aplicado la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.
Hubo consulta pública (en agosto de 2018) respecto a la “Planta Industrial de Carbonato de Litio” de las salmueras del Salar de Uyuni. La mayor parte de las observaciones referentes a los impactos ambientales y sobre las fuentes de agua no fueron respondidas por las autoridades de Yacimiento de Litio Boliviano (YLB).
Las consultas públicas se realizaron como parte de un mero trámite de obtención de la licencia ambiental. No presentaron información rigurosa sobre los impactos ambientales potenciales.
El acceso a información en la explotación de litio ha sido y es muy restringido y la participación de instancias de fiscalización y control independientes es nula. A futuro se teme que las sociedades con actores transnacionales (en especial de China) se manejen de forma similar.
El litio no es parte de un modelo “sustentable ni de energías limpias”. Se teme por las fuentes de agua y la contaminación con agentes químicos. En el caso boliviano, la extracción se realiza sobre ecosistemas frágiles y altamente intervenidos, con serios problemas hídricos que afectan enormemente a las poblaciones locales, rurales y urbanas. No es sustentable convertir a toda una región en inhabitable, sin agua accesible.
En Bolivia no se industrializa el litio. Recién va a ponerse en marcha la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, la cual derivaría su producción a la obtención de hidróxido de litio y cloruro de litio, materia prima para la construcción de baterías (además existe una gran cantidad de materiales que están involucrados en la elaboración y que Bolivia no produce).
Las exportaciones de sales de litio y potasio, a escala piloto, son mínimas en comparación con las exportaciones de Chile y Argentina. Baterías, se hicieron solo a escala demostrativa, ninguna venta o producción relevante.
Bárbara Jerez
Heríquez es chilena, doctora en Estudios Latinoamericanos y en 2018
publicó el informe “Impacto socioambiental de la extracción de
litio en las cuencas de los salares altoandino del Cono Sur”, donde
analiza la situación de Chile, Bolivia y Argentina. Destaca que los
salares de Chile están “pagando un alto precio” ambiental, “un
desastre ecológico” por la explotación de litio, los niveles de
agua han descendido y las fiscalizaciones ambientales son muy
precarias. Las comunidades indígenas no fueron consultadas, incluso
en 2018 hubo una extendida huelga de hambre por esa violación de la
ley, y las empresas están atravesadas por la corrupción, con
financiamiento de campañas políticas incluidas (documentado por una
comisión de la Cámara de Diputados).
Recuerda que la
minería hace uso indiscriminado de agua y deja zonas contaminadas,
erosión, comunidades divididas y enfermedades (detectó que en las
zonas mineras se repiten altos índices de cáncer). “No genera
desarrollo. Genera mucha dependencia y sacrificio de economías
locales, desde la ganadería hasta el turismo”, afirma. Jerez
Heríquez aclara que el litio, cobre y cobalto son minerales
estratégicos “para la transición verde que plantean los países
industriales, como una alternativa funcional a su metabolismo de
acumulación, consumo y producción”.
Los países más
poderosos publicitan a las baterías de litio y los autos eléctricos
como parte de su combate contra la quema de combustibles fósiles.
Algunos académicos y periodistas repiten el discurso, pero no
cuestionan la demanda mundial de commodities y la devastación que
significa en las comunidades donde se explotan los territorios. “El
reemplazo tecnológico es una solución eco-técnica, un parche, que
significa profundizar el extractivismo. Se traslada la zona de
sacrificio a lugares más periféricos, replica las desigualdades
estructurales de siempre. No modifica la relación Norte-Sur, y los
efectos de la devastación ambiental lo pagamos las comunidades del
Sur”, afirma.
La investigadora
reclama debatir los estilos de vida de los países más poderosos.
Advierte que la presión extractiva por litio comienza en los
salares, pero luego va por los reservorios de roca (como San Luis y
Córdoba en Argentina, o regiones de Perú y México). “Es el
extractivismo de siempre, pero ahora con un relato colonial verde que
se ofrece como solución para luchar contra el cambio climático”,
resume.
Fuentes:
Darío Aranda, Litio para hoy, hambre para mañana, 21/03/19, Lavaca.
Dibujo por Chelo Candia, de la serie Un dibujo pordía contra la megaminería, el saqueo y la contaminación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario