Greenpeace
expresó su preocupación y solidaridad con las víctimas y las
comunidades afectadas y advirtió que las inundaciones que
actualmente sufren las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes se
deben a la destrucción de los bosques nativos, nuestra esponja
natural, por el avance de la frontera agropecuaria y al aumento de
las precipitaciones por el cambio climático.
“No es casual
que las provincias que concentran el 80 % de la deforestación en el
país -Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta- sean las más
afectadas por las inundaciones. Lamentablemente, esto continuará:
los campos son cada vez más permeables y no bastarán inversiones
millonarias para volver a restaurar el equilibrio del suelo”, dijo
Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace.
“La fragilidad ambiental propia de los suelos desmontados que
colapsan y las excesivas precipitaciones son el denominador común de
estas provincias, que además complican su situación al destruir de
manera ilegal bosques protegidos”, agregó la vocera.
Chaco es la
provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres
años, con un importante aumento de los desmontes ilegales: más de
la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la
Ley de Bosques (54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas).
Greenpeace denunció la complicidad entre el gobierno provincial y
grandes empresarios agropecuarios para deforestar en zonas prohibidas
por la normativa nacional, ya que se había autorizado de manera
irregular el desmonte en una superficie de más de 50 mil hectáreas.
Debido a la presión pública, el gobernador Domingo Peppo emitió en
enero el decreto 298/19 para derogar la normativa que permitía
autorizar desmontes sobre bosques nativos protegidos. Sin embargo,
Greenpeace detectó mediante imágenes satelitales que los desmontes
continuaron.
“Chaco soporta
en pocos meses recurrentes inundaciones. Pese a que la sociedad se
moviliza en defensa de los bosques, los desmontes ilegales ordenados
impunemente por el gobernador Peppo no se detienen. Un claro ejemplo
es el establecimiento Monterrey, pegado al Parque Nacional Copo,
donde ahora mismo se están arrasando más de dos mil hectáreas
protegidas por ley”, expresó Cruz. “Es necesario que se detengan
estos crímenes ambientales y también es necesario no perder de
vista quién es el responsable. En Chaco, emergencia hídrica
equivale a emergencia forestal”.
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