Sabrina
Ortiz y sus dos hijos tienen altas cantidades de glifosato en sangre,
constatadas por la Corte, y graves problemas de salud. Su denuncia
logró frenar las fumigaciones en Pergamino.
por
Gastón Rodríguez
Sabrina
Ortiz vive con custodia policial por decir la verdad. Esta semana, la
Corte Suprema de Justicia confirmó que el agua de Pergamino, donde
ella vive, está contaminada con 18 agroquímicos, de los cuales,
casi la mitad, son considerados cancerígenos. Desde 2011, la mujer
viene denunciando las fumigaciones en la zona que le provocaron la
pérdida de un embarazo, enfermaron a sus dos hijos y la obligaron a
dejar su casa. "Esto cambió mi vida. Me dejaron chaucha de soja
en mi auto, balearon a mi perro, me apretaron con barras bravas. Es
muy complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque la cadena
de complicidades es muy grande. Hasta los mismos médicos que te
atienden son productores. Los medios locales hicieron campaña contra
mí, tratándome de mentirosa, porque ellos responden a los intereses
de Monsanto. El agronegocio está en todas partes".
El
martes, el Máximo Tribunal ratificó que el agua de los barrios
Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida no es apta para consumo
humano. Los peritos de la Corte elaboraron el informe, luego de que
el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo de Carlos
Villafuerte Ruzo, ordenara suspender la aplicación de agroquímicos
en cuatro campos que rodean a esos tres barrios de Pergamino, donde
un grupo de vecinos denunció los problemas de salud provocados en
niños y adultos.
La
decisión de Villafuerte Ruzo se basó en un estudio de la Estación
Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) Balcarce, que determinó la presencia de
plaguicidas en las muestras de agua. El juez además exhortó al
municipio de Pergamino a que "de manera inmediata garantice en
los barrios Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida la provisión de
agua potable".
Lejos
de acatar el fallo, el intendente Javier Martínez, de Cambiemos,
sostuvo que "el agua tiene la calidad que indican los códigos
alimentarios" y juró que en su vivienda toma "agua de la
canilla". En paralelo, ordenó un nuevo análisis a la Autoridad
del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires que, si bien confirmó
la presencia de agrotóxicos en las muestras tomadas, aclaró que
"estaban por debajo de los parámetros que se consideran
riesgosos para la salud".
Frente
a este desacuerdo, se encomendó un nuevo estudio al equipo de
Toxicología de la Corte Suprema que, en coincidencia con el INTA
Balcarce, determinó que el agua está contaminada con 18 tipos de
agroquímicos y, por lo tanto, pone en riesgo la salud de las
personas.
"Cuando
yo salí -recuerda Sabrina- a cuestionar las fumigaciones y que no
había ningún control, nadie me escuchó. Fui a la Municipalidad, a
la Secretaría de Salud, hice la denuncia en la fiscalía provincial,
llamé a las radios locales, hice de todo para pedir que alguien nos
cuidara".
Era
2011 y Sabrina cursaba un embarazo de cinco meses. Durante el día,
el acostumbrado riego de agrotóxicos en los campos lindantes a su
casa de Villa Alicia le provocaba mareos, brotes en la piel y unas
contracciones que la convencieron de ir al médico. Esa misma noche,
perdió al que iba a ser su tercer hijo.
"El
médico cuenta me preguntó donde vivía, si tenía
campos alrededor, si estaba en contacto con las fumigaciones. Cuando
le conté que sí, me dijo que seguro había perdido el embarazo por
eso, pero no se animó a ponérmelo por escrito, ni a darme un
certificado. Me dijo que le podía traer problemas si lo hacía".
Harta
del silencio cómplice, en 2012 Sabrina fundó la Asamblea de la
Protección de la Vida y el Ambiente y empezó la carrera de Derecho
para "poder hacer algo con las herramientas jurídicas que hasta
ese momento no tenía". En 2017, ya recibida y matriculada como
abogada, Sabrina decidió acudir a la Justicia Federal.
"Me
constituí como querellante en causa propia para ver hasta dónde
llegaba el compromiso del juez, y la verdad es que resultó una
sorpresa. Trabajó muy bien y enseguida activó la causa".
La
denuncia de Sabrina, hoy al frente de la organización Madres de
Barrios Fumigados de Pergamino, derivó en el fallo de Villafuerte
Ruzo y, posteriormente, en el informe de la Corte que avaló que el
agua de la ciudad está contaminada.
Secuelas
"Hasta
que no se habló del agua, la gente no se despertó -relata Sabrina-.
Si se les habla de las fumigaciones, enseguida piensan que eso no les
va a llegar, pero el veneno no sólo está en el agua, está en el
aire, en todos lados. En unos años, todos los vecinos de Pergamino
van a tener los mismos niveles de glifosato en el cuerpo que tiene mi
familia".
A
los 34 años, Sabrina ya padeció dos ACV isquémicos, y tiene en el
cuerpo glifosato y lambdacialotrina (un insecticida de la marca
Syngenta) en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable. Su hija
de 18 años tiene niveles de glifosato cien veces más alto de lo
aconsejable para su peso. Su hijo menor, de apenas seis años,
ostenta el récord familiar: el nivel de glifosato que lleva en su
organismo es 120 veces más de lo inofensivo.
"En
mi caso, la lambdacialotrina es neurotóxica y ataca el sistema
nervioso. Combinada con glifosato es un cóctel fatal. Tengo
temblores en los brazos, de vez en cuando me trabo al hablar, y por
lo menos una vez por semana sufro una ceguera fugaz en un ojo. Son
las secuelas de las fumigaciones".
El
año pasado, Sabrina y su familia tuvieron que abandonar su casa de
toda la vida luego del ultimátum del equipo médico del Hospital
Austral, de Pilar: o se mudan o los problemas de salud de los chicos
van a empeorar.
"Nos
fuimos -cuenta con amargura- una noche de lluvia. Cargamos unas pocas
cosas en la camioneta de mi papá, mientras mi hijo más chico
lloraba. Era como si nos estuviésemos escapando, fue horrible. Por
el viento, el veneno se sentía más fuerte".
Monsanto
acumula condenas en Estados Unidos
Hasta
enero de este año, Monsanto, integrada a la multinacional Bayer,
tenía más de 11 mil denuncias, sólo en los Estados Unidos, por los
efectos del herbicida glifosato. En agosto del año pasado, los
jurados de un tribunal de California determinaron de manera unánime
que Monsanto actuó con "malicia", y que sus herbicidas
Roundup y Ranger Pro contribuyeron "sustancialmente" al
desarrollo de un cáncer terminal en el organismo del jardinero
Dewayne "Lee" Johnson. En una primera instancia, la
justicia ordenó a Monsanto pagar una suma de 287 millones de dólares
como compensación. Sin embargo, luego de que apelara la sentencia,
la cifra se redujo a unos 78 millones.
En
marzo de este año, la justicia norteamericana condenó nuevamente a
Monsanto, esta vez al pago de 80 millones de dólares a Edwin
Hardeman, de 70 años, quien acusó a la multinacional por haberle
provocado el cáncer que sufre tras haber aplicado durante años el
producto Roundup.
El
glifosato, que sigue acumulando denuncias en el mundo, es el
herbicida más usado en Argentina.
Negacionismo,
de Macri a Bergman
El
fallo que ordenó la suspensión inmediata de la aplicación de
plaguicidas tóxicos en campos que rodean tres barrios de Pergamino,
llegó una semana después de que el presidente Mauricio Macri
calificara de “absurda” la prohibición de fumigar cerca de
escuelas.
Durante
una visita a Gualeguaychú que tuvo como principal objetivo
apuntalar al candidato a gobernador del oficialismo, el radical
Atilio Benedetti, a la postre derrotado por el frente peronista, el
mandatario cuestionó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de
Entre Ríos que impide fumigar a una distancia de menos de 1000
metros terrestres y 3000 metros aéreos respecto de escuelas rurales,
calificándolo como “irresponsable”. "La ley de distancias
de fumigación vigente es absurda", enfatizó Macri y agregó
que "pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial
de la provincia". Claro, llamó "ley" a la sentencia
de un tribunal.
Desde
la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos de Entre Ríos
repudiaron los dichos del presidente y le recordaron que “nuestros
gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”, en referencia a la
hija menor de Macri.
Días
después, el secretario de Ambiente, Sergio Bergman, reforzó la
línea del gobierno durante el 25° Congreso de la Asociación
Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que nuclea a
los grandes pools sojeros y representantes de las compañías que
producen agrotóxicos. En su discurso, consideró que fumigar a 200
metros de poblaciones en el ámbito rural no supone problemas para la
salud.
Fuente:
Gastón Rodríguez, "Es complicado salir a contar cómo nos envenenan, porque el agronegocioestá en todas partes", 21 abril 2019, Tiempo Argentino.
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